Cochabamba, martes 20 de agosto de 2019

80 por ciento de agresores sexuales es familiar y solo el 0.4 por ciento recibe una sentencia

| DAYANA FLORES A. Twitter: @DayanaOpinion | 28 jul 2019

Una niña sentada en la puerta de su habitación.Algunos embarazos infantiles esconden años de tortuosas y reiteradas vejaciones sexuales que ocurrieron a escasos metros de madres de familia, hermanos u otros parientes de las víctimas, pero sin que ellos lo sospecharan. Así sucedió con Carlita (nombre que preserva la identidad de la víctima), quien fue violada por su padrastro desde que tenía 11 años. El autor, un suboficial de la Policía de Oruro, embriagaba a la mamá de la niña para que estuviera inconsciente mientras consumaba sus actos, apenas a unos centímetros de ella. El violador no pudo deshacerse del hermanito menor de la víctima, quien testificó todo varias veces; en más de una ocasión fue golpeado cuando intentó salvar a Carlita de ese régimen de violencia

Algunas actitudes de Carlita que debieron llamar la atención de su familia, pasaron desapercibidas. La menor de edad no quería salir de su habitación, ni comer. Ni siquiera levantó duda en sus parientes los síntomas de su embarazo, hasta que su cuerpecito no soportó el malestar, la llevaron a un centro médico donde descubrieron todo

La coordinadora de la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE), María del Carmen Arispe, así como la abogada de esa institución, Verónica Roque, coincidieron en que, detrás de las violaciones sexuales a menores de edad, casi siempre hay un familiar

La jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Cochabamba, Raquel Nogales, puntualizó que el 80 por ciento de los agresores sexuales es un miembro de la familia de la menor de edad

El padrastro de Carlita aprovechó su pertenencia a la institución policial para amedrentarla y mantenerla callada durante tres años. Le decía que a él nadie podía hacerle nada, por lo que la niña se resignó a soportar las vejaciones sexuales

La madre de Carlita denunció a su pareja en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), pero hay otros casos que no llegan ni siquiera hasta esa instancia

La representante del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Bolivia (Cladem), Patricia Bráñez, dijo que solo el 0.4 por ciento de los agresores sexuales de menores de edad son sancionados, con base en un informe de la Defensoría del Pueblo. “Es bajísimo”, observó

Esto, en su criterio, se debe a que no hay una articulación entre las instituciones que forman parte del sistema de salud y la administración de la Justicia. Consideró que, una vez que una niña embarazada llega a un centro médico, el personal debería de corroborar si el autor de su violación  ya fue denunciado o no. “De acuerdo al procedimiento técnico, están obligados a hacer una denuncia cuando llegan casos de este tipo, pero, generalmente, no hacen ni seguimiento”

A esto se suma que, algunos papás de las víctimas, frenan los procesos judiciales por temor a los prejuicios familiares que conlleva acusar a un pariente.
CONDENA
Concretar una denuncia a un autor de una violación y embarazo no es simple para una víctima, tampoco lo es seguir el proceso judicial hasta que se dicte una sentencia en su contra. Algunos agresores sexuales de niñas o adolescentes que resultaron embarazadas contratan abogados que les ayuden a cambiar el delito de violación por estupro, que consiste en tener una relación sexual con un menor de edad, valiéndose del engaño o de la superioridad que tiene sobre ella. El objetivo es reducir su condena

Patricia Bráñez explicó que, cuando están ante el juez, los acusados argumentan que tuvieron relaciones sexuales con menores de 15 años bajo su consentimiento. “El Cladem considera que todos los embarazos de las niñas menores de 15 años son violaciones, son relaciones obligadas, por lo que no se deberían de reconvertir o retipificar como estupro”

Bráñez explicó que el estupro se sanciona con tres a seis años de privación de libertad,  mientras que una violación implica una pena de hasta 30 años si hubo agravantes, como lesiones graves o gravísimas o la muerte de la menor de edad

Sugirió que las autoridades revisen la normativa y eliminen el delito de estupro.
CIFRAS
Entre enero y mayo de 2019, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba recibió seis denuncias en contra de adultos que tuvieron relaciones sexuales, supuestamente consentidas, con menores de edad

Al margen, en el municipio se presentaron 23 denuncias por violación, también entre y mayo de esta gestión.



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