El estatal Banco Unión sufrió el mayor de los desfalcos en 10 años de funcionamiento. Perdió 37.690.000 bolivianos. El principal imputado de cometer ese delito es el exgerente de Operaciones de la agencia de Batallas, en La Paz Juan Franz Pari Mamani. Muchas personas de su entorno familiar, funcionarios de la entidad bancaria y amigos fueron imputados por haber permitido el fraude, algunos porque gozaron del dinero sustraído y, otros por no ejercer control en los movimientos irregulares realizados.

Los detenidos preventivamente son 27 especifica a OPINIÓN el fiscal Erlan Almanza, uno de los investigadores miembros de la comisión de fiscales asignados al caso. Hay otro grupo de personas que continúa siendo investigado.

El 27 de septiembre, la gerencia general de la entidad que tiene participación mayoritaria del Estado informó que Juan Pari -exgerente de Operaciones del Banco Unión, de 27 años- “vulneró los controles” de seguridad del banco y desfalcó diferentes montos en casi un año. Se cuantificó la pérdida en 37.6 millones de bolivianos.

Las investigaciones fueron abiertas y hoy Juan Franz Pari Mamani permanece en la cárcel de Chonchocoro.

El caso del Banco Unión llevó a controversia con la oposición. La senadora Carmen Eva Gonzales planteó una interpelación al ministro de Economía, Mario Guillén y a la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 14 de noviembre, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En esa ocasión, Guillén reveló que desde 2006 al 2017 encontraron a 586 funcionarios bancarios “ladrones” los mismos que fueron separados de las entidades bancarias por retiro forzoso por infracciones cometidas con daño económico reconocido.

"En todos estos años hubo 586 ladrones en las entidades bancarias reportados a la ASFI", declaró.

Las autoridades económicas estatales explicaron responsabilidades por el desfalco del Banco Unión y dieron un análisis de la realidad bancaria desde antes de la gestión de Evo Morales.

La directora de la ASFI, Lenny Valdivia, reveló, ante la Asamblea, que el desfalco protagonizado por Pari no fue el único en el Banco Unión, sino que ocurrieron siete fraudes internos desde 2010, siendo, sin embargo, el más grande, el perpetrado por el exgerente Juan Pari.

En 2010, el fraude interno fue por más de 415.000 bolivianos; en 2014 se afectó con 45.000 dólares; en 2015 se dio el tercer golpe por más de 573.000 dólares; mientras que en 2017 se registraron tres fraudes, sin contar el de Pari, por montos variables de 160.000 bolivianos, 30.000 bolivianos, 173.000 dólares y 195.000 bolivianos.

De acuerdo con información de la ASFI, el fraude interno que afectó al Banco Unión desde el año 2010 llegó a 800.784 bolivianos y 791.652 dólares (6.310.681 bolivianos en total). El de Pari superó en seis veces más los anteriores fraudes internos llegando a una cifra de casi 37.7 millones.

Para la senadora de Unidad Demócrata Carmen Eva Gonzales, las respuestas que ofrecieron Guillén y Valdivia no fueron convincentes y de inmediato presentó una denuncia penal por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el desfalco al Banco Unión contra altas autoridades vinculadas a la administración, fiscalización y control de esta entidad financiera, según reflejó ANF.

La querella fue interpuesta ante el Ministerio Público contra el exministro de Economía y Finanzas, Luis Arce y otras autoridades como el actual ministro de esa cartera de Estado, Mario Guillén; el contralor general del Estado, Henry Ara y el procurador general, Pablo Menacho.

Asimismo, contra los directores ejecutivos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la Unidad de Investigación Financiera; la exgerente general del Banco Unión, los exmiembros del directorio y otros altos ejecutivos de la entidad financiera.

La legisladora sostuvo que estas personas no ejecutaron medidas para evitar un desfalco millonario de grandes proporciones como el develado en septiembre.

La oposición cuestionó que a la fecha las autoridades que tenían la responsabilidad del buen funcionamiento del Banco no fueron ni siquiera convocados como testigos. Instó al Ministerio Público a llevar adelante una indagación transparente para identificar a los verdaderos responsables del millonario robo.

El fiscal Almanza señaló que aún no se descartó que los ejecutivos sean convocados a prestar declaraciones.

EL DINERO El fiscal general, Ramiro Guerrero, ante consulta de OPINIÓN sobre cuánto de dinero se recuperó de los 37.6 millones de bolivianos, respondió: “Se procedió con la anotación de bienes incautados, vehículos y otros artículos de lujo. El monto recuperado será cuantificado una vez que la investigación sea concluida”.

El abogado del Banco Unión, Aldo Burgos, explicó que recaudaron 20 millones, pero el fiscal Guerrero señaló que lo recuperado no llega ni al 30 por ciento de los 37.6, es decir 11.307.000 bolivianos aproximadamente.

La Unidad de Investigaciones Financieras indaga si el dinero salió del país. Almanza dice que ven cuentas en China, Argentina y Estados Unidos.

El 14 de diciembre hizo un nuevo allanamiento a una de las casas de Pari en Sopocachi, en La Paz. Allí encontraron un cuadratrack y otros. Los bienes estaban a nombre del padre de Pari.

131 veces

Juan Pari hizo 131 operaciones para robar los 37,69 millones de bolivianos.

Los datos se desprenden del informe que presentó la directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados que investiga el millonario desfalco a la entidad.

El caso

HAY 27 detenidos y 8 sin cargo 

A la detención del principal imputado Juan Franz Pari Mamani, de su novia Luciana Cagnola y de su socio Alexis Calderón, empezaron las detenciones preventivas del entorno familiar y de funcionarios de la oficinal central del Banco Unión y provincias a quienes se les acusa de no controlar los movimientos irregulares de más de 11 meses. Son 27 en total, especifica el fiscal Erlan Almanza, aunque los registros de prensa detallan de más.

Ocho funcionarios, entre ellos el directorio y el síndico dejaron sus cargos.

Pesan sobre los detenidos, delitos penales de asociación delictuosa y delitos financieros, apropiación indebida de fondos financieros de la estafa de 37.6 millones de bolivianos.

De las 27 personas, dos están con detención domiciliaria.

* El hecho salió a la luz el 27 de septiembre. 13 días después, con las declaraciones de los tres primeros detenidos, la Policía y la Fiscalía allanaron la casa del exjefe de Operaciones de la agencia de Batallas. Hallaron una caja fuerte, artículos de lujo. Su madre, hermano menor, esposa y cuñada fueron aprehendidos (la última tiene detención domiciliaria).

* Para el 11 de octubre, otras 7 personas -socios, funcionarios del Banco y amigos de Pari, fueron enviadas al penal.

* El 26 de octubre, dos funcionarios del Banco Unión, de la Jefatura Nacional de Tarjetas, con sede Santa Cruz de la Sierra, fueron llevados a La Paz para declarar. Horas más tarde fueron enviados a Palmasola.

* El miércoles 1 de noviembre, otros trabajadores de la institución (tres varones y tres mujeres) fueron convocados y más tarde enviadas a an Pedro y al Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Entre ellos altos ejecutivos del Banco.

* El 7 de noviembre, la comisión de fiscales que investiga el caso tomó la declaración de la cajera de la agencia de Batallas, quien ejercía el control dual de la bóveda de Batallas junto con Juan Pari. Tras interrogarla, dispuso su detención preventiva en la cárcel de mujeres de Miraflores.

Ese mismo día, el padre de Juan Franz, Secundino Pari Choque quien era buscado se presentó, prestó su declaración y fue remitido a San Pedro.

* El 29 de noviembre fue detenido en la cárcel de San Pedro de Oruro, William Gott, por la presunta comisión de delitos de corrupción.

DEJAN CARGOS El millonario desfalco le costó el cargo a ocho personas: la gerente general de la institución financiera estatal, el gerente de Operaciones, el directorio en pleno y el síndico. El gerente nacional de Operaciones fue el primer funcionario de alto rango en ser destituido. A este, le siguió la GerenteGeneral de la institución.

Cuatro días después, el 27 de octubre, los cinco integrantes del directorio presentaron renuncia colectiva. A ellos se sumó el síndico.

(Resumen hemeroteca: OPINIÓN, La Razón y Página Siete)