Cuando Jeanine Áñez dio por finalizada su gestión como presidenta transitoria de Bolivia, el 5 de noviembre, a tres días para la consecuente posesión de Luis Arce, no estuvieron en la foto ni en los videos los exministros Arturo Murillo (de Gobierno) y Luis Fernando López (de Defensa). Áñez bajó el telón junto a un gabinete que evidenció la ausencia de ambos hombres, considerados como personajes fuertes de su gobierno. No por nada, el politólogo Carlos Cordero describe a Murillo como la figura política que debió hacer el “papel de malo”, algo que se repite en todos los senos gubernamentales. 

Lejos de la legitimidad de sus cargos tras el cambio de mando, tanto Murillo como López han cumplido casi dos meses fuera de Bolivia, con una Policía Boliviana que afirma que ambos se encuentran en Estados Unidos y ausentes en el proceso de investigaciones por la venta de gases lacrimógenos y la quema de la libreta del servicio militar de Evo Morales. 

“No tengo por qué escaparme a ninguna parte. En este momento me encuentro en Washington. He venido a cumplir una misión oficial. Teníamos reuniones comprometidas en la Casa Blanca. No le debo nada a la Justicia”, decía Murillo, a fines de septiembre, para intentar disipar rumores sobre una posible salida definitiva del país, señalamientos que provinieron de sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS). A su retorno, lucía una gorra con la leyenda: “fugitivo”, como en respuesta a los dedos acusadores y a los dichos por Twitter de Morales. 

Cumplida una semana de la asunción de Arce en el poder, salió a la luz la activación de la búsqueda por parte de la Policía Boliviana, mientras que la Fiscalía determinó la aprehensión, alerta migratoria y el allanamiento de sus propiedades, en medio de las investigaciones por la presunta adquisición irregular de gases lacrimógenos que fueron utilizados por los efectivos del orden durante los disturbios de 2019. 

Exdiputados, entre ellos, el ahora ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, apuntaron contra ellos por los delitos de “uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado”. 

En el medio, resultó aprehendido el coronel Iván Rojas, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) durante la gestión transitoria. Este se vio implicado en el secuestro y quema de la libreta militar de Morales, luego de que un video viralizado en las redes sociales diera cuenta de una conversación sostenida entre el coronel y el entonces viceministro Javier Issa, en la que ambos hablaban de la destrucción y desaparición del documento. 

Arturo Murillo y Luis Fernando López están en EEUU, según la Policía

Boliviana. El exministro de Gobierno volvió a tuitear tras “silencio” en redes. 

El 21 de noviembre, el exdirector de Migración Marcel Rivas fue recluido, con detención preventiva, en la cárcel de San Pedro. La exautoridad fue acusada por incumplimiento de deberes, luego de que supuestamente hiciera posible la salida de Murillo y López de Bolivia. 

Tras sufrir una descompensación, Rivas fue internado en una clínica hasta el 18 de diciembre. A poco de cumplir con la fecha, su defensa solicitó la detención domiciliaria, apoyándose en su estado de salud. 

ROMPE SILENCIO DIGITAL

 Arturo Murillo decidió dar por finalizado su “silencio cibernético”. Luego de que optara por mantenerse inactivo en las redes sociales en medio de su búsqueda y del intento de la Fiscalía de lograr que tanto él como López fueran identificados internacionalmente mediante la Interpol, el exministro de Gobierno reapareció en el Twitter. El 16 de diciembre marcó la fecha en la que Murillo escribió un post dirigido al exvicepresidente Álvaro García Linera, a quien atacó verbalmente. “AGL sigue cobarde y odiador. Jamás investigamos a niña, que no tiene culpa del monstruo de padre que tiene. Hijos de @evoespueblo fueron escoltados hasta dejar Bolivia. Mientras AGL y Evo escapaban aterrorizados, sus familias jamás fueron su prioridad. A la mía quisieron asesinarla”. 

La aseveración se dio después de que el matemático criticara el accionar del anterior gobierno sobre investigaciones centradas en 592 personas, entre las que, a entender de García Linera, figuraba su hija pequeña.