Penalizaciones estarán vigentes en 60 días; buscan revertirlas
Dentro de 60 días, la segunda quincena de octubre, la administración Trump penalizará a los inmigrantes legales que dependen de los programas públicos, tales como los cupones de alimentos y las viviendas subsidiadas por el Gobierno, como parte de una nueva política radical de desacelerar el flujo de inmigración legal a los Estados Unidos y reducir la cantidad de inmigrantes a los que se le otorga el estatus legal permanente
Los defensores de la inmigración han prometidodemandar a la administración en un intento por impedir que la nueva reglamentación entre en vigencia. Decenas de miles de personas se opusieron a la reglamentación en una serie de comentarios públicos en los últimos meses
La medida tendrá el mayor impacto sobre los inmigrantes pobres que viven en el país legalmente y reciben beneficios públicos del Gobierno, obligándolos a elegir entre aceptar la ayuda financiera y vivir y trabajar en el país legalmente. Probablemente no afectará a los inmigrantes que ya tienen su green card
Estados Unidos quiere inmigrantes que puedan autoabastecerse, de acuerdo con la reglamentación, no aquellos que “dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades”, según la nueva reglamentación
Esa medida le dará a la administración Trump una nueva herramienta poderosa para reducir la demografía de personas que van a vivir y trabajar a ese país
Esta reglamentación ha sido prioridad absoluta para Stephen Miller, arquitecto de la agenda de inmigración del presidente Donald Trump, quien la considera como el cambio más significativo en materia de reglamentaciones que han alentado a los migrantes para ir a Estados Unidos.
APORTE DE LOS INMIGRANTES
Alrededor de ocho millones de los casi 11 millones de inmigrantes se encuentran sin autorización en Estados Unidos. Representan alrededor de 5 por ciento de los trabajadores en los Estados Unidos, según el Centro de Investigaciones Pew.
Una encuesta hecha a fines de 2017 por una asociación de empresas contratistas, reveló que el 70 por ciento de las constructoras tenían problemas para contratar reparadores de techos, albañiles y electricistas. Y el sector de hotelería y servicios de alimentación reportó un número record de vacantes en octubre de 2018. Históricamente, la regulación de la frontera con México "siempre se ha basado en las necesidades de la economía", dijo Tilly
Eso ya no ocurre con tal regularidad en el Gobierno de Trump
Giovanni Peri, economista que estudia la inmigración laboral en la Universidad de California, campus Davis, señaló que si ocurriera un recorte real de la inmigración no autorizada, la economía de Estados Unidos se contraería y eso afectaría a todos
"Sectores como la construcción, la agricultura, la vivienda y los servicios personales, sufrirían una reducción drástica", dijo Peri. "Algunas empresas cerrarían y optarían por reubicarse. Se perderían empleos. Algunos pueblos y ciudades verían desaparecer a la mitad de su población", agregó
Los inmigrantes no autorizados representan alrededor del 24 por ciento de los trabajadores agrícolas, pesqueros y forestales en territorio estadounidense. Y son el 15 por ciento de los empleados del sector de la construcción. En 2016 casi una cuarta parte de los empleados de restaurantes eran extranjeros, mientras que el índice general para todas las actividades estaba estimado en un
18.5 por ciento , según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales recopilados por la Asociación Nacional de Restaurantes. Lo más probable es que una gran proporción sean no legalizados.