El informe defensorial devela que el Estado de cumplimiento de la Ley N° 348 a través de la instancia públicas del nivel central de Gobierno, como es el Ministerio de Educación que es el órgano rector de todo el Sistema Educativo Plurinacional, debe dar cumplimiento al mandato constitucional que determina: “La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos” (Artículo 79).

En ese entendido con la aprobación de la Ley N° 348 de 9 de marzo de 2013, el Ministerio de Educación tiene la obligación y responsabilidad de adoptar medidas para la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia que exige la creación en las Unidades Educativas de un centro de atención psicológica con especialidad obligatoria de violencia en convenio con Universidades Públicas o Privadas, para la atención psicológica de las y los estudiantes que viven en familias en situación de violencia.

Asimismo Garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan, de las hijas e hijos de mujeres en situación de violencia, si se produce un cambio de domicilio.

De la misma manera, elaborar reglamentos y un protocolo único para el tratamiento de denuncias de todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, mecanismos de protección y atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas.

En cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo al informe oficial, el Ministerio de Educación adoptó los siguientes mecanismos y acciones:

• Contratación de 11 abogados defensores para la sustanciación y seguimiento de procesos que desempeñan sus funciones en las Direcciones Departamentales de Educación. Si bien esta medida se asumió en el marco de los Decretos Supremos N° 1302 y N° 1320, el mecanismo también es utilizado para hacer seguimiento a los procesos en el marco de la Ley N° 348 que involucran a miembros de la comunidad educativa.

• Firma de un Convenio Interinstitucional con el Ministerio Público para articular mecanismos que permitan la protección y defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en el Sistema Educativo, y la investigación de hechos delictivos establecidos en la Ley N° 263 de Trata y Tráfico de Personas de 31 de julio de 2012, la Ley N° 348 de 9 de marzo de 2013, y el Decreto Supremo N° 1302 de 01 de agosto de 2012, modificado por el Decreto Supremo N° 1320 de 8 de agosto de 2012.

• Resolución Ministerial 001, aprobada al inicio de cada año y que rige la gestión educativa y escolar, el cual contempla:

• Transferencia obligada de estudiantes a otra Unidad Educativa garantizando el traslado a hijas e hijos de mujeres y hombres por cambio de domicilio, estudiantes en situación de violencia, acoso escolar y violencia sexual.

• Medidas no discriminatorias en la inscripción prohibiendo toda actitud y acciones en esa línea.

• Prohibición de suspensión y expulsión de estudiantes por retraso en pago de pensiones.

• Principios de equidad y reciprocidad promovidos en las unidades educativas del Sistema.

• Prohibición de la expulsión de estudiantes embarazadas: Resolución Ministerial N° 0656 de 24 de octubre de 2016 y Reglamento aprobado por Resolución Ministerial N° 2709/2017 de 17 de octubre de 2017 que establece: “garantizar el derecho a la educación de las estudiantes en periodos de embarazo pre y post parto para prevenir y eliminar toda forma de violencia y discriminación; flexibilidad y/o adaptaciones curriculares elaboradas por las y los maestros de acuerdo a licencias temporales.

• Aprobación del “Protocolo de Prevención y Atención de la Violencia Física, Psicológica y Sexual en las Unidades Educativas”, mediante Resolución Ministerial N° 2412 /2017, que prohíbe toda forma de violencia, maltrato y/o abuso en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa.

• Además de habilitar una línea gratuita: 80010050 para información y denuncias. La estadística de las denuncias la lleva la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación.

Estas acciones constituyen un avance significativo para erradicar

el problema de la violencia en razón de género en el ámbito

educativo.