Para que el alcalde José María Leyes y otras seis personas involucradas en el caso Mochilas I vayan a juicio oral deben resolverse 11 recursos pendientes desde 2018. Se trata de nueve incidentes y dos excepciones, de acuerdo al informe que recepcionó el Tribunal de Sentencia No. 7 de la Capital, el 15 de julio de 2019.

Del total de los recursos pendientes, al menos siete fueron interpuestos por la defensa de Leyes. Los abogados del Alcalde, en varias ocasiones, indicaron que recurren a la presentación de incidentes, excepciones y apelaciones debido a que consideran la vulneración de los derechos y porque las autoridades judiciales realizaron una valoración “defectuosa”.

Sin embargo, Faridy Arnez, fiscal asignada al caso, señaló que se trata de actos “dilatorios”, es decir, que la defensa de Leyes pretende obstaculizar el desarrollo del proceso.

El representante del viceministerio de Transparencia en Cochabamba, Ever Veizaga, coincidió con la fiscal y dijo que la intención es extender la tramitación del juicio oral. Advirtió que podría recurrirse a impugnaciones y prolongar esa etapa.

Acotó que el juicio comenzaría en unos tres o cuatro meses, si se sigue los procedimientos sin “obstaculización”. Explicó que los recursos pendientes tendrían que resolverse en un mes y que el trámite para el juicio demoraría entre 45 y 60 días.

Algunos abogados presumen que el juicio oral podría iniciar en un año e incluso más.

PENDIENTES Una excepción y seis incidentes fueron planteados por la defensa del Alcalde. Se trata de una presunta falta de legitimación activa por actividad procesal defectuosa, por una citación irregular, por negativa de enviar custodios, por exclusión probatoria de violación de derechos y garantías, por solicitud consecuente de nulidad de obrados por defecto absoluto insubsanable y una excepción de previo y especial pronunciamiento.

En tanto, René Juan de Dios Morales, importador de las mochilas, solicitó la nulidad del mandamiento de aprehensión. Con su esposa también interpusieron una excepción de prejudicialidad.

Asimismo, la exjefa de Contrataciones, solicitó la nulidad de notificación. También la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Humano, impugnó el sobreseimiento en favor de cinco funcionarios y un particular.