Cochabamba, sábado 24 de agosto de 2019

Cuando abogados, policías, jueces y fiscales “se hacen a los opas”

El Fiscal de Oruro denunció a varios jueces y echó a seis fiscales involucrados en corrupción. Advierte la existencia de consorcios. Un juez confiesa que al Gobierno “le conviene no hacinar más los penales”.
| BETTY CONDORI ROJAS Twitter: @becor2002 | 14 jul 2019

Zulma Mamani recibió 27 puñaladas de su expareja, sobrevivió y presentó demanda, pero aún no hay condena. Norah Foronda muestra la foto de su hija Beatriz, asesinada por su concubino. Ambas se sienten inseguras, en Oruro.

Es difícil vencer el miedo. Denunciar al agresor, al violador o al asesino requiere de armarse de valor. La lucha es contra toda una estructura judicial burocrática y económicamente inalcanzable las más de las veces.

Lograr que un criminal sea sentenciado es un triunfo que requiere de paciencia, dinero y “buenos contactos”, principalmente con la Policía, aseguran las víctimas.

La abogada e integrante de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz Coral Basma señala que “no hay justicia para los pobres. El dinero puede hacer muchas cosas y consigue que policías, jueces y fiscales se hagan a los ‘opas’ (tontos o desentendidos). El 99.99 por ciento de los casos en la Justicia se maneja con dinero”.

En Oruro, las víctimas también afirman que policías, abogados, fiscales y jueces “se hacen de la vista gorda”, es decir, fingen que no han visto algo. Dicen que “tuvieron que convertirse en investigadores para resolver los casos”. Los testimonios demuestran esta situación.

Carmen Vásquez perdió a su hijo Jaime Canchari hace un año, cuando fue asesinado en su propio hotel. La agudeza y decisión de su otro hijo menor hizo que descubra elementos importantes y llegue a un cuarto criminal; Zulma Mamani es una sobreviviente de feminicidio. Su expareja le asestó 27 puñaladas, estuvo en terapia intensiva y tras volver a la vida tuvo que leer libros para, casi sola, manejar la demanda contra el agresor; Norah Foronda necesitó disfrazarse para capturar al presunto asesino de su hija Beatriz Guachalla y así evitar que se vaya a España porque ya había tramitado la visa; y Pamela Ayaviri Challapa exige justicia para la muerte de su prima Ibeth Moya y su cuñado Marcos Céspedes, asesinados en Villazón, junto con el padrino de aros de la pareja, en 2018. Ella presume que la acusada del crimen, “una comerciante acaudalada ‘compra’ a operadores de justicia porque la investigación no avanza.

Todos tienen sensación de inseguridad, desconfianza y temores.



¿QUÉ SUCEDE?

Un juez de Ejecución Penal (que prefiere mantenerse en el anonimato), el presidente del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, José Antonio Baldelomar Serrano; el fiscal Departamental de Oruro, Orlando Zapata; y el delegado Defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, hablan del tema.



JUEZ

Uno de los cuatro jueces de Ejecución Penal de Santa Cruz analiza las falencias. Inicia por las carencias. “Los representantes del Ministerio Público tienen sobrecarga, son pocos y debería duplicar el número de funcionarios, pero también los policías tienen problemas y a veces les falta medios para movilizarse”.

Pero, considera que en la realidad, “hay una dejadez del Gobierno -y de todos los gobiernos que han pasado- porque no asume responsabilidad verdadera de la Justicia para actuar y, en el caso de prófugos, atrapar al prófugo”.

“Cuando un caso no tiene mayor importancia, todo el mundo se hace de la vista gorda. Pero cuando hay un caso de relevancia y hay presión, la Policía y la Fiscalía se movilizan”.

Ahí hay un balance -justifica-. “porque si la Policía mete a todo el mundo a la cárcel, no sé dónde vamos a llegar. Los penales están hacinados. Hasta conviene que estén rebeldes”.

El número de fiscales, de policías e incluso de jueces es insuficiente para atender tantas causas. “Hay que crear más items o tener más policías formados y concientes, elevar el sueldo y fiscalizarlos para evitar la corrupción”.



MAGISTRATURA

En tanto, el presidente del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, José Antonio Balderrama, asegura que desde que ingresó al cargo, en mayo pasado, “instruyó que la atención sea ágil y sin corrupción”.

“Con nuevas políticas de administración, estamos tratando de ser implacables contra los corruptos”.

También pide que la gente entienda que un proceso penal tiene fases y plazos procesales, “a veces cree que el denunciado debe estar tras las rejas e incluso los casos son manejados mediáticamente”.

Baldelomar coincide en que existe una carencia de valores éticos que parte de los abogados patrocinantes. Respecto a jueces, informa que descubrieron casos irregulares en anteriores gestiones. “Habían funcionarios que eran parte de consorcios de fiscales y jueces. Se aplicaron sanciones que llegaron hasta la destitución”.

Recibe a diario quejas de la gente por la comisión de irregularidades de los jueces. “La Unidad de Control y Transparencia analiza y aplica lo que corresponde a través de juzgados disciplinarios”. Afirma que hay tres jueces procesados y que existen autoridades suspendidas o con memorando de agradecimiento de servicios.

“Hemos notificado a dos jueces de provincias con procesos sancionatorios de suspensión de actividades por 30 días. El Consejo está siendo implacable con relación a la conducta del juez.

La gente se queja más por la suspensión de audiencias.

Respecto el cuestionamiento a la justicia señala que obedece a un tema estructural y está relacionado a los valores que tienen que tener los operadores.



FISCAL

El fiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata, está en funciones ocho meses. Dice que, cuando asumió el cargo, encontró consorcios de abogados, fiscales y jueces que conforman “La Hermandad”.

Admite que si hay demoras en la aplicación de la justicia es porque los abogados -tanto de la defensa como del imputado- alargan las audiencias con tecnicismos o chicanas. “Pasan por temas de corrupción. A veces, fiscales o jueces se prestan buscando que pase tres años y se extinga la acción”.

Zapata señala que, al entrar al cargo, encontró a fiscales cobrando a litigantes con “tarifas establecidas” para distintos actuados. Investigamos y hallamos que no se hacían movimientos de causas. Se sacó a seis fiscales que manejaban de manera ‘rara’ sus despachos.

Zapata procesó a un juez y a un excomandante de la Policía. “Algunos jueces como Sergio V. y Sandro Q. este último acusado en un caso de la Dirección de Bienes Incautados eran intocables”.

Agrega que hay estructura sólida detrás del ilícito de autoridades judiciales o funcionarios del Estado. “Hasta yo sufrí persecución de tres autos”.



DEFENSOR

Para el delegado de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, “es muy fácil y cómodo (para los delincuentes) evadir la justicia e intentar burlarse de ella”.

Está seguro que hay una ausencia de política criminal del Estado. “No hay ni en lo departamental ni en lo nacional. No se tiene idea de cómo generar persecución contra aquellos que evaden la justicia”.

Ejemplifica con el caso de Rodrigo, el policía que estando en Sacaba con una denuncia abierta por violación a una adolescente de 13 años, desde hace un año, no fue aprehendido y hoy está prófugo.



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