Abril de 2020, transcurrió apenas un mes de la llegada de la COVID-19 a Cochabamba. Las personas no sabían a qué se enfrentaban y muchas desarrollaron una paranoia que se ensañó, sobre todo, con los que combatían el virus en primera línea, el personal de salud. Ese entonces, una médica de Cochabamba denunció entre lágrimas que sus vecinos de un céntrico edificio de la ciudad impedían su ingreso a su departamento, por temor a que les contagie.

Esta falta de apoyo social, la preocupación porque sus seres queridos contraigan COVID-19, los conflictos con los familiares de pacientes infectados con el virus, los cambios de funciones, la estigmatización e, inclusive, violencia por trabajar con contagiados con coronavirus, son algunas problemáticas que afrontó este personal.

Todos estos factores de riesgo afectaron su salud mental y propiciaron que Bolivia esté entre los dos países de la región con más funcionarios sanitarios con “ideación suicida”. En primer lugar se posesionó Chile, de acuerdo con un análisis del “estado de la salud mental de los equipos de salud que han realizado su trabajo durante la pandemia de COVID-19 en la Región de las Américas”, realizado entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el equipo del estudio The COVID-19 Health Care Workers Study (Heroes).

“A pesar de que los resultados referidos para Bolivia son por demás preocupantes”, el exjefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES) e investigador en Instituto de Investigaciones Biomédicas e Investigación Social en Medicina de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Yercin Mamani, lamentó que no haya eco en las autoridades nacionales en salud.

Desde la casa superior de estudios de Cochabamba plantearon la generación de “investigaciones locales que permitan una mejor comprensión del comportamiento clínico y epidemiológico de la salud mental del personal de salud”.

Un parámetro que se debe tomar en cuenta –y es posiblemente causal de esta situación- es la inestabilidad laboral que hay en este segmento.

Mamani recordó que a mediados de la primera ola de COVID-19 inició con la contratación de personal temporal por el lapso de tres meses y su recontratación fue periódica, “sin embargo hasta la fecha estos no pudieron ser consolidados como ítems de nueva creación, a pesar de que en diciembre de 2020 se aprobó una ley nacional que estableció un presupuesto del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) para salud”. 

Son esos factores contextuales, en el caso de Cochabamba, por ejemplo, que incidieron más en la salud mental de los médicos locales, en comparación con sus homólogos de otros países de la región.

A través de ese estudio, Mamani dijo que se tendrá un sustento técnico para la generación de estrategias, planes de contención y políticas de salud que permitan minimizar los efectos a largo plazo.

ANÁLISIS

Añadió que estos hallazgos de la investigación internacional deben llamar a la reflexión a las autoridades, “debido a que refleja de manera alarmante que al menos uno de cada 10 trabajadores en salud presentaron pensamientos de ideación suicida durante la pandemia de la COVID-19 en nuestro país”.

Mamani remarcó, además, que la sospecha de depresión en los participantes de Bolivia fue la más alta de Latinoamérica: 29% a 36%; seguido de Chile 22% a 29%.

SITUACIÓN

Mamani lamentó que los esfuerzos de ampliar la capacidad de respuesta hospitalaria, promovidos en el caso de Cochabamba desde la Sala Situacional, fueron vanos.

Si bien impulsaron estrategias que incluían la ampliación física de los ambientes, tanto en el sistema público como en la seguridad social; la reconversión de servicios, la implementación de vigilancia comunitaria activa, entre otras; “lamentablemente no se acompañaban de un incremento en el número de personal de salud de manera permanente”.