La migración de las personas del Norte de Potosí se da en medio de una evasión de cualquier tipo de controles y la impunidad de los delitos, de los cuáles son víctimas.

Esto hace que las autoridades llamadas por ley no cuenten con el registro de ningún caso relacionado con niños o mujeres del área rural.

Para llegar a la ciudad, estas personas utilizan camiones que les cobran entre 30 y 40 bolivianos. A sus comunidades no llega el servicio de transporte interdepartamental (flotas).

Las mujeres se organizan para ubicarse en lugares específicos y pedir limosna, pero no por mucho tiempo. Hay una rotación que evita su seguimiento.

Durante las fiestas de fin de año, su organización es mucho mayor y se suman también los varones.

EL TRABAJO La directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Marisol Zenteno, advirtió que la atención de esta población se dificulta por las competencias establecidas de la Ley 548 del Código Niño, Niña y Adolescente, en el ámbito municipal.

Explicó que cada municipio tiene su autonomía de gestión y debe intervenir en su zona de acción.

MENDICIDAD FORZADA Reconoció que se puede hacer un control en el marco de la Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas, donde se establece como un delito la mendicidad forzada. Consiste en forzar a un niño, niña, adolescente o persona adulta a pedir dinero u otros beneficios en la calle o cualquier otro lugar público o privado, a favor de un tercero.

Sin embargo, actualmente no existe ninguna denuncia, ni proceso por este delito.

Los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) están enfocados en la violencia contra la mujer y desconocen estos casos.

La responsable Mónica Guzmán aseguró que como promotores de la denuncia y la protección, no recibieron ninguna denuncia relacionada con esta población.

Por su parte, Zenteno indicó que se requiere un trabajo de calle para hacerles un seguimiento pormenorizado y verificar la situación de cada uno de los niños. El contratiempo es que “se mueven mucho” y en algunos casos “desaparecen”, lo que dificulta verificar la existencia de algún delito.

Desde el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) reportan un trabajo de prevención en las provincias para evitar la salida de los migrantes.

Según la responsable de la dirección de Trata y Tráfico, Mariela Serrano, se trabaja en coordinación con los SLIM y Defensorías. Recordó que el traslado de personas sin la debida autorización está tipificado como un delito de trata.

En la búsqueda de los niños

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia no cuenta con ningún trabajo específico enfocado a esta población. Sin embargo, la directora Marisol Zenteno informó que se tiene un proyecto listo para su ejecución. Se trata del relevamiento de información sobre los niños en situación de vulnerabilidad. Para esto se ha garantizado la implementación de un equipo, conformado por diez trabajadores sociales. Actualmente ya se cuenta con el presupuesto que garantiza su ejecución.

Estos profesionales se encargarán de analizar la situación de esta población y posteriormente elaborar programas y proyectos que ayuden a promover sus derechos.

La Defensoría es la instancia dependiente de los gobiernos municipales que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos. Entre sus atribuciones están diseñar e implementar programas y servicios municipales de prevención, protección y atención de la niña, niño y adolescente, para el cumplimiento de las medidas de protección social.

Expuestos a los raptos, accidentes y extravíos en la calle

Accidentes, extravíos y raptos son algunos de los riesgos que corren los niños migrantes del Norte de Potosí en la calle.

En su afán de obtener una moneda, se han dado casos de accidentes de tránsito.

Asimismo, cuando recorren la ciudad en busca de un espacio para pedir limosna, los más pequeños se pierden. Es el caso de un niño de 6 años que desapareció de la iglesia donde fue a desayunar con su mamá y sus otros tres hermanos menores.

La mujer lo buscó durante un año y logró encontrarlo, pero totalmente cambiado. La familia que lo cobijó le enseñó muchas cosas, entre ellas a comer en una mesa, con cubiertos, hablar y vestirse bien.

El otro caso es de una niña de 7 años que fue raptada en Cochabamba y la encontraron en Santa Cruz. Le cortaron el cabello y cambiaron la pollera por un pantalón. Su comunidad ayudó en la búsqueda y junto con la Policía dieron con los delincuentes que fueron enviados a la cárcel.

La exposición a estos riesgos no detiene la migración.