Opinión Bolivia

  • Diario Digital | lunes, 14 de octubre de 2019
  • Actualizado 01:58

JULIETA MONTAÑO, DE LA OFICINA JURÍDICA PARA LA MUJER, SE REUNIÓ CON LA ABOGADA DE LA CIDH ROSA CELORIO Y LE ENTREGÓ UNA EVALUACIÓN DE LO POSITIVO Y NEGATIVO DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA

La falta de voluntad y recursos evita que Ley 348 frene violencia

La falta de voluntad y recursos evita que Ley 348 frene violencia



Las pocas luces y las innumerables sombras de la aplicación de la Ley 348 “que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia”, fueron desnudadas en un documento preparado por la Oficina Jurídica para la Mujer que le fue entregado en Estados Unidos por su directora, Julieta Montaño, a la abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa Celorio.

La reunión privada con la Relatoría Especial de Mujeres se dio hace unas semanas y el documento entregado refleja los escasos efectos que tuvo la normativa en la vida de las mujeres, en relación al combate de la violencia, a dos años y 9 meses de su promulgación en Bolivia.

Entre los puntos positivos, Montaño hizo conocer que se avanzó con la creación de los juzgados y fiscalías especializadas, las fuerzas especiales de lucha contra la violencia (FELCV) dentro de la Policía, además de los servicios legales integrales municipales. Sin embargo, ninguna de estas instancias creadas cuenta con un presupuesto suficiente, “para hacer realidad lo precioso que está escrito en la Ley”.

A partir de la puesta en vigencia de la norma, hay una sobresaturación de casos, tanto en las fiscalías, como en los juzgados. A ello se suma la existencia de pocos investigadores en las FELCV. “Esa excesiva recarga de trabajo en estas instancias ha causado que la mayoría de las víctimas abandone sus denuncias y aunque la Ley dice que las Fiscalías deben continuar los casos de oficio, muchas veces los fiscales se ven impedidos de cumplir por razones ajenas a su voluntad”. Por ejemplo, decenas de caso se han ido abajo porque las víctimas no efectúan buenos croquis de sus domicilios, y al ser las calles de decenas de barrios innominadas y sin numeración, encontrarlas es casi imposible para notificarlas.

Esa falta de recursos humanos y de presupuestos, impiden que el Ministerio Público continúe con su labor y por ello, la sensación de impunidad va creciendo más y más en la población. Las mujeres, al no hallar respuesta inmediata a sus denuncias, optan por abandonar sus casos y se quedan con la certeza de que de nada sirve denunciar. Entre la sombras detectadas, se observó que existe demora en la adopción de medidas de protección previstas por ley, en favor de las mujeres y sus hijos. “Los fiscales se toman su tiempo para dictar estas medidas, esperan que el denunciado sea notificado y ponen en riesgo la vida e integridad de las víctimas”. Medidas como el alejamiento del agresor de la casa, la asistencia familiar y otras, demoran, pese a que deberían ser inmediatas, según la Ley 348.

El discurso machista en las altas esferas refuerza el maltrato por falta de políticas

Luchar contra la violencia hacia las mujeres no pasa solamente por capturar a los agresores y enviarlos a la cárcel. Se precisa transformar el pensamiento de la sociedad, pero lamentablemente no existe una política comunicacional de Estado que apunte a erradicar el maltrato.

“Si realmente queremos transformar las mentes, tiene que haber un bombardeo desde todo lugar, debemos hablar el mismo discurso todos desde el Presidente hasta el último ciudadano”. Esto es posible con una política comunicacional muy fuerte. Julieta Montaño asegura que si el Gobierno nos convenció de que el 90 por ciento de los bolivianos es indígena originario, para que en el Censo se responda de esa manera, “por qué no nos convencen con el mismo ímpetu de que es posible vivir sin violencia y de que la violencia es un crimen?”, cuestiona.

La directora de la Ofician Jurídica para la Mujer cree que existe un brillante equipo de comunicación en el Gobierno. “Nos hacen creer que vivimos como en Suiza y así los creemos en el imaginario colectivo porque el efecto de ese discurso es replicado desde todo lugar y por todos los medios de comunicación. Lo mismo tienen que hacer para desterrar de las mentes la violencia”. Y parte de esa política debe ser el cuidado que deben tener los gobernantes en sus discursos. “De nada me sirve a mí capacitar a policías en esta lucha, si los jefes de Estado siguen agrediendo a las mujeres con frases como la pruebita de amor, ese es un discurso patriarcal y machista que refuerza en el imaginario, el argumento de la violencia, en lugar de cuestionar, todos, esas perversas relaciones de poder”.

El Sippase no cumple su función y la agresión es invisibilizada

A casi tres años de la implementación de la Ley 348, no existen cifras oficiales sobre el número de feminicidios en Bolivia. Instituciones como el CIDEM, Observatorio Manuela, los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo y las fuerzas especiales de lucha contra la violencia brindan datos que varían demasiado entre unos y otros, lo que impide constatar la verdadera dimensión del problema de la violencia en el país.

Es más, la ausencia de datos fidedignos, permite que este flagelo sea invisibilizado y que el Estado no se vea obligado a adoptar políticas serias para combatirlo, reflexiona Julieta Montaño. De acuerdo a la Ley 348, es el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sippase), la instancia que debe aglutinar y difundir las cifras oficiales.

El Sippase debía cumplir esa función, “pero se ha convertido en una pequeña ONG (Organización No Gubernamental) dentro del Ministerio de Justicia que está a expensas de ver qué agencia de cooperación le da dinero para garantizar su funcionamiento, pues el Estado no le ha asignado un presupuesto”.

Montaño cuestionó el que la Ley 348, en el discurso, priorice la lucha contra la violencia hacia la mujer, pero en los hechos, la falta de un presupuesto estatal para todas las instancias encargadas de ello sea la muestra de lo que en realidad piensan del maltrato.

“De acuerdo a un último informe al Viceministerio de la Mujer, el Gobierno le asignó 19 mil dólares anuales para el funcionamiento. ¿Quién puede trabajar de verdad con esa suma?”, se pregunta la directora de la Oficina Jurídica para la Mujer. Todos estos aspectos, han sido descritos ante la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría pedir una ampliación de la información en las próximas semanas.