“Cuando trabajamos estamos prácticamente a 20 o 25 centímetros de distancia con los pacientes. No queremos que se vean desatendidos ni olvidados, pero no podemos atenderlos con normalidad si no tenemos los equipos adecuados”, dice el odontólogo Juan Jiménez –con un tono de voz que denota preocupación y hasta miedo-.

Él trabaja en el centro de salud Villa María, dependiente del hospital de Villa Moderna de Quillacollo y es representante en el Sindicato de Ramas Médicas de la Salud (Sirmes) de Cochabamba.

Juan Jiménez tiene que atender a las personas que llegan al consultorio del centro con algún problema dental catalogado como “emergencia” y “urgencia” y que requiere tratamiento inmediato. Así como él, hay 350 dentistas que trabajan en el sistema público de salud dependiente del SEDES y de los gobiernos municipales que contratan a los profesionales en las diferentes provincias de Cochabamba.

El problema es que, ambas instancias encargadas de la salud, no les entregan los Equipos de Protección Individual (EPI) para que se protejan de un posible contagio, en caso de que alguno de sus pacientes esté enfermo de Covid-19. Esta falta de material protector les impide desarrollar su trabajo con las garantías de mínimas de seguridad.

“Esta es la realidad que vivimos cada día –dice Jiménez–, a excepción de los colegas de Aiquile y Mizque, donde las autoridades municipales les han dotado de todos los insumos de protección sanitaria”.

Ante este riesgo, el Colegio de Odontólogos de Cochabamba (COC) y Sirmes entregaron una carta al SEDES, solicitando la atención inmediata a este sector –que asegura que son víctimas de discriminación- con la dotación de los EPIs.

Gonzalo Rivera, presidente del COC, exhortó a las autoridades del SEDES y de los diferentes municipios que se reconozca el peligro potencial en que se encuentra este grupo de odontólogos.

Debido a la falta de dotación de los kits de protección sanitaria, la mayoría de los dentistas ha optado por comprar con sus propios recursos la indumentaria que los proteja. No obstante, como dice Jiménez –quien también se compra sus EPI–, “no es justo que tengamos que gastar nuestros recursos cubriendo una obligación de la Gobernación de Cochabamba y de los diferentes municipios”.