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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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Abogado criminal inicia juicio a periodistas; Justicia ve ilegalidad

Desde el Gobierno y la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba le recordaron que la Ley de Imprenta está vigente y la Constitución protege la libertad de prensa y expresión.
El abogado Jhasmani Torrico al ingresar a una de sus audiencias. ARCHIVO
El abogado Jhasmani T. al ingresar a una de sus audiencias. ARCHIVO
Abogado criminal inicia juicio a periodistas; Justicia ve ilegalidad

Jhasmani T., el abogado condenado a seis años y seis meses de prisión por secuestro y lesiones a un mecánico en Cochabamba ahora quiere llevar a la cárcel a periodistas del país acusándolos de difamación, calumnia e injuria.

Durante la jornada de este 22 de abril, al menos 13 medios de comunicación fueron notificados por el Juzgado de Sentencia Penal No. 9, a cargo de la jueza Sofía Almanza Camacho, que dio curso a la demanda preparatoria de juicio penal contra periodistas de campo, editores y directores de medios de comunicación de Bolivia.

La instrucción de la autoridad judicial es para entregar todo lo publicado sobre Jhasmani T., acusado por varios casos. 

Ante la anunciada acción, se pronunciaron desde el Ministerio de Justicia y la Federación de Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC).

"Ante el anuncio de un juicio penal contra periodistas por parte del abogado sentenciado por secuestro y torturas Jhasmani Torrico, el @MinJusticiaBol recuerda que la Ley de Imprenta de 1925 está vigente y que la libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución", dice el comunicado de la cartera de Estado publicado en Twitter.

Entre tanto el ente sindical de la prensa emitió un pronunciamiento rechazando el proceso y pidiendo la revisión de la medida dispuesta por Almanza.

La FSTPC recordó a la jueza que está vigente la Ley de Imprenta que es la jurisdicción que compete para juzgar a periodistas acusados de cometer supuestos delitos de imprenta y la Constitución Política del Estado que en su artículo 106, inciso II, establece que ejercen su labor “mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.

EL PEDIDO

Jhasmani T. manifiesta que sus varios casos en la Justicia, nombra al menos siete, fueron ampliamente mediatizados por la prensa en notas de prensa que, señala, mellan su dignidad y exponen repetidamente aspectos de su vida personal, familiar y privado haciéndole "afirmaciones difamatorias, injuriosas" utilizando "calificativos peyorativos".

Dijo que se ve “obligado” a asumir acciones que la ley le faculta contra las personas que “a título de libertad de prensa únicamente se han dado a la tarea de desprestigiarme y atacarme públicamente".

Pide a la jueza que los medios de comunicación otorguen copias de todo lo publicado sobre él desde julio de 2018 hasta 2021, por lo que se da un plazo para entregar esa información que básicamente se relaciona a nombres completos de periodistas de planta, editores, directores y toda persona que tuvo que ver con la edición y titulación de las notas.

Jhasmani T. fue condenado por el Tribunal de Sentencia número dos de Quillacollo a 6 años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable por el secuestro y lesiones en el caso del mecánico Juan Antonio Cuéllar. La sentencia se cumple en el penal de San Sebastián varones.

El juicio oral por el “caso mecánico” comenzó el 17 de noviembre de 2020 y se dictó sentencia condenatoria el 25 de febrero de 2021.

Según los antecedentes, el 16 de marzo de 2018, tres hombres llegaron al taller de Juan Antonio Cuéllar pidiendo auxilio para una movilidad varada a unas cuadras. El mecánico sacó sus herramientas y subió a un taxi hasta llegar a un Toyota RAV4 que tenía el capó abierto, donde lo redujeron, le hicieron toques eléctricos y le vendaron los ojos para llevarlo hasta un inmueble donde lo torturaron sumergiéndole la cabeza en un bañador con agua y a golpes. 

Cuéllar fue obligado a firmar un documento en el que admitía la devolución de 20 mil dólares por un anticrético. Para ello, le tomaron fotografías contando billetes, junto a los dueños de la propiedad, pero no recibió ni un dólar.