El 17 de septiembre de 2018 estalló la “bomba”. Un canal de televisión (ATB) y un periódico (Página Siete) difundieron un audio que remeció los débiles cimientos de la confianza en la justicia boliviana. En el audio se revelaba cuán frágiles pueden ser los jueces y fiscales cuando son presionados por autoridades políticas e institucionales que no dudan en respaldar la condena de seres inocentes a cambio de salvaguardar una imagen o calmar una protesta social.

La jueza Patricia Pacajes, grabada con un celular durante una reunión de amigos por Romel Cardozo, confesó que el médico Jhiery Fernández había sido condenado por los tres miembros de su Tribunal a una pena de 20 años de cárcel siendo inocente. Con lujo de detalles relató que el bebé Alexander (internado en un hogar dependiente de la Gobernación paceña) no sufrió ninguna violación sexual y que esa teoría fue presentada por una forense inexperta que tuvo alguna relación con el exFiscal General y que otro colega refrendó para confirmar esa falsedad. Además, sostuvo que hubo presiones políticas para que la sentencia contra el médico, que entonces trabajaba para la Gobernación, se efectivizara rápidamente.

El contenido del audio desató un vendaval de críticas, protestas, paros médicos, bloqueos y sumió a la justicia boliviana en la peor crisis de su historia. Agobiadas por la indignación ciudadana, las autoridades tuvieron que abrir procesos disciplinarios y penales contra los jueces Patricia Pacajes, Gladys Guerrero y Rodolfo Mérida, pero, por otros delitos que nada tienen que ver con la acción de sentenciar a un inocente, a pesar de la existencia de 11 pruebas que le exculpaban de la violación. Al final, los tres operadores de justicia fueron destituidos. Las protestas solo se multiplicaron en el país y aunque la misma Fiscalía vulneró la declaratoria de reserva del caso, y en conferencia de prensa intentó limpiar su imagen, el descrédito ya la había superado. Los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán fueron cambiados a un área de atención al público en ventanilla y ambos terminaron renunciando al Ministerio Público. Mientras el sistema de justicia se resquebrajaba, el médico Jhiery Fernández pidió dos veces la cesación de su detención preventiva. La primera le fue negada por los mismos jueces que lo condenaron. En la segunda oportunidad, otro tribunal le otorgó un arresto domiciliario que le impedía trabajar y ganarse la vida. Finalmente, tras una ardua lucha de los abogados, que exhibieron las 11 pruebas de su inocencia, y que la “justicia” ignoró deliberadamente, Jhiery obtuvo una libertad irrestricta, y hoy está trabajando como médico en la Alcaldía de La Paz.

Sin embargo, el horror ante el descubrimiento de un sistema indolente y capaz de condenar a inocentes, y de destruir vidas y familias sin el menor remordimiento, persiste entre los ciudadanos que ya han desechado la escasa confianza que se tenía en la justicia de Bolivia.

El sistema enfrenta su peor crisis

El 10 de octubre de 2018, Jhiery Fernández salió del penal de San Pedro después de permanecer ahí tres años, 10 meses y 25 días acusado de la violación del bebé Alexander, ocurrido el 13 noviembre de 2014. “La justicia del hombre casi me mata, pero la justicia de Dios me salvó”, declaró el médico, vestido de blanco y con una biblia en la mano.

Abogados, exfiscales, exmagistrados y defensores de los derechos humanos coincidieron en que el sistema de justicia boliviano atraviesa su peor crisis y que los cambios efectuados, como la elección de jueces por voto popular, no ha resuelto los problemas de fondo que tienen que ver con la falta de profesionalismo, de presupuesto, de independencia, de personal con ética y responsabilidad en la administración de justicia.