Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 24 de enero de 2021
  • Actualizado 08:43

Los números rojos del Gobierno y el “desmontaje del modelo”

El partido dejó expuesta su división con miras a las subnacionales. Morales, ya en Bolivia, ha sido acusado de un “dedazo”.
El presidente del Estado, Luis Arce
El presidente del Estado, Luis Arce
Los números rojos del Gobierno y el “desmontaje del modelo”


Distante de un perfil mediático, de giras en canales de televisión y también cuidando de dirigir su gestión sin un vínculo directo con la figura de Evo Morales, Luis Arce está a punto de alcanzar los dos meses de un mandato “primerizo” enmarcado en las tareas principales de reactivar la demanda interna, cambiar el concepto vapuleado de la Justicia, retomar su modelo económico y luchar contra la pandemia.

Arce, que tomó las riendas del país el 8 de noviembre tras concentrar el 55.10% de los votos en los comicios generales con el Movimiento Al Socialismo (MAS), no ha ocultado los pilares en los que se apoya el primer trimestre de su mandato,  con la idea de la redistribución de ingresos y los bonos como mecanismos para incentivar el consumo, bajo el modelo económico social comunitario y productivo, según el propio Presidente se ha encargado de relatar que le ha dado frutos durante su desempeño como exministro de Economía. 

Tildado como el “heredero de Morales” por la BBC española debido a su pasado como alto funcionario del Ejecutivo del exdignatario, el Jefe de Estado tampoco ha evitado apuntar en contra de Jeanine Áñez para calificarla como funcional al modelo neoliberal y de haber dejado a la economía nacional en una situación crítica, como no se divisaba desde la hiperinflación registrada en 1980. 

Así, este Gobierno resolvió retomar los hilos del denominado modelo económico social comunitario y productivo y “desmontar” el anterior, de acuerdo con lo expresado por la ministra de la Presidencia, la cruceña María Nela Prada, conocida por su militancia temprana en la izquierda. 

Arce anunció la implementación del Bono Contra el Hambre (que prometió incluso antes de convertirse en Presidente y que comenzó a regir desde el 1 de diciembre con 1.000 bolivianos para los beneficiados) y la inversión pública, como la reanudación de obras del Tren Metropolitano de Cochabamba, como herramientas para la dinamización de la demanda interna y la actividad económica, de forma respectiva. 

Prada, la mano derecha de Arce, avisó sobre la contracción del 66% de la inversión pública, considerando que en 2019 se registraron 3.272 millones de dólares, mientras que a octubre de 2020 se ejecutaron 1.107 millones de la misma moneda.
 
Los números rojos brindados desde el oficialismo establecen, además, consideraciones con respecto a la deuda externa, la pobreza, el crecimiento de Bolivia y una “iliquidez” del Tesoro General de la Nación (TGN) para cumplir con los compromisos hasta el término de 2020. 

La Ministra aseveró que no solo la pandemia agudizó la crisis actual, sino también las gestiones llevadas adelante por Áñez y el paro cívico de los 21 días de 2019, lo que derivó en la renuncia de Morales y todo su gabinete.
  
“Veníamos creciendo a un promedio de 4.9%, lo que en noviembre de 2019 cayó al 2.85% producto de paros cívicos y malas decisión de políticas económicas. Al segundo trimestre de 2020 tenemos un decrecimiento del 11.11%”.
 
El exministro Branko Marinkovic, a un mes de cerrar sus labores, había señalado en octubre que el Estado contaba con 17 mil millones de bolivianos para afrontar las obligaciones del TGN. No tardó mucho el presente Gobierno en desmentir la suma, resaltando que el monto era de 3 mil millones “con una deuda flotante de alrededor de 1.500 millones de bolivianos”. 

“Nos referimos a cuentas por pagar que el Estado tiene obligación de cancelar en esta gestión, lo que significa que se dejó al TGN en estado de iliquidez para enfrentar las obligaciones hasta el final de la gestión. La recaudación tributaria y aduanera descendió de 47.865 millones de bolivianos en octubre de 2019 a 34.838 millones a octubre de 2020, lo que representa una caída del 27.2%”, simplificó Prada y completó con el dato de la deuda externa: se elevó al 30% en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). En este entendido, el Ejecutivo se encuentra en etapa de revisión del destino de los recursos a los que accedió Áñez. 

Una de las denuncias al respecto apunta a que, aparentemente, la exsenadora no habría dejado documentación con respecto a la asistencia financiera aprobada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 327 millones de dólares, por lo que el gabinete comprende que la normativa de endeudamiento no fue respetada. 

La misión principal que se autoencomendó Arce es la de reactivar la economía. El Bono Contra el Hambre, en este sentido, ha sido asumido como un “aliciente” por la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), que entiende que la acción será útil para la producción nacional. 

Otra de las iniciativas ha sido la de devolver el 5% en efectivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el propósito de “incentivar el consumo interno”.  Sobre ello, el analista de la materia Germán Molina resaltó que el fin último debería tender a la formalización paulatina de la economía. 

GRANDES FORTUNAS Ya en su campaña electoral, Arce presentó el impuesto a las grandes fortunas como una de las propuestas de su plan, con el afán de redistribuir los ingresos. El 10 de diciembre, Diputados aprobó el proyecto de Ley 033/2020-2021 y su tratamiento fue derivado posteriormente al Senado. 

El oficialismo calcula que alrededor de 150 personas gozan de un patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos, mismos que deberán pagar el impuesto. Lo harán en dos gestiones (2020 y 2021), exceptuando del cumplimiento a los empresarios, microempresarios y cooperativistas. Lo recaudado, que se estima alcanzará los 1.600 millones de bolivianos, será dirigido al TGN. 

El analista Alberto Bonadona considera que el presente no reúne los elementos adecuados como para que se impulse el impuesto, puesto que no existe un marco jurídico que contemple los derechos de propiedad y haga posible la distinción de las riquezas en el país. 

DECRETOS ENTERRADOS 

Parte del legado dejado por Áñez, que se resume en la serie de decretos supremos encauzados durante la etapa transitoria, ha sido “borrado” por Arce, que anunció la derogación de algunos que van desde las semillas transgénicas hasta las exportaciones. 

El Gobierno, a través de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó que el decreto de semillas transgénicas emitido durante el gobierno de Jeanine Añez sería abrogado para dar paso a una nueva normativa, todavía en evaluación. 

En mayo, la exdignataria interina firmó el Decreto Supremo 4232, mismo que permitía la simplificación de los procesos para la utilización de semillas genéticamente modificadas de maíz y trigo, entre otras. Este Gobierno se ha opuesto a ello y confirmó su anulación. El mismo camino siguieron los decretos 4272 (programa nacional de reactivación del empleo), 4198 (medidas tributarias de urgencia y temporales), 4211 (diferimiento temporal del impuesto arancelario a 0% para importación de mercancías), 4298 (incentivos tributarios), 4139 (incentivo a la agroindustria exportadora), 4181 (devolución de impuestos a las exportaciones) y 4339 (la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Bolivia, VUCEB). 

A entender del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, estos “atentaron” contra el país y propiciaron el beneficio de “grandes empresarios”. En total, Arce dio de baja un total de 13 decretos firmados por Áñez.

REFORMA JUDICIAL

Si bien la crisis económica y sanitaria resulta ser el foco prioritario, también lo es la institucionalidad e independencia del funcionamiento judicial. Al menos, en ello ha sido explícito el ministro de Justicia, Iván Lima, quien a los pocos días de haber asumido planteó la propuesta de que los jueces con mejores sentencias y logradas en menor tiempo podrán ser premiados. 

La reforma judicial es el punto fuerte al que se apunta. Por ello, el Gobierno pretende efectuar un referendo mediante el que la población pueda elegir las modificaciones y conocer sobre las propuestas. La primera tarea encarada para ese fin ha sido el nombramiento del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé como líder de una comisión de juristas abocada a la tarea.