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  • Diario Digital | martes, 27 de septiembre de 2022
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PROCESOS LO LLEVARON A LA CÁRCEL

El peso de las mochilas sobre el alcalde Leyes

Los casos I, II y III, pusieron a la autoridad edil de Cochabamba como principal implicado.
El peso de las mochilas sobre el alcalde Leyes



La madrugada del 30 de noviembre, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue esposado en la sala Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia. Fue conducido por policías por los pasillos del piso 9, donde varias veces ya había acudido para distintas audiencias. Velozmente, llegó en vehículo hasta el penal de San Antonio, en la avenida Ayacucho. Las carpas que cubrían de la llovizna en el exterior se abrieron para que él entre. Fue encarcelado preventivamente.

Luego de más de siete meses de haberse interpuesto la primera denuncia penal por el caso de las mochilas escolares chinas, la acusación logró su detención preventiva por un segundo caso. Y, además, existe un tercero.

TRES PROCESOS

El 3 de abril, la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina y el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, denunciaron el caso que luego se denominó Mochilas I, por supuestas irregularidades en la adquisición del material escolar este 2018.

El 27 de abril, se instauró otro proceso, Mochilas II, por la compra del material en 2017 también con presuntas irregularidades.

Y el 14 de diciembre, a denuncia de la Contraloría General del Estado, comenzó el caso Mochilas III, por el proceso y entrega del material en 2016.

La Alcaldía entregó más de 274.700 mochilas con útiles escolares, en lo que se invirtió un total de 34.7 millones de bolivianos, entre 2016 y 2018.

En principio, la primera denuncia apuntaba a un sobreprecio. Luego, el proceso se enfocó en presuntas irregularidades, como la formulación del Plan Operativo Anual (POA) 2017 sin respaldo, una autorización incorrecta para el proceso de contratación, precios referenciales sin respaldo, las enmiendas a las especificaciones y la falta de evaluación a la propuesta; además de, en la segunda publicación, el precio referencial sin documentación, y otras enmiendas y calificación no hecha según la norma.

En el segundo proceso, las autoridades del Viceministerio de Transparencia cuestionaron que se haya utilizado el mismo “modus operandi” para direccionar el proceso de adjudicación, brindando información privilegiada a los proveedores, que fueron los mismos para 2017 y 2018.

En el tercer caso, el proyecto no estaba incluido en el POA 2015 y fue incorporado en un reformulado para garantizar su entrega en 2016. Los proveedores fueron otros, pero, en la investigación, la Contraloría también identificó indicios de irregularidades.

El Alcalde es el principal involucrado en estos casos. Tiene denuncias por presuntamente haber cometido los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de su función, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

AUDIENCIAS

La sala del Juzgado Anticorrupción, salas penales y varios tribunales de sentencia del Tribunal Departamental de Justicia trataron los casos de Leyes.

En lo que va de los procesos, sus abogados presentaron al menos una treintena de acciones legales para su defensa, entre acciones de libertad, amparos y recusaciones en busca de revertir la situación del Alcalde y permitir su libertad.

Un equipo de juristas defiende a Leyes. Se cruza en pasillos del Palacio de Justicia, y se enfrenta en las audiencias, a los fiscales, representantes del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y las autoridades de la Procuraduría General del Estado en Cochabamba.

Leyes tuvo un primer encuentro con los fiscales, el 20 de abril, cuando acudió a declarar por Mochilas I y fue aprehendido.

Fue conducido a la Estación Policial Integral (EPI) Norte, mientras sus seguidores protestaban y el caos derivó en conflicto y gasificaciones en el centro de la ciudad.

Al día siguiente, en la audiencia cautelar, el juez Fernando Pérez dicto su detención domiciliaria y restricciones, que anularon la posibilidad de que continúe cumpliendo sus funciones de trabajo. Además de la fianza y el arraigo, le prohibieron acercarse a la Alcaldía y tener contacto con los funcionarios.

A finales del mes de mayo, fue internado en la clínica Los Ángeles por problemas de salud. Tuvo una operación. Su salud continuó afectada.

El 6 de junio, luego de brindar declaraciones por Mochilas II, se determinó su aprehensión. Fue trasladado a la EPI Norte, y ahí se descompensó. En la noche, fue llevado nuevamente a la clínica.

La audiencia de medidas cautelares, en la que se debía definir si la autoridad se defendería en libertad o detenido, se instaló el 8 de junio. Pero, fue suspendida porque “su vida corría peligro”, de acuerdo con la valoración médica del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). A esta audiencia, el Alcalde llegó sosteniendo un suero en sus manos esposadas. Un día antes, acudió a otra en silla de ruedas.

Desde entonces, esta audiencia se fue reprogramando, durante varios meses.

Los casos Mochilas I y II, que fueron unidos, luego volvieron a separarse. La defensa del Alcalde insiste en que deberían tratarse como uno solo. La acusación dice lo contrario.

Pasaron más de siete meses, hasta que la tarde del 29 de noviembre se instaló la audiencia cautelar que duró alrededor de 11 horas. Los juristas que defienden al Alcalde intentaron frenar el desarrollo presentando incidentes. Pero, el juez Iver Gonzales los rechazó. Además, frenó la posibilidad de presentar otros.

El semblante de Leyes cambio cuando la audiencia continuó. La acusación tomó varias horas para argumentar que la autoridad debía ser detenida en la cárcel, apuntando principalmente a los antecedentes en Mochilas I, incluidas las declaraciones de los testigos del caso.

Los abogados tomaron más tiempo y hasta presentaron una testigo, la exintendenta Luz Rojas, para desvirtuar algunas denuncias que apuntaban a la obstaculización del proceso.

Pero, los argumentos no convencieron al Juez, quien determinó que Leyes tenga detención preventiva en San Antonio.

10

PROCESOS

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción tiene al menos 10 casos contra autoridades municipales, de oficialismo y oposición, en el país. Entre ellos está Edgar Bazán, de Oruro, quien renunció a su cargo. Fue procesado también por la compra supuestamnete irregular de mochilas. Por otro lado, en Quillacollo fue procesado Eduardo Mérida y, en la actualidad está en la Alcaldía Zacarías Jayta.

Hay al menos 21 implicados

El alcalde José María Leyes no es el único procesado por los casos Mochilas I, II y III; hay una veintena de personas más.

Entre quienes destacan están el excoordinador General de la Alcaldía José Miguel Padilla, quien salió del país luego de la denuncia; y después, retornó y prestó declaraciones varias veces. En la actualidad, guarda detención domiciliaria.

En la lista también está el exsecretario Administrativo y Financiero Diego Moreno, quien salió del país y se desconoce el lugar donde se encuentra; y los importadores, los esposos Morales - Ramírez.

Los demás involucrados son funcionarios y exfuncionarios municipales, quienes fueron parte de la unidad solicitante o de la comisión de calificación, entre otros, dentro los procesos de adjudicación del material escolar.

Retorno de dos días causó remezón en Alcaldía

Tras la detención domiciliaria del alcalde José María Leyes por el caso Mochilas, la concejala Karen Suárez, también del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), asumió desde el 4 de mayo como Alcaldesa suplente temporal hasta que Leyes logró su libertad.

Volvió a su despacho en la Alcaldía e hizo cambios. Entre ellos, designó a Óscar Mercado como Secretario General y aprobó tres decretos ediles en los que incluso delegaba funciones que eran exclusivas del Alcalde. Además retiró a otros funcionarios y posesionó a nuevos, quienes hicieron otros cambios como la destitución del intendente Antonio Ferrufino.

Pero, el retornó de la autoridad edil duró poco, menos de dos días. En la audiencia cautelar por el caso Mochilas II, el Juez Anticorrupción determinó su detención preventiva en la cárcel de San Antonio.

Aun así, los decretos que había aprobado Leyes le daban la potestad de incluso gobernar desde la cárcel. El tema fue cuestionado.

Luego de varios días de espera y el debate en el pleno del Concejo Municipal, se eligió al concejal demócrata Iván Tellería como Alcalde suplente. Esta autoridad anuló los decretos de Leyes.