Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 24 de enero de 2021
  • Actualizado 08:13

¿Es esta la peor crisis económica?

Las cuarentenas y el golpe al comercio local rigieron en la gestión. El analista Arequipa no se aventura a pensar en una “gran recesión” pronta.

Una familia de La Maica expone sus condiciones precarias.
Una familia de La Maica expone sus condiciones precarias.
¿Es esta la peor crisis económica?

Un estudio dirigido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) vaticina que, de aquí a menos de 10 años, el mundo superará las 1.000 millones de personas en situación de extrema pobreza, como clara incidencia catastrófica de la llegada del nuevo coronavirus. El informe elevado por dicha entidad afirma que se sumarán nuevos pobres. El dato no se presenta nada alentador para Latinoamérica, mucho menos para Bolivia, que en 2020 se ha visto sacudida por la que será rememorada como una de las crisis integrales más fuertes de los últimos tiempos.

La situación sanitaria, con la declaración de la pandemia y la serie de cuarentenas que ha decretado el gobierno anterior, imposibilitó el desarrollo regular de las actividades productivas e influyó de manera directa en el sector cuentapropista, que representa el grueso del funcionamiento económico en el país.

La crítica coyuntura que comenzó a caminar Bolivia desde el 22 de marzo, con el inicio del confinamiento total, supuso una amenaza directa a aquellos ciudadanos que se apoyan en el denominado “comercio informal”, concepto que el analista político y económico Fernando Salazar prefiere cambiar por el de “cuenta propia”.

El catedrático asume que el Movimiento Al Socialismo (MAS), durante el gobierno de Evo Morales, promovió un discurso “alejado de la realidad” al sostener que en 14 años bajó la pobreza. Considera, más bien, que cada uno fue una suerte de “autogenerador de sus recursos”, situación que se desnudó y se vino abajo con las restricciones impuestas para evitar la propagación del virus.

“Todos nos hemos autogenerado un empleo para vivir. Esto es tan frágil que en cuanto nos vino la pandemia y no pudimos salir a vender a la calle lo que producimos, se nos cayó la economía. Además, el Estado nos dejó abandonados, sin ningún tipo de alternativas. Esto es una catástrofe mundial”, reflexiona Salazar.

“Este trabajo encubrió la pobreza absoluta y relativa durante 14 años. Nos dijeron que superamos la pobreza, pero jamás que no se crearon empleos estables, sino por cuenta propia”, añade el analista, para completar que el gobierno del partido azul contribuyó a que el 65% de la población se sostuviera con esa modalidad. “No hubo industrialización ni agroindustria en los municipios”.

El politólogo y docente universitario Marcelo Arequipa, por su lado, establece una comparación entre la presente crisis económica y la de 2000, cuando aconteció la llamada Guerra del Agua, fenómeno mediante el que la ciudadanía cochabambina tomó las calles para rebelarse a las tarifas y a la privatización del líquido potable. Esto, durante el mandato del exdictador Hugo Banzer.

Arequipa, claro, entiende que ambos contextos son diferentes, pero que existieron componentes similares: “El primero es el hecho de la reducción del precio de las materias primas. Segundo, el asunto de la guerra comercial entre los bloques globales enfrentados. El tercero es el hecho de que hay turbulencias políticas importantes en la región. En el 2000, eran Argentina y Brasil las que tenían algunos temas. Ahora no son las mismas fuerzas dominantes, pero hubo turbulencias políticas en 2000 y también ahora”.

Comprende que la sucesión de cuarentenas incidió “negativamente” en la economía familiar, el comercio y la construcción. “En gran parte, influyó en los sectores que son pilares importantes de la economía boliviana. El comercio es un mundo que se desenvuelve en el plano informal. No vamos a tener la estadística especifica de cuánto realmente afectó, pero, sin duda, lo hizo”.

La promoción del consumo interno es clave y observa que el gobierno de Luis Arce toma esa dirección. “Se necesita una reactivación que pase por intentar fomentar el consumo interno. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Todos vamos al mercado. No nos desenvolvemos necesariamente en un plano en el que absolutamente todo tiene factura”, reconoce.

En términos de vaticinios sobre números de pobreza extrema, Arequipa se muestra dudoso, puesto que no se fía de las estadísticas oficiales, no por su cuota de credibilidad, sino porque se anima a afirmar que “más del 80% de la economía es informal”. “Es gente que no tiene acceso a servicios básicos ni seguro social. Son cosas que no se contabilizan”.

No obstante, las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan que la pobreza extrema en Bolivia alcanza el 12.9%, mientras que el porcentaje referente a la pobreza en el territorio nacional pisa el 37.2%.

El Producto Interno Bruto (PIB), por su parte, reportó una contracción del 6.2% este año, lo que refleja uno de los números más alarmantes en las últimas cuatro décadas.

En octubre, el INE informó que al segundo trimestre de la presente temporada, el PIB expuso una variación acumulada de -11.11% como producto de la emergencia sanitaria. Sin embargo, dio luces de esperanza al mencionar que “el Índice Global de Actividad Económica (IGAE), a julio de 2020, mostró indicios de recuperación”.

Arequipa es relativamente optimista y descarta la posibilidad de que el país sea presa de una “gran recesión”, al menos no de forma inmediata. “No creo que sea para nosotros, todavía, la gran recesión de la historia, pero es una crisis económica que ciertamente afecta debido a la incertidumbre y la preocupación del contexto actual. De alguna forma hemos aprendido a convivir con el virus. Las noticias no son tan malas (sobre la llegada de una vacuna) e invitan, más bien, a retomar una cierta normalidad excepcional todavía en el desarrollo de la economía”.

Por su lado, el economista Roberto Laserna, citado por El Espectador, alerta que Bolivia se encuentra en puertas de una “crisis seria”, considerando que la tasa de desempleo urbano alcanzó el 10.5%, solo tomando el espacio entre enero y agosto. Ya en octubre, la tasa de desempleo fue del 8.7%.

La dotación de bonos como acción más urgente para disminuir los efectos negativos del coronavirus en las familias fue una de las primeras medidas adoptadas por el anterior gobierno, que distribuyó el Bono Canasta, Bono Familia y Bono Universal, entre otros. A estas subvenciones estatales se sumó el Bono Contra el Hambre de 1.000 bolivianos, mismo que fue aprobado en el mandato de Luis Arce, quien actualmente lidera el rumbo del país junto al MAS.

Salazar, al respecto observa que estas ayudas no son sostenidas en el tiempo y mucho menos son suficientes para satisfacer las necesidades de las familias que experimentan urgencias.

EMPRESAS, AZOTADAS Los datos con relación al golpe que sufrió el sector empresarial son duros. En noviembre, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) aseveró que alrededor de 750 firmas bolivianas bajaron la persiana este año, ante la improbabilidad de continuar operando. 350 de ellas contaban con una sede instalada en el valle.

De acuerdo con las cifras actualizadas de Fundempresa, hasta septiembre de esta temporada más de 1.000 compañías dieron de baja su matrícula formal.

Frente al clamor de los empresarios de reactivar sus tareas en los distintos rubros, el presidente Arce resolvió dar luz verde al retorno de las actividades deportivas, culturales, sociales, religiosas y de recreación que supongan aglomeración. Esta medida comenzó a funcionar el 1 de diciembre bajo estrictas condiciones de bioseguridad.

El sector fabril también se vio severamente golpeado. En agosto, distintos sindicatos se movilizaron en Cochabamba para denunciar despidos en plena pandemia, figura impedida por decreto. En junio, fue el turno de los empresarios ligados a la construcción, que tomaron las calles del valle, en caravana y con tractores, para exigir el pago de salarios adeudados, entonces, por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

LA EDUCACIÓN NO SE LIBRÓ Así como el cimbronazo fue repentino para la economía, también lo fue para la educación, que debió interrumpir la modalidad presencial convencional y mudar sus contenidos al plano digital. Hubo fuertes críticas al exministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas, quien a fines de julio anunció la clausura del año lectivo. Esta medida apuntó a que todos los alumnos pasaran de curso de manera automática sin la necesidad de cursar clases, entre otras cosas.

La determinación generó una ola de rechazo por parte de actores políticos y también al interior de la Cámara de Senadores. Eva Copa, entonces presidenta del Senado, reprobó la decisión a través de las redes sociales.

Lidia Patty, del partido azul, presentó una acción popular en contra de Cárdenas ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, entidad que la admitió posteriormente.