Seis meses y una semana, es el tiempo que duró en el cargo el alcalde de Quillacollo Willy López, el tercero que cae en el año por presunta corrupción en ese municipio. 

Acusado de pedir coimas para adjudicar obras y de estar en un esquema de cuoteo de cargos en la Alcaldía, debe guardar detención domiciliaria sin derecho al trabajo, según lo dispuso la juez Ana María Sánchez.

En una audiencia que duró más de seis horas, con un cuarto intermedio de 20 minutos (que se extendió a casi dos horas y media), se conoció que la imputación del Ministerio Público le señala por los delitos de uso indebido de influencias y concusión.

Según testigos y coimputados en el denominado caso Audios, la construcción de un centro de salud en el Distrito 7 de Quillacollo fue adjudicada a una empresa con la que después se buscó rescindir contrato. Presuntamente, López digitó el cambio para favorecer a la constructora Genaro Toco. La exfuncionaria Blanca Rollano declaró que con esa adjudicación, el ahora exalcalde recibió 20.000 bolivianos de coima.

Pero ¿quién es Blanca Rollano? El abogado defensor, Marcelo Rollano (coincidencia de apellido), afirmó que es una exfuncionaria que declaró: “Inicié una relación amorosa con Eduardo Mérida por tres años (...). Lucio (Gómez, otro imputado) y Eduardo eran amigos”.

El defensor cuestionó que se dé valor a la declaración de la “amante del que presenta los audios (Mérida). El interés es obvio: quitarle la silla edil, porque antes, cuando (López) era concejal, ella no dijo nada”.

Las declaraciones del funcionario Jhonny Romero señalan que López convocó a una reunión en el Concejo para explicar la propuesta de una empresa que quería adjudicarse la obra. Antes, se había dado la instrucción de “actualizar” el proyecto para facilitar la resición de contrato con la primera firma.

La concejal Aydeé Mamani (MAS) declaró que los días sábado, Jayta, Osinaga, Romero, el concejal Héctor Montaño y López se reunían en las oficinas del Concejo para tratar la adjudicación de obras. Esto cuando el exalcalde era concejal.

Gerson Escalera, exdirector de Recursos Humanos, señaló que López llamaba constantemente por el cuoteo de cargos, ya que incluso había una planilla con los nombres para cada ítem y a cuál miembro de la cúpula le correspondía esa cuota de poder.

Se conoce que el denominado Grupo de los Ocho, como se denominaba a los investigados, tenía definida una escala para repartirse las coimas: para el Alcalde, 50%; para el presidente del Concejo, 40%; para las Direcciones, 9% y para los funcionarios de bajo rango el 1%.

Con esos antecedentes, el Ministerio Público sustentó su imputación contra López.

“Son declaraciones mentirosas e interesadas”, insistió el defensor. Presentó pruebas de que el centro de salud del Distrito 7 no está entre las obras que se adjudicaron a la empresa Genaro Toco (según el Sistema de Contrataciones Estatales). También cuestionó al Ministerio Público por basarse en declaraciones y no tener elementos que demuestren la autoría. Puso como ejemplo que se involucra a su defendido en el caso Audios arguyendo que hay una transcripción que lo alude, pero no se la presenta. Anunció que apelará.

Además de la detención domiciliaria, López debe pagar una fianza de 50.000 bolivianos, presentar arraigo y tiene prohibido contactarse con testigos e implicados. La juez le preguntó si entendía la importancia de cumplir con esa disposición y le advirtió que, de no hacerlo, se le podría dar detención preventiva. Precisamente la probabilidad de que obstaculice la investigación llevó a la juez a determinar la detención domiciliaria.

DOS CASOS AUDIOS A denuncia de Mérida, quien presentó los audios en enero de 2019, se investigó la participación del exalcalde Zacarías Jayta; del expresidente del Concejo, Víctor Osinaga; del exsecretario general, Grover Corrales; de López como concejal por el Frente Para la Victoria (FPV), y de otros funcionarios en un esquema de cobro a empresas para adjudicarles obras ediles.

Las declaraciones señalan que una obra se adjudicó para que, con la coima recibida, se pueda contratar a la pandilla Los Gigolós como grupo de choque para evitar que Mérida tome de nuevo posesión.

En agosto, fueron difundidos nuevos audios que destaparon más casos de corrupción en Quillacollo. Esta vez involucraron también al exdiputado del MAS, Lucio Gómez, señalado como la persona que digitaba las crisis municipales en esa ciudad. Actualmente, tiene detención domiciliaria y recientemente, en una audiencia, le denegaron el derecho al trabajo.

Desde febrero, tres alcaldes de Quillacollo dejaron el cargo debido a sus vínculos con casos de corrupción. Zacarías Jayta, quien suplió a Mérida, fue removido de la silla edil el primer día de ese mes. Lo sustituyó Antonio Montaño, quien fue suspendido en junio, mismo mes en que se posesionó a López.

Salida de López deja parado al municipio

El presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, René Fernández, anticipó un nuevo periodo de crisis tras la salida del exalcalde Willy López porque, al no poder ejercer el cargo, no hay firma autorizada para el normal funcionamiento administrativo. Puso como ejemplo que los funcionarios aguardan el pago del aguinaldo, que debe hacerse hasta el 20 de diciembre, pero tramitar la firma autorizada del próximo alcalde tomará al menos dos meses y mientras tanto no se puede hacer ningún desembolso. Dijo que se prevé que en la sesión de hoy el Concejo elija alcalde. 

Funcionarios afirman que se baraja el nombre de Héctor Montaño (FPV).

Declaran rebelde al “mochilero” Aleluya

Israel Aleluya, a quien se referían como el “mochilero” por estar presuntamente encargado de cobrar las coimas en las empresas adjudicatarias de obras, fue declarado rebelde por no presentarse ayer a la audiencia de medidas cautelares junto al exalcalde de Quillacollo, Willy López.

Según las declaraciones de los testigos y coimputados, él recogía los montos que eran superiores al millón de bolivianos.

Pedro Barbery, defensor de oficio asignado, ante la ausencia del imputado, pidió a la juez Ana María Sánchez que determine lo que corresponda. La resolución señala que debe emitirse orden de captura,  hacer conocer por edicto la declaración de rebeldía e informar a la oficina regional de Migración.

Se supo que Aleluya era constructor en Vinto.