Cochabamba, sábado 24 de agosto de 2019

Fugan profesores y misioneros que violan a niñas hasta de kínder

Santa Cruz fue sacudida por graves y escandalosos hechos protagonizados por personas a las que padres de familia confiaron la educación de sus hijos. Hay varios casos con sentencia, pero no los condenados.
| BETTY CONDORI ROJAS Twitter: @becor2002 | 14 jul 2019

El caso de los tres misioneros acusados de abuso sexual será retomado este 17 de julio.

La inocencia de niñas y adolescentes terminó en manos de sus profesores. En Santa Cruz, tres casos causaron conmoción e indignación porque los autores de los vejámenes huyeron, muchos están fuera del país. Se fueron sin pagar sus culpas.

Informes de organizaciones de defensa de la niñez, adolescencia y de las mujeres dan cuenta de que Santa Cruz es uno de los departamentos con mayor índice de violencia, principalmente sexual. Así lo demuestran los siguientes casos.



EN COLEGIO CRISTIANO

Todo pasó en un cuarto de oración. Los niños y niñas de prekínder eran sacados de las filas para ser conducidos hasta una habitación especial. Allí les daban muñecos y muñecas con los que ejercían juegos eróticos, actos sexuales. En lugar de abrir y cerrar las manos, lo hacían con las piernas. Les impulsaban a darse golpes entre ellos.

Sucedió en uno de los colegios cristianos más caros de Santa Cruz, en 2015, a donde ingresaban solo menores de edad con dominio de inglés, casi exclusivo para misioneros, hijos de misioneros con currícula americana y gente que era parte de la iglesia.

Carmen, una madre de familia, descubrió cómo su niña, de apenas cuatro años, era abusada por un grupo de pedófilos.

Los misioneros habían llegado de Estados Unidos y sentían atracción erótica o sexual hacia los niños.

Fueron denunciados tres funcionarios del establecimiento Cristhian Learning Center, ubicado en La Guardia, y acusados por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

Carmen denunció el hecho, pero hubo irregularidades en el proceso y pérdida de documentos. Recibía llamadas telefónicas e incluso cartas amenazándola. Sentía un poder económico detrás. Las audiencias extrañamente se suspendían, hasta los jueces insistían a la madre para que llegue a un arreglo o permita un juicio abreviado.

De los tres denunciados, Jamie Kabernick –profesor- y Benjamin Smith –hijo de misionero-, de nacionalidad estadounidense, se fugaron, mientras que Misty López, que era directora del colegio, enfrenta juicio oral.

Jamie y Benjamín se esfumaron. Se fueron por vuelo a Estados Unidos. Contra Misty López, también estadounidense se emitió una orden de arraigo y de detención que duró poco y se benefició con detención domiciliaria. Volvió al colegio, dejó de ser directora, pero es maestra de atletismo.

Desde 2015, Carmen tuvo que testimoniar muchas veces lo sucedido con su niña y, a pesar del daño que le causa recordar esos momentos, dice que lo hará cuantas veces sea necesario “a fin de que se haga justicia y los pedófilos paguen por el crimen que cometieron con su niña y otros”.

Greta Vargas, integrante del grupo feminista Mujeres Creando, es psicóloga y asegura que hay más personas implicadas, pero que las madres han sido amedrentadas y no denuncian. “Hay negación en ellas”.

Valora la decisión de Carmen porque por cuatro años se ha enfrentado al amedrentamiento de abogados, de policías, de fiscales y jueces que, incluso, le ofrecieron dinero para que le dé amnesia.

Vargas asegura que es fácil evadir la Justicia cuando hay poder económico. “La Policía es una instancia corrupta y (los funcionarios) se aprestan a hacerse a los locos”.

Mientras los dos misioneros están prófugos, la niña recibió decenas de sesiones de apoyo psicológico, pero “hay momentos en que entra en crisis emocional”. Ella tiene hoy ocho años.



ESCÁNDALO ES

ESCUELA DE ARTE

Angui (nombre cambiado) siente impotencia. La niña de sus ojos, de 16 años, ingresó a dos escuelas de arte para forjarse como bailarina, pero halló un infierno porque fue víctima de abuso sexual por profesores. La madre dolida, desató un escándalo en Santa Cruz al denunciar el hecho. Acusó a nueve personas, de ellas tres están en la cárcel de Palmasola, otras se defienden en libertad y una huyó.

La afligida madre rompe en llanto al relatar los hechos sucedidos en 2016-2017. Los abusos ocurrieron en varias oportunidades.

Además de Angui, hubo otras dos denuncias más de padres de familia por el mismo delito, pero al final ella quedó sola y no fue fácil enfrentar la “caótica, incrédula y perversa estructura judicial”.

Tras destapar los supuestos hechos, su niña, fue víctima de bullyng. Los investigadores le hacían “caras” al verla. La ayuda psicológica era insuficiente para enfrentar lo que la gente veía como “normal”. “Decían que era natural que los estudiantes se enamoren de sus profesores y hagan locuras”.

Según la denuncia, la hija de Angui fue agredida en las escuelas de baile MagnificArte y Apasionarte. Hubo profesores que le hicieron toques impúdicos, mostraban videos pornográficos, le pedían fotos desnuda y relaciones sexuales.

“El director de la escuela sabía de todas las agresiones no solo a mi niña, sino a otras, y no hizo nada”, reclama Angui.

Confiesa que revivir aquellos momentos es una sensación muy fuerte. “Vivimos por lo menos 10 meses de pesadilla. Pedí apoyo de psicólogos. Son muchas las personas comprometidas de las escuelas”.

Señala también que su hija sufre convulsiones y que ella siempre trataba de estar cerca.

El 8 de junio de 2018 presentó denuncia escrita sobre el ilícito, mencionando también los casos de otras dos niñas. Acompañó audios, fotos y testimonios. Esperaba que dieran celeridad a la investigación, tal como establece la norma respecto a casos de violaciones y feminicidios.

De todos los casos que sabían que existían por vejaciones solo tres fueron denunciados. Hubo nueve acusados, pero ningún sentenciado aún.

1. El profesor J.L. está recluido en Palmasola, por violación.

2. G.T. por intento de violación y abuso sexual, también en Palmasola.

3. A.C. por toques en las partes íntimas de los menores, enviaba videos. Está en Palmasola.

4. K. es un adolescente acusado de estupro y cumple detención domiciliaria.

5. El director de la escuela A.I.. fue incluido y se defiende en libertad.

6. La profesora F.S. es procesada por encubrimiento.

7. F.V. es acusado por complicidad.

8. J.D.C. mostraba videos teniendo intimidad con su novia y sugería hacer tríos. Es acusado por corrupción de menores.

El noveno imputado es un profesor de nacionalidad peruana. Cuando se emitió la orden de aprehensión y la Policía lo buscó, este ya no fue habido. Se conoce que salió del país por tierra. Se trata de Steven Dolorier. Fue imputado por corrupción de menores. Pedía fotos a las niñas y cometió abuso sexual.

El Ministerio de Educación poco después certificó que ambas escuelas carecían de registro o licencia de funcionamiento. Cerraron por pocos días y pronto volvieron a abrir.

El Director Departamental de Educación en conjunto con el Sub-director de Educación Superior y Técnicos de la repartición, realizaron el precintado y clausuraron el lugar, “con la finalidad de sentar un precedente ante el funcionamiento ilegal de centros e institutos que no cuenten con la autorización y personal certificado para otorgar los cursos ofertados·.

De acuerdo a lo que reporta la prensa en ese entonces, el director Departamental de Educación, Salomón Morales Fernández, señaló que “como autoridades de educación, realizaremos el seguimiento a los institutos y centros de capacitación para verificar que cuenten con la Resolución Ministerial con la única finalidad de resguardar la integridad física y psicológica de nuestros estudiantes”.

Angui siente que la Justicia es muy lenta y que pese a que transcurrieron tres años, la sentencia no llega y la “complicidad parece imponerse”.



MENONITA “VIOLADOR”

Esta historia sucedió en la comunidad de los menonitas, en Santa Cruz. Abraham Friesen Peter violó a una niña de 11 años y 10 meses, en 2016, además de a un adolescente de 15 años.

La localidad se llama Nueva Esperanza y está a 45 kilómetros de San José de Chiquitos, en la Chiquitania.

“El hombre estaba detenido, pero se benefició medidas sustitutivas y fugó, quizá porque sabe que la sanción por el delito de violación agravada es de 25 años de cárcel, por eso prefirió irse a otro país”, recuerda Coral Basma, abogada e integrante de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz.

Señala que, el ahora fiscal departamental Mirael Salguero, era en ese entonces vocal en el Tribunal de Justicia de Santa Cruz y fue quien atendió el caso. El menonita estaba en prisión, pero el Vocal admitió la solicitud de cesación a la detención “sin verificar lo que argumentaba”.

Era una denuncia muy fuerte. “Me ofrecieron 25 mil dólares para que deje el caso, obviamente no recibí”. El abogado del acusado dijo que ya no había riesgo de que se acerque a la víctima “porque había vendido su casa y se había a otro lado”.

“Era una mentira lo que dijo el abogado. La comunidad menonita tiene propiedad colectiva y nadie puede vender ningún terreno, pero Salguero no comprobó aquello, creyó en el informe y lo dejó salir”.

El proceso ya estaba en la etapa de acusación y posiblemente se quede sin justicia porque el hombre se escapó.

Frente a estos hechos, Basma plantea que, cuando las víctimas sean menores de edad, no debería proceder la cesación a la detención. “Hay necesidad de corregir el Código de Procedimiento Penal. Si los menores identifican al violador y el informe forense respalda el desgarro, no puede haber liberación”.



CAPTURADO POR

CASUALIDAD

Basma cuenta el caso de un sentenciado adolescente de 16 años, señalado por intentar violar a su sobrina de 6. Era tío de la menor y se había fugado ayudado por su madre. Estaba desaparecido un año. Pero hace dos semanas, el padre de la niña se encontró cara a cara con el prófugo, en la terminal de buses.

Él tiene ahora 19 años. “Reaccionó entonado y más bien le reclamó al padre”. Pero el padre andaba con el mandamiento de detención bajo el brazo, buscó a unos policías y lo ejecutó.

La directora de la Casa de la Mujer, Miriam Suárez, una organización de apoyo que cuenta con un refugio para las víctimas, asegura que la violencia es el pan de cada día. Su experiencia le permite asegurar que de 10 casos que llegan hasta la institución, los 10 refieren a agresión psicológica y ocho física.

La abogada de la misma institución, Ana Paola García especifica que según un informe de Examen Periódico Universal (EPU), desde 2013 cuando se abre la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCV, a diciembre de 2017 se han registrado 149.517 denuncias por violencia machista de las que solo 0.06 por ciento llegaron a tener sentencia.

Estos resultados, afirma García, hacen que la población desconfíe de la Justicia porque ella “debe dar una respuesta efectiva por parte del Estado, lograr una sentencia firme e idealmente, llegar a la reparación del daño a las víctimas”.

En tanto que, Camila Jordán Garnica, presidentra de la organización de Mujeres y Familia Contra la Corrupción relató el caso de violador en un hogar de niños. El sospechos creció en el lugar y se denunció que una niña fue abusada desde que tenía 7 años. El hecho recién se conoció hace cinco meses, sin embargo le dio tiempo al presunto criminal a fugarse al Brasil.

Camila plantea la “castración de los abusadores, una drástica modificación que tendría que incluirse en la Constitución Política del Estado y la Ley 348”.



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