Tras más de seis años sin solución ante el denominado "Puente Caído" de la avenida Independencia, en el sur de la ciudad de Cochabamba, la Alcaldía reenvía una consulta a la Contraloría General del Estado (CGE) para saber si puede o no reponer esa plataforma y darle funcionalidad, según informó el secretario General Henry Rico.

El tema hace referencia al paso a desnivel de la avenida Independencia y 6 de Agosto. El proceso es en contra del exalcalde del Movimiento Al Socialismo (MAS) Edwin Castellanos (autoridad entre 2010 y 2015), además de otras exautoridades, técnicos y responsables de la constructora.

Esta obra fue inaugurada el 19 de diciembre de 2014, cuando Castellanos ejercía como alcalde; y el puente colapsó el 22 de octubre de 2015. El proyecto fue adjudicado a la empresa Álvarez por un contrato de excepción, después que dos licitaciones se declararan desiertas. Demandó una inversión de casi 11.7 millones de bolivianos.

Pasaron más de seis años desde que colapsó el paso a desnivel; no fue repuesto, y el juicio oral por el caso se postergó hasta agosto, porque de los siete acusados, tres ofrecieron resarcir daños y plantearon acogerse a la justicia restaurativa; y esa propuesta debe ser analizada.

INFRAESTRUCTURA

Consultado sobre la posibilidad o no de reponer la plataforma del paso a desnivel en tanto no se resuelva el proceso, el Secretario General de la Alcaldía expresó que existen propuestas para la reposición y que una de esas es de la misma empresa constructora.

Sin embargo, surgen las dudas de si luego de la reposición, la Alcaldía debiera o no cobrar los más de 11 millones de bolivianos, que costó el puente, a la empresa o a los imputados.

Informó que, ante esta interrogante, la Alcaldía ya hizo la consulta a la Contraloría.

“Eso se ha enviado como hace 30 días. Lo estamos reenviando en el curso de hoy (por jueves) por instrucción del propio Alcalde”, dijo Rico.

Agregó, como otra opción posible, que la misma Alcaldía podría reponer la estructura. Pero, también existe la interrogante de cómo se actuaría más adelante.

“Si se hace esa reposición, de uno u otro modo, ¿en qué queda el juicio, la recuperación de esos recursos?”, sostuvo.

Aguardan la respuesta de la Contraloría.

EL JUICIO

El exalcalde Castellanos, un responsable de la empresa constructora y el supervisor de la obra más plantearon resarcir daños y pretenden someterse a la justicia restaurativa, según el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).

El 30 de marzo se instaló el juicio oral en torno al caso. Sin embargo, fue suspendido ante el planteamiento de tres de los siete implicados en el proceso. La nueva fecha establecida por la Jueza de Sentencia Número 3 es el 5 de agosto de 2022.

Estos tres, de los siete implicados en el caso, informaron a la autoridad jurisdiccional que presentaron en memoriales ante el Viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional solicitando someterse al programa de justicia restaurativa, en el marco de la Ley 1390, y su protocolo.

De acuerdo con la normativa, el Viceministerio es la instancia que determinará la viabilidad o no de la solicitud presentada por los acusados.

Este tema determinó que la Jueza suspenda la audiencia de juicio oral en función del cronograma de audiencias ya agendadas y en espera de que el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción pueda emitir su pronunciamiento.

Al respecto, Rico expresó que con la Ley 1390 existe un tratamiento especial.

Aclaró que lo que le interesa a la Alcaldía cochabambina es recuperar el daño económico que se generó, de acuerdo con informes de la Contraloría.

“Esa recuperación de recursos es lo más importante, y sobrepasa los 11 millones de bolivianos”.

Hizo referencia a que la justicia restaurativa se aplicaría en caso en los que el daño económico al Estado no supere los 7 millones de bolivianos.

“Si tres de ellos (acusados) se someten a ese programa de la justica restaurativa, ¿esos tres van a asumir los 11 millones?, ¿o están pensando prorratear entre los siete involucrados?, ¿qué ocurriría con los otros cuatro, si no aceptan? Son estos temas que en principio debe resolverlos el Ministerio de Justica”, sostuvo el Secretario General.

Aclaró que la postura oficial de la Alcaldía se conocerá una vez que reciban la respuesta de la autoridad jurisdiccional.

Desde su punto de vista, el resarcimiento del daño en un delito de orden económico que afecta los intereses del Estado, y no debería prescribir nunca.

“Es más, debería imponerse la sanción de tipo penal”, expresó.

La autoridad dijo que los delitos dentro del proceso del puente caído tiene como mínimo cuatro años de cárcel y como máximo ocho años.

Resaltó que en los temas referidos a las “salidas alternativas”, las condenas no deben superar los tres años.