El mundo nunca olvidará el fatídico 28 de noviembre de 2016, cuando un avión de la línea aérea boliviana LaMía, que trasladaba a la delegación deportiva del club brasileño Chapecoense, se estrelló a cinco minutos de aterrizar en el aeropuerto José María Córdova de Medellín (Colombia). 71 personas murieron y seis lograron sobrevivir.

Es una de las peores tragedias aéreas que se registraron en la gestión que culmina, por el elevado número de fallecidos y las circunstancias en que ocurrió el siniestro que enlutó a familias de Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela.

El accidente sacó a luz una serie de susceptibilidades e interrogantes sobre la empresa. ¿Por qué llega a Bolivia?. ¿Cómo logra la autorización para operar desde el país al mundo? ¿ Quiénes son los dueños? ¿Cómo logra contratos con tanta facilidad? ¿Por qué tenía tarifas más bajas que el resto de aerolíneas dedicadas a ese negocio?, entre otras.

La historia de LaMía se gestó en Venezuela en 2009, cuando el economista venezolano de origen español Ricardo Albacete creó la empresa en Mérida (Venezuela), pero no logró la autorización para que operen los aviones. Dos años después, en 2011, decide abrir el negocio en Margarita, para aprovechar el flujo turístico de esa isla venezolana. Ahí tampoco obtiene el permiso para que las aeronaves vuelen.

Luego de tres años, es decir en 2014, se crea la empresa LaMía en Bolivia con dos socios: Miguel Ángel Quiroga Murakami (murió en el accidente) y Marco Antonio Rocha Venegas. Ambos exmiembros de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Las primeras investigaciones dan cuenta que el negocio fue constituido con un capital de 114 mil bolivianos. Sin embargo, compraron un seguro de 25 millones de dólares que le exigieron para volar. A fines de 2014 llegaron a Bolivia tres aviones que fueron alquilados del empresario venezolano. Permanecieron en el hangar de la FAB, en Cochabamba, y sola una, la nave siniestrada, logró prestar servicio. Las otras dos aún están en predios de la Fuerza Aérea. En enero de 2015, el avión que se siniestró el 28 de noviembre fue registrado en Bolivia con la matrícula CP-2933 y empezó a operar. Sus principales clientes fueron selecciones y equipos de fútbol de Sudamérica.

En 2014, la empresa solicitó una licencia para trabajar en el país, pero recién en 2015 logra un certificado de operaciones “no regular” de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Luego consiguió una “licencia indefinida de operaciones, que fue suspendida el 1 de diciembre de 2016, luego del accidente.

Asimismo, el 13 de enero de la presente gestión, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) autorizó a la empresa aérea LaMía Corporation SRL. a prestar el servicio de transporte aéreo comercial de pasajeros, carga y correo en el ámbito nacional e internacional como “operador no regular” hasta el 30 de julio de 2020. Ese permiso también fue revocado el 2 de diciembre.

Con el paso de los días comenzaron a salir datos sobre LaMía, no solo del equipo del Ministerio Público que investiga el caso, sino también de los sobrevivientes, familiares y, hasta de los políticos del oficialismo y oposición, quienes no dejan pasar la coyuntura para sacar réditos. Se han dado a conocer versiones en sentido de que los dueños de la aerolínea son “palos blancos” o que el exsenador opositor Roger Pinto, quien permanece asilado en Brasil, es accionista de LaMía y su yerno Miguel Ángel Quiroga (murió en el accidente) solo era una “pantalla”. Otros, sobre todo opositores al Gobierno, han llegado a especular que la empresa servía para “lavar” dinero del narcotráfico.

El Gobierno dijo que ve tráfico de influencias e incumplimiento de deberes en el caso LaMía.



INVESTIGACIONES

Las investigaciones sobre el accidente también llegaron a todo lo relacionado con la composición y funcionamiento de LaMía.

Un equipo de seis fiscales, dos de Bolivia, dos de Brasil y dos de Colombia, trabaja en el caso desde el 7 de diciembre y calificó el hecho como homicidio culposo y lesiones gravísimas, contra los responsables y autores del accidente del avión.

Desde el 29 de noviembre, una comisión de fiscales realiza una serie de acciones que tienen el objetivo de conocer las causas del siniestro que cegó la vida a 71 personas.

El 7 de diciembre, fiscales y agentes de la Policía allanaron las oficinas de la DGAC en los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo (Santa Cruz) y dos viviendas, una del accionista Rocha Venegas, que salió del país el 21 de noviembre con destino a Paraguay y que, hasta el momento, se desconoce su paradero, y de la exfuncionaria de Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) Celia Castedo, que se encuentra refugiada en Brasil. Ese día detuvieron a Gustavo Vargas Gamboa, gerente de la empresa boliviana.

El 8 de diciembre allanaron las oficinas de la DGAC en La Paz y aprehendieron a Gustavo Vargas Villegas, exdirector de Registro Aeronáutico de la institución, hijo del gerente de LaMía, Gustavo Vargas Gamboa.

Según la resolución de aprehensión, el Ministerio Público como director funcional ejerció una investigación minuciosa del caso tras identificar el parentesco con el gerente de la aeronave. De acuerdo con las investigaciones, el 9 de diciembre de 2014, el gerente de LaMía solicitó a la DGAC la otorgación de matrícula provisional para la aeronave marca y modelo BAE 146 AVRO RJ 85, número de serie 2348, con el objetivo de importarla. El 29 de diciembre de 2014, Gustavo Vargas hijo, como Director del Registro Aeronáutico Nacional emitió un informe en el que concluyó que la empresa cumplió con todos los requisitos exigidos para la designación de matricula provisional. Ese hecho demuestra que hubo tráfico de influencias. Hasta el momento, los Vargas, padre e hijo, son los únicos detenidos por la tragedia.

Las investigaciones continúan en los tres países. Los fiscales prevén que dentro de tres a seis meses se conocerán los resultados. Sin embargo, ya existen algunas conclusiones preliminares que apuntan a que el piloto del avión siniestrado no cumplió con el plan de vuelo. No recargó combustible en Cobija o Bogotá (Colombia) y, por lo tanto, se le acabó el jet full y la aeronave se precipitó a tierra. Esa versión fue corroborada por tres sobrevivientes, el técnico Ewin Tumiri, que ya está en Cochabamba con su familia, Ximena Suárez, que permanece en Colombia, y el periodista brasileño Rafael Henzel.