Algunos analistas, como el catedrático Fernando Salazar y el experto en geopolítica y derecho internacional Gabriel Villalba, se aventuran a anticipar, sin rodeos, que la carrera de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha llegado a su fin tras la incursión que la exsenadora beniana tuvo en el Palacio Quemado, en un año en el que su capacidad de mando se ha visto discutida por algunos detractores. Villalba es drástico en su apreciación y está convencido de que Áñez “no tiene credibilidad” ni “fuerza política” que puedan acompañar un posible deseo suyo de convertirse en candidata presidencial. 

Otros conocedores del plano político nacional, como Israel Quino, garantizan que el mandato transitorio ha dejado una lección. “Nos ha enseñado una cosa a todos los bolivianos: cómo no se debe gobernar. Generó líneas de decisión inaceptables”. 

Áñez apareció en la escena el 12 de noviembre de 2019, en un momento de convulsión completa, al calor de la renuncia de Evo Morales (presionado por observaciones en el proceso eleccionario) y los resabios de los 21 días de paro cívico que se extendieron en todos los departamentos del país. 

Cuando la entonces dignataria salió al balcón del Palacio Quemado, minutos después de que un uniformado le colocara la banda presidencial, atinó a saludar a los presentes, con la Biblia en mano y una sonrisa amplia que denotó su satisfacción. “Que Dios ilumine a Bolivia. Mi compromiso es devolver la democracia y tranquilidad al país. Voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos merecen vivir en democracia y que nunca más se les robe el voto”, dijo la exsegunda presidenta de la Cámara de Senadores, sin atisbos de sospechas de que cuatro meses después su gobierno afrontaría el inicio de una pandemia que pondría en jaque a Bolivia y revelaría sus problemas estructurales en materia sanitaria. La socióloga María Teresa Zegada entiende que el escenario adecuado para enfrentar la crisis no estaba dado, situación de la que no han escapado Estados Unidos ni España. 

Las sensaciones que ha dejado la gestión de Áñez son encontradas, considerando las críticas sembradas en torno a los casos de presunta corrupción que se habrían dado al interior de su gabinete y su dualidad de funciones como presidenta y candidata. La adquisición con supuesto sobreprecio de 170 respiradores españoles; la compra de armas no letales para las fuerzas del orden, y una serie de hechos irregulares suscitados al interior de la Unidad de Transparencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) fueron parte de las observaciones. 

Los ventiladores de la marca europea GPA Innova representan el primero de los casos. Todo comenzó en mayo, cuando se destapó el conflicto, luego de que se conociera que presuntamente el Ministerio de Salud consiguió los ventiladores por el triple del precio real. Ello desencadenó la detención de dos directores de ese despacho, entonces manejado por Marcelo Navajas. 

Navajas, por su parte, presentó la denuncia ante la Fiscalía, con el objeto de “identificar a los responsables” del daño económico al Estado que se dio mediante el proceso de compra, en el que participaron intermediarios. Uno de ellos fue la empresa IME Consulting. El Gobierno pagó 27.683 dólares por cada equipo, mientras que el precio de comercialización único para todos los países oscilaba entre los 10.312 y 11.941 dólares, de acuerdo con el modelo. 

El exministro de Salud resultó aprehendido el 20 de mayo, en el marco de las investigaciones, mientras que en junio fue destituido Alberto Pareja, excónsul de Bolivia en Barcelona.  

En agosto, se conoció otro hecho ligado, también, a ventiladores, aunque de procedencia china. 324 equipos mecánicos habrían sido adquiridos con 6 millones de dólares de sobreprecio, en otro proceso que contó con intermediarios. El sector sanitario alertó que los respiradores no eran útiles para la urgencia. 

En junio se suscitó el segundo evento. Esta vez, estuvieron apuntados el entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo y el de Defensa Luis Fernando López debido a la adquisición de agentes lacrimógenos, también con sobreprecio e intermediarios. El portal Detrás de la Verdad exhibió documentación, pero el Gobierno salió a desmentir cualquier incongruencia y acusó al medio de ser funcional a una “guerra sucia”. 

El Estado invirtió 5.6 millones de dólares en los cartuchos, más del doble de lo que pagó Venezuela por una cantidad similar.  

En septiembre, Omar Durán, entonces jefe de la DGAC, señaló la existencia de irregularidades en dicha institución y otros entes del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, cartera que estuvo bajo el poder de Iván Arias durante la gestión transitoria. 

Denunció la obtención de mascarillas sin facturas y con sobreprecio. Arias ordenó, luego, auditorías al interior de su despacho. También decidió destituir a Durán y puso en su lugar a Amparo Morales. Arremetió contra el exfiscalizador y lo acusó de haber faltado “varias veces a su trabajo”. 

Villaba considera que los casos de aparente corrupción en el gobierno interino han incidido en su credibilidad. Presume que Áñez quiso “prorrogarse” con el argumento de la pandemia. “Ha sido una muestra de perfume de neoliberalismo”. 

Todo esto se dio en su calidad de presidenta-candidata, figura que ha sido criticada y asumida como funcional a la “dualidad”. En enero, la beniana anunció su postulación con la alianza Juntos, para a fines de dicho mes comunicar que su compañero de fórmula sería el empresario Samuel Doria Medina.  

El historiador y licenciado en Economía Juan Clavijo sostiene que la exmandataria cayó en “una equivocación” al accionar los mecanismos iniciales para presentarse como candidata para los comicios generales, pues la población no logró comprender su tarea. 

Comenzada su campaña, Áñez no escatimó dardos contra Carlos Mesa, quien se constituyó en presidenciable con Comunidad Ciudadana (CC), y contra el excívico Luis Fernando Camacho, quien comandó la coalición Creemos. “El señor Mesa miró de palco todos los esfuerzos que miles de nosotros hicimos para pacificar Bolivia”, acusó en agosto, durante la entrega de una obra en Tarija. 

Durante su gestión, se han concretado los bonos sociales para disminuir el impacto de la crisis en las familias; y la seguidilla de cuarentenas, iniciada el 22 de marzo con la medida estricta. La exsenadora promovió el Bono Salud, el Bono Familia y el Bono Universal. La exdignataria también ha derogado el decreto que autorizaba la quema y los desmontes, al calor de los incendios y focos de calor que invadieron al país, sobre todo al oriente. El investigador Jorge Campanini, del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), observa que lo hecho por el anterior gobierno no ha mejorado el problema de fondo. “Los decretos de Añez no tienen otro fin más que el show y demuestra que no existe la voluntad política que logre contener y evitar la actual situación de los incendios”. 

La fricción competitiva con el objeto de liderar en la intención de voto no le alcanzó a la exjefa de Estado, que en septiembre se encontró con que el MAS aventajaba a CC con el 10.2%, en una encuesta realizada a 16 mil personas por la alianza Jubileo (el partido azul conquistó 29.2%, frente al 19% de CC). Las cifras influyeron en su posterior decisión de declinar su candidatura, con la “unidad del voto” como principal justificativo. 

El 9 de octubre, sin embargo, ya sin Juntos en carrera, el MAS, con Luis Arce a la cabeza, expuso números a su favor en la segunda y última encuesta de Jubileo, a una semana de los comicios. El frente socialista lideró la tabla con el 42.9% frente al 34.2% de la agrupación de Mesa.  

El 18, el MAS confirmó su supremacía, con un 55.10% que ni el propio partido esperaba. 

Ahora, alejada del poder, Áñez se refugia en su Beni natal.