El 17 de junio, el programa No Mentirás, televisado por la señal de PAT, daba cuenta de la agonía de un paciente infectado por coronavirus a través de una transmisión minuto a minuto. El coctel de imágenes arrojado por la pantalla chica fue propicio para que se desataran, horas después, decenas de críticas y etiquetas que asociaron dicha acción con el morbo y el rating.

Los gritos de los familiares, los ademanes e intentos desesperados de los médicos voluntarios pertenecientes a los Ángeles contra el Covid para reanimar al enfermo; y el escenario precario para atenderlo graficaron la desesperanza y fueron elementos suficientes como para que el hecho fuera rápidamente tomado por medios internacionales.

La Nación, un reconocido diario de Argentina, se hizo eco. “Coronavirus en Bolivia: la muerte en vivo de un paciente en TV genera fuertes críticas”. En contestación a la seguidilla de manifestaciones de rechazo, el encargado de la producción del programa argumentó, ayudado por un video, que otras empresas noticiosas hicieron lo mismo con George Floyd, el ciudadano afroamericano ultimado por la Policía estadounidense el 25 de mayo de 2020.

También mediante un video que circuló en las redes sociales y que luego fue tomado por algunos canales locales de televisión, apareció una mujer practicando respiración boca a boca a un familiar que, ya en silla de ruedas, ofrecía una débil pelea por su vida. Ya nada había que hacer. Luego de unos minutos, este se rindió en plena vía pública, sin la posibilidad de haber sido asistido médicamente.

Imágenes fuertes, si las hubo. Estas fueron parte del escenario desatado desde marzo, cuando oficialmente se confirmó que Bolivia no había escapado a la pandemia.

A la fecha y luego de 11 meses, el país superó los 152 mil casos y alcanzó los 9 mil decesos por causa del nuevo coronavirus. En cuanto al departamento de Cochabamba, la cifra roza los 15 mil infectados y pasó los 1.300 fallecidos.

La precariedad de trabajo en los servicios sanitarios, la carencia de equipamiento y el déficit de camas para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) se constituyeron en los factores necesarios para dar paso a la grave crisis, que se ahondó, sobre todo, desde junio, durante el gobierno interino de Jeanine Áñez.

No hay buenas luces sobre la tasa de letalidad en el valle. A mediados de noviembre, el Servicio Departamental de Salud, SEDES, reportó un alarmante 9%. A fines de diciembre, el médico Rolando Herrera expresó que la tasa de mortalidad cochabambina, por su parte, era del 8%, tomando un universo poblacional de 100 personas.

La tasa a nivel nacional, a inicios de diciembre, era del 4.2% diario, de acuerdo con el Ministerio de Salud. La problemática sigue vigente, aunque es verdad que el primer escenario crítico y saturado se evidenció a toda escala desde junio.

Cadáveres dispuestos en casas durante días y expuestos en medio de la vía pública, envueltos en bolsas, fueron la constante del panorama.

El 26 de julio, hubo un hecho particular que causó impotencia y dolor en la ciudadanía. Un lustrabotas llamado Mateo Choque, de unos 60 años, murió tras padecer dejadez en la plaza San Antonio de Cochabamba. No fue auxiliado a tiempo por ninguna entidad médica, a diferencia de un grupo de mujeres que, pese al temor del contagio, decidió llevar al enfermo a un centro sanitario liderado por voluntarios. Quienes velaron su sueño fueron algunas personas en situación de calle con problemas de alcoholismo.

Don Mateo entró en los fríos registros de las víctimas fatales de la pandemia.

Ese mismo mes, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó el levantamiento de un promedio diario de entre 14 y 23 casos de decesos con sospecha del patógeno en la Llajta, con un pico de hasta 40 en apenas 24 horas.

INICIO DEL DRAMA El colapso teñido de muerte y enfermedad no se centró solo en el valle. Santa Cruz y Beni marcaron el puntapié inicial, ya desde mayo, en lo que se presentó como preludio.

El departamento beniano, con un sistema hospitalario deficiente, desbordó su capacidad de contener los contagios, por lo que la Gobernación debió declarar desastre sanitario mediante un decreto, abriendo paso, así, a la posibilidad de recibir asistencia internacional. La falta de galenos y escasez de fármacos acompañó la problemática.

Fue común tomar conocimiento de historias dramáticas de familias que perdieron a más de un integrante por causa del virus. Uno de los casos que más conmoción generó fue el de los Román Monasterios. En el seno familiar perecieron Franz (jugador de Universitario), Luis Carmelo (entrenador) y Belizario (dirigente). Sucedió a fines de mayo. Solo después del entierro se supo que Luis padeció coronavirus, considerando que le realizaron el test tras el deceso.

Sobrepasada la atención en los centros de salud y con la ciudadanía beniana recurriendo a la automedicación, el país supo sobre el “cementerio Covid”, situado a unos ocho kilómetros de Trinidad. Decenas de cruces de madera dispuestas en el predio improvisado dieron cuenta de la magnitud de la crisis.

ENTIERROS CLANDESTINOS

En agosto, el exviceministerio de Seguridad Ciudadana denunció el presunto entierro de víctimas infectadas sin considerar los protocolos de bioseguridad establecidos. También hubo cadáveres que permanecieron en sus viviendas durante días.

La doctora especialista en Salud Pública Evelin de Pardo le advirtió a OPINIÓN  sobre el riesgo de una posible contaminación aérea, terrestre y acuática. Esto, en caso de que esa figura se intensificara. De Pardo mencionó que “todos aquellos que se expongan al cuerpo pueden contaminarse y que, por otro lado, es necesario aislar el cadáver con un material adecuado.

Otra de las cuestiones que causa preocupación en el sector es el sistema de registro que se utiliza para llevar la cuenta de los infectados, lo que da paso al desconocimiento en cuanto a ciudadanos con patologías colaterales producto de la crisis sanitaria.

LOS MÉDICOS ELEVAN LA VOZ

Los hospitales desnudaron la gravedad estructural. Los galenos, primeros guerreros en la lucha, a mediados de junio protagonizaron sucesivas protestas en distintos puntos del país, exigiendo condiciones de trabajo y oponiéndose a que “los manden a la muerte”. El descontento se dio en La Paz, cuando un grupo aguardó al Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED), ante la carencia de equipos de bioseguridad. Varios de ellos se mostraron con el pecho descubierto, con la leyenda: “Esta es mi bioseguridad” y “Sin reactivos ni pruebas, nos enfrentamos a ciegas a la enfermedad”.

Los reclamos se replicaron también en Cochabamba, más precisamente en Quillacollo, donde rechazaron la precariedad laboral y exhibieron su preocupación debido al colapso sanitario. Allí denunciaron que les debían salarios (desde marzo hasta julio) y que no disponían de medicamentos ni implementos de bioseguridad.

Con la capacidad para albergar pacientes sobrepasada, los enfermos paceños desfilaron por distintos hospitales sin éxito. “Necesitamos oxígeno y no nos quieren atender. Vamos de hospital en hospital. Acá nos venimos a parar toda la mañana y nunca nos atendieron”, expresó una muchacha, con relación a la situación grave de su padre convaleciente, de 58 años.

Doctores y organizaciones de voluntarios tomaron un rol decisivo. No importó cuál fuera su especialidad clínica. Todos se predispusieron a tender una mano de forma desinteresada. Una de las agrupaciones fue Ángeles contra el Covid, que comenzó en un galpón y creció, al punto de repartir asistencia en distintos puntos del país.

REBROTE Y TEMOR

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron que Bolivia ingresó en octubre a una etapa de desescalada de contagios, escenario que, de acuerdo con dichas entidades, fue propicio para fortificar el sistema sanitario.

El ministro de Salud y Deportes, Édgar Pozo, confirmó la ejecución de un plan dirigido a la prevención, diagnóstico y tratamiento del patógeno, ante la posibilidad de una segunda ola.

A fines de diciembre, las cifras en ascenso de contagios en el país y el departamento comenzaron a generar alarma. El miércoles 23, a pocas horas de la Noche Buena, el país registró 1.005 casos positivos, con Santa Cruz y La Paz como departamentos con mayor concentración de contagios (476 en el oriente y 325 en la región occidental).

Desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, por su parte, se reportó el levantamiento de cinco cadáveres en diciembre por causa del coronavirus.