Mientras el caso del médico Jhiery Fernández conmocionaba al país, otra injusticia salió a la luz pública este 2018. Mariela Valdés Romero, la mujer que detectó y denunció ante sus jefes el desfalco millonario de Juan Pari al Banco Unión, fue detenida y encarcelada.

Valdés fue subgerente regional de operaciones del Banco Unión y reveló en un informe interno, el 9 de octubre de 2017, una serie de irregularidades en el sistema de control monetario de esa entidad que le permitió a un funcionario de una sucursal en el municipio Batallas, La Paz, desfalcar 37.6 millones de bolivianos.

Mariela Valdés permaneció encarcelada por casi un año en el penal de Obrajes. Allí entró en una profunda depresión y se enfermó de varios males. Su defensa pidió en reiteradas oportunidades la libertad de esta mujer, pero la jueza Claudia Castro se la negó una y otra vez.

“Yo denuncié una irregularidad, y en vez de procesar a los responsables, me suspendieron y, lo peor, me encarcelaron”, dijo Valdés después de una de las audiencias en la que le negaron la excarcelación.

La Fiscalía, dirigida por Edwin Blanco, la imputó por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y delitos financieros.

Veintitrés años de experiencia; su prestigio como “funcionaria ejemplar” en el sistema bancario, y un reconocimiento de la Policía como “Mejor Ciudadana” se diluyeron de un plumazo.

Su familia se desmoronó por el proceso. La exsubgerente había comenzado la investigación del desfalco en julio de 2017, cuando le informaron que Juan Pari hacía sospechosas publicaciones en Facebook, sobre sus derroches en viajes internacionales, en la compra de vehículos de lujo y en fiestas privadas.

El delicado estado de salud de Mariela Valdés, y el sentido común respecto a su condición de denunciante, hizo que los medios de comunicación fijaran sus ojos en su caso.

El 26 de octubre de 2018, la jueza Anticorrupción Claudia Castro reaccionó con prepotencia cuando la periodista María Ulo, de ATB, la entrevistó para consultarle sobre la demora en la excarcelación de Mariela Valdés.

La autoridad retuvo durante 40 minutos a la comunicadora y al camarógrafo dentro de su despacho. Además, les amenazó con ordenar su arresto a un policía, porque consideraba que al filmarla cometían un delito.

El conflicto se hizo público y la jueza Castro fue suspendida. Finalmente, otro juez le concedió la detención domiciliaria a Mariela Valdés. En plena crisis, el padre de la exsubgerente falleció sin que ella pudiera despedirse de él.

“Me han destrozado la vida por denunciar a Juan Pari. Procesan a quien denuncia y no a los responsables”, lloró.

OTRO CASO LLAMATIVO

El presidente de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) de los Yungas, Franklin Gutiérrez, fue aprehendido el 27 de agosto de 2018 por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El Ministerio Público, dirigido entonces por el exfiscal departamental Edwin Blanco, lo imputó como autor intelectual del ataque a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en La Asunta, durante el cual perdió la vida el teniente Daynor Sandoval.

Un juez lo envió a la cárcel sin verificar que las evidencias presentadas eran pocas y que ninguna de ella involucraba al cocalero.

Gutiérrez dijo que el día del ataque ni siquiera estaba en la Asunta, sino en otro poblado donde recogía los reclamos de los afiliados de Adepcoca respecto a los abusos de los efectivos de la FTC. Su defensa dijo que la Fiscalía y los jueces se han convertido en brazos políticos del Gobierno y ya no valoran la falta de pruebas ni la injusticia en la que se incurre. El 21 de noviembre de 2018, el hijo de dos años del dirigente detenido falleció en Sud Yungas. La familia denunció que era muy unido a su padre y enfermó de “amartelo” (nostalgia de su papá) desde que Gutiérrez fue encarcelado.