Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 24 de enero de 2021
  • Actualizado 08:16

De la memoria del dolor a la detención domiciliaria de un general y protestas

El 15 de noviembre de 2020, familiares de caídos en Huayllani recordaron a sus muertos. Lo mismo sucedió en El Alto. La CIDH inició la investigación.

Familiares de las víctimas de Huayllani claman justicia. Dico Solís
Familiares de las víctimas de Huayllani claman justicia. Dico Solís
De la memoria del dolor a la detención domiciliaria de un general y protestas

Doce meses después del fatídico día que reflejó el deceso de 12 ciudadanos en Huayllani, Sacaba, en medio de los conflictos sociales registrados tras la renuncia de Evo Morales y durante el gobierno de Jeanine Áñez, los dolientes caminaron por el pasillo oscuro de los recuerdos y se reencontraron con el escenario trágico que significó la última bocanada de aire de los fallecidos. 

Sus retinas volvieron a llenarse con las memorias del dolor el 15 de noviembre de 2020, cuando el municipio cochabambino celebró el Cabo de Año (quita del luto) en honor a las víctimas con una misa, murales con los rostros de los extintos, abrazos de solidaridad incluso entre desconocidos y un clamor único: justicia por los muertos y por los más de 125 ciudadanos que resultaron heridos tras ser parte de las protestas postelectorales de 2019. 

“Cárcel para los culpables”, fue el pedido, con un dejo de exigencia dirigido hacia las autoridades de turno, ahora comandadas por el presidente Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

Ese día, fallecieron nueve personas. Una jornada después pereció otra, mientras que Julio Pinto, quien agonizó con un proyectil de fuego en la cabeza durante siete meses, dejó de existir en junio. Las intervenciones quirúrgicas por las que pasó desgastaron su cuerpo. El hombre, de 51 años, no resistió. 

Las 12 apachetas que descansan en el puente de Huayllani, el punto álgido de los conflictos, continúan siendo veneradas por los dolientes, que suelen dejar flores, en señal de ausencia de olvido. 

Un escenario similar se vivió en Senkata, el otro espacio convulsionado hace 12 meses. El homenaje a los extintos se dio el jueves 19 de noviembre, en una ceremonia sentida que se concentró en un sitio particular: el templo San Francisco de Asís, mismo que durante la agitación social tuvo tres funciones improvisadas: fue una especie de salón velatorio, hospital para los heridos y morgue en donde quedaron los cuerpos. 

Así como en Huayllani, en Senkata también se llevó adelante una misa, con el pedido de justicia como bandera.  

De acuerdo con los registros de la Defensoría del Pueblo, fallecieron 37 personas que no solo se contabilizan en ambas ciudades. En el municipio cruceño de Montero han perecido Mario Salvatierra (54 años), Marcelo Terrazas (48) y Roberth Calisaya (20), mientras que en el puente Huayculi de Cochabamba dejó de existir Limbert Guzmán (20). 

Rudy Vásquez (23), Clemente Mamani (24), Antonio Ticona (24), Juan José Tenorio (22), Joel Colque (22), Edwin Jamachi (31), Pedro Quisbert (37), Sebastián Moro (40), Julio Pinto (51), Julio Llanos (81), Calixto Huanaco (25), Milton Zenteno (24), Devi Posto (34), Juan José Alcón (43), Roberto Sejas (28), Plácido Rojas (18), Armando Carballo (25), Marco Vargas (25), Omar Calle (26), César Sipe (18), Juan López (34), Emilio Colque (21), Lucas Sánchez (43), Filemón Salinas (15), Heyber Yamil Antelo, Juan Martín Pérez (18), Juan José Mamani (35), Marcelino Jarata (53), Beltrán Condori (23), Percy Romer Conde (31), Filemón Soria (45), Miguel Ledezma (24) y Silverio Condori (57) completan el listado de los fallecidos, de acuerdo con el reporte de la Defensoría. 

GOBIERNO PROMETE JUSTICIA

Luis Arce comprometió “justicia” para los caídos, en un discurso mediante el que arremetió directamente contra Áñez y las exautoridades. 

En este entendido, el denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), arribó al país con el propósito de estructurar una investigación de los hechos violentos suscitados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 

Expertos de Argentina, Colombia, Brasil e Inglaterra son parte de la comitiva, que realizará sus labores durante seis meses. Se estima que en mayo de 2021 presenten los resultados, que aunque no serán concluyentes, serán contemplados por el Gobierno. El equipo está integrado por Magdalena Correa, Juan Méndez, Julián Burger, Marlon Weichert y Patricia Tappatá, con Jaime Vidal como Secretario Ejecutivo del GIEI. 

El presidente Luis Arce, a inicios de diciembre, hizo un llamado de cooperación a las Fuerzas Armadas, con el fin de que la institución colabore con el proceso de investigación mediante la facilitación de datos. “No es posible eludir la justicia. Como Gobierno y Estado boliviano, estamos obligados, por mandato de la CPE (Constitución Política del Estado) y las leyes, a contribuir proporcionando la información para esclarecer las muertes durante el gobierno de facto”, aseveró el Mandatario. 

APREHENSIÓN DE GENERAL

El 24 de noviembre, nueve días después del Cabo de Año en Sacaba, la Fiscalía determinó la aprehensión del general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición militar de Cochabamba. Fue acusado en el marco de las investigaciones por los hechos luctuosos en el departamento. 

De inmediato, militares pasivos tomaron las calles de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, en reclamo a lo que ellos consideraron como el inicio de una “persecución” en contra de efectivos del orden por parte del Gobierno. Con tricolores y cánticos, los militares jubilados demostraron su descontento, refiriendo que la intención de las autoridades de turno es “amedrentarlos”. 

Cuéllar, por su parte, fue beneficiado el 26 de noviembre con la detención domiciliaria en cuanto cumple con su defensa ante la Justicia, que lo señala como responsable de “asesinato”. Debió pagar 250 mil bolivianos y está obligado a firmar dos veces por semana en la Fiscalía. 

ÁÑEZ, UNA CARTA Y UNA AUDIENCIA

La exdignataria Áñez forma parte de las audiencias trazadas por el GIEI para esclarecer los decesos de 2019. Por un pedido de la exsenadora beniana, el encuentro fue pactado para ser llevado adelante en Santa Cruz. Esto ha integrado la agenda del grupo investigativo. 

La expresidenta, por su parte, elaboró una misiva dirigida a Arce. A través de ella, relató que se siente “perseguida” por parte de algunos agentes del Estado, puesto que, según ella, han merodeado su vivienda, en Beni. Se comprometió a no abandonar Bolivia y a permanecer, ante cualquier escenario que pueda involucrarla. “Estoy y estaré en Bolivia. Usted y su gobierno pueden estar tranquilos en este tema. Cuando gusten, me llaman. Estoy en Trinidad, tengo el mismo teléfono, vivo en mi casa y me dedico a aportar en lo que puedo al Beni y su perspectiva de futuro”, expresó en la carta.

MURILLO Y LÓPEZ A fines de noviembre, los exministros Arturo Murillo (Gobierno) y Luis Fernando López (Defensa) han sido incluidos por la Fiscalía en las investigaciones por los hechos de Sacaba. No obstante, ambos se fueron de Bolivia. De acuerdo con la Policía, se hallan en Estados Unidos. López y Murillo son acusados por los casos de los gases lacrimógenos y la quema y secuestro de la libreta del servicio militar de Morales.