Cochabamba, viernes 19 de julio de 2019

Polémica “ley del latido” pone en jaque al aborto en EEUU

Esa práctica está restringida en 12 estados de ese país, gracias a 27 normas que se promulgaron en lo que va de 2019. Solo en Misuri, hay más de 50 mujeres a la espera de que les realicen ese procedimiento.
| | 09 jun 2019

Una mujer aguarda en el área externa de un hospital de Misuri (EEUU), donde practican abortos.

El acceso al aborto se ha convertido en un punto neurálgico en Estados Unidos, donde, en lo que va de 2019, ya se han promulgado un total de 27 normas legales que prohíben o restringen esa práctica en 12 estados.

El caso más reciente fue el del estado de Luisiana, donde el día 29 de mayo se aprobó una ley que prohíbe la realización de un aborto una vez que se detecta un latido del corazón del feto, conocida como un "la ley del latido".

Un latido fetal puede ocurrir entre las seis y las ocho semanas de gestación, a menudo antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. La ley no incluye excepciones por violación o incesto.

Luisiana se une a los estados de Georgia, Misisipi, Kentucky, Misuri y Ohio en contar con una "ley del latido", y establece una pena de hasta 10 años y multas de hasta 100.000 dólares para quienes la incumplan. Alabama es aún peor porque prohíbe el aborto en cualquier circunstancia y condición.

El 31 de mayo, un juez bloqueó temporalmente que la última y única clínica de abortos de Misuri cerrase, lo que le hubiera convertido en el primer estado del país en no tener acceso al aborto en 45 años.

El doctor David Eisenberg tiene cita con unas 50 pacientes que quieren interrumpir su embarazo en San Luis, Misuri, Estados Unidos. Pero, por primera vez desde que ese país legalizó esa práctica en 1973, no podrá garantizarles el acceso a un aborto legal y seguro.

Eisenberg dirige la única clínica que aún practica abortos en Misuri, un búnker de ladrillo blanco con ventanas tapiadas y un detector de metales en la entrada al que cada mes viajan decenas de mujeres de un estado tan grande como todo Uruguay.

Misuri estaba a punto de convertirse en el primer estado de Estados Unidos sin acceso al aborto legal, ante la negativa de las autoridades a renovar una licencia. Su gobernador, el republicano Mike Parson, firmó una ley para prohibirlo en casi todos los casos, incluida la violación y el incesto.

"Por ahora", la clínica está en funcionamiento, pero la justicia volverá a examinar el caso. Es posible que el mandato se efectivice en tres meses.

Organizaciones de mujeres y defensores de los Derechos Humanos reclamaron a la Justicia que si esa clínica cerraba, Missouri se convertiría en el primer estado de los Estados Unidos sin acceso a la práctica legal, desde el fallo de la Corte Suprema Wane vs. Rode, en 1973

El doctor David Eisenberg dijo: "Tengo que explicar a mis pacientes que no sabemos si vamos a poder efectuar su aborto la semana que viene".

El Director del centro describió el aborto como "un servicio de salud básico", un discurso casi incendiario en un estado que lleva años erosionando el acceso a ese procedimiento.

"El estado de Misuri está liderando la ofensiva (conservadora en EEUU) para que las mujeres dejen de ser miembros igualitarios de la sociedad, para controlar sus cuerpos y su reproducción", opinó Eisenberg.

Abortar en Misuri es una odisea salpicada de estrictos requisitos legales tanto para las pacientes como para las clínicas, que han ido cerrando sus puertas en las últimas dos décadas ante la imposibilidad de demostrar, por ejemplo, que sus médicos tenían lazos con hospitales locales, inexistentes en las áreas rurales.

Ahora, el Estado investiga presuntas "prácticas deficientes" y se niega a renovar su licencia mientras no entreviste a todo el personal médico, algo que algunos rechazan porque podría exponerles a cargos criminales.

"El estado no está interesado en si los cuidados que proporcionamos son legales y seguros, y la ley que acaba de firmar el Gobernador lo demuestra. Lo que les interesa es regular los cuerpos de las mujeres", subrayó Eisenberg, que sí se ha sometido a una entrevista, pero no quiso dar detalles del tema.



DETALLES

En la verja de entrada a esa clínica, una joven de ojos azules y chaleco anaranjado ejecuta con precisión su técnica diaria: acercarse con gesto amable, pero firme a los automóviles que ingresan en el aparcamiento para que se detengan y, si lo consigue, intentar convencer a la ocupante de que prosiga con su embarazo.

"Mucha gente cree, cuando llega, que esos voluntarios trabajan con (la clínica de) Planned Parenthood, pero no tienen nada que ver. Y les intimidan", explicó el guardia de seguridad Carl Gudiswitz a Efe.

A sus 79 años, Gudiswitz mantiene cada miércoles un pulso pacífico con los activistas contrarios al aborto: vestido con un chaleco multicolor en el que puede leerse "escolta de la clínica", se coloca en la entrada del centro y mueve los brazos para indicar a las pacientes que es él, y no ellos, quien les ayudará a entrar.

"Nadie debería gritar o juzgar (a las mujeres) por solicitar servicios básicos de salud", opinó Eisenberg sobre los manifestantes.

"También me juzgan a mí, y eso me afecta cada día. Les oigo gritarme cosas horribles, y sabía que iba a experimentar eso en este trabajo, porque fui escolta voluntario de una clínica cuando estudiaba en la Universidad de Alabama. Pero, los pacientes que llegan no lo esperan, y eso me indigna", añadió.

Las manifestantes de chalecos anaranjados no quieren hablar con Efe. Pero, en la esquina de la clínica, Reagan Barklage mira a la cámara de su celular y grita con entusiasmo: "¡El aborto debe acabar!".

"Estoy muy emocionada", declara a Efe la joven de 27 años, directora regional de la organización Estudiantes por la Vida, que la semana que viene se organizará una manifestación en la clínica para "celebrar" su probable pérdida de licencia para abortar.

"Todas las vidas son valiosas, sin importar cómo se concibieran", recalca Barklage, que se opone al aborto, incluso en casos de violación o incesto, pero se atasca al intentar justificarlo.

Mientras ella sueña con el día en que la ola de leyes aprobadas en varios estados lleven al Supremo a revisar la legalización del aborto en EE.UU., Eisenberg solo puede pensar en la "atroz" perspectiva de que, a futuro, es posible que las mujeres de Misuri tengan que cruzar la frontera para interrumpir su embarazo.

"Las que más van a sufrir son las que no tienen medios, las más vulnerables", advirtió.



CASOS

En el tercer mes de embarazo, Jennifer Box descubrió que su futura hija padecía un síndrome que la habría "condenado a una vida de agonía" y tomó la dolorosa decisión de abortar. Lograrlo implicó superar una carrera de fondo en Misuri, donde esa prestación corre el riesgo de extinguirse.

Su hija tenía nombre, Libby Rose, y era "muy deseada". Para Box, privarla de haber sufrido y, seguramente, haber fallecido a los pocos meses de vida fue un acto "de compasión y de amor".

Hablar de ello no es fácil, pero Box lo ha repetido este año ante el Congreso estatal de Misuri para intentar, sin éxito, que no se aprobara un veto al aborto en casi todos los casos, incluidos la violación y el incesto.

Aunque quedan tres meses para que entre en vigor esa ley, Box cuenta su historia otra vez porque la clínica que la ayudó a interrumpir su embarazo, la única que aún practica abortos en Misuri, corre el riesgo de perder la licencia.

Box, que habló con Efe antes de ese fallo en la clínica Planned Parenthood de San Luis, en Misuri, está embarazada de seis meses y espera una niña, su tercera hija. Todo va bien esta vez y el alivio se nota en su rostro.

Pero, aún piensa en Libby Rose y en la devastadora noticia que recibió el año pasado, cuando la pequeña llevaba doce semanas en su vientre.

"Nos dieron los resultados de la prueba genética y el feto tenía un alto riesgo de trisomía 18 (síndrome de Edwards), una anomalía cromosómica que provoca que la mayoría de los bebés nazca sin vida o muera a las pocas horas o semanas de haber nacido", explicó.

"Después de consultar con varios doctores y expertos en genética, decidimos que el mayor acto de compasión y amor que podíamos hacer como padres era poner fin al embarazo antes de que empezara su sufrimiento", añadió Box, de 38 años.

Si hubiera estado en vigor la ley que firmó la semana pasada el gobernador de Misuri, el republicano Mike Parson, Box no habría podido abortar en su estado, porque la medida prohíbe hacerlo a partir de las ocho semanas de embarazo, "cuando es imposible saber si hay alguna anomalía en el feto", aseguró.

Abortar en un estado que en la última década ha multiplicado las restricciones y provocado el cierre de numerosas clínicas fue "difícil" para Box, que tuvo que lidiar con "mucha desinformación y con gente que no quería" ayudarla, hasta que dio con los médicos adecuados.

Como todas las mujeres que abortan en Misuri, Box tuvo que acudir a consulta 72 horas antes del procedimiento y le entregaron lo que ella describe como "el libro de la vergüenza", un folleto del estado que los médicos están obligados a dar.

"Contiene información médicamente incorrecta. Es un libro pensado para intimidar a las mujeres, para insertar dudas en su decisión y crear división entre el doctor y su paciente", opinó Box.

El oficialmente llamado "folleto del consentimiento informado" advierte en negrita, según pudo comprobar Efe, que "el aborto acabará con la vida de un ser humano vivo, único e independiente" e insta a las mujeres a contactar con organizaciones antiaborto, como las que protestan a las puertas de la clínica de San Luis.

Si ese centro pierde su licencia, las mujeres de la zona aún tendrán una opción relativamente cercana para abortar: al otro lado del río Misisipi, ya en el vecino Illinois, hay una clínica privada donde interrumpir el embarazo es mucho más fácil porque ese derecho está protegido por la legislación de ese estado.

Box pensó en acudir a esa clínica el año pasado, pero para ella era una cuestión de principios: no quería "abandonar su estado como si estuviera haciendo algo malo", cuando la suya era "una decisión médica".

Aunque el aborto es técnicamente legal en EEUU desde 1973, una decisión del Tribunal Supremo en 1992 dio vía libre a los estados para regular esta práctica, lo que ha provocado que en buena parte del país interrumpir el embarazo en el siglo XXI sea más difícil que en el XX.

"Yo lo hice aquí, en la clínica de San Luis, el verano de 1999", explicó Athena Hall, una mujer de 40 años que protestaba para mantener el acceso a un derecho que, asegura, "salvó" su vida porque en ese momento estaba inmersa en "una relación muy violenta".

"Por entonces, entrabas y hablabas con alguien, pedías la cita, volvías y se acababa. No había un tiempo de espera como ahora. Una amiga muy cercana abortó el año pasado allí. Tuvo que ir tres veces a la clínica y hablar con un médico, después otro y después otro. Fue muy duro", aseguró Hall a Efe.  



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

MÁS NOTICIAS DE « INFORME ESPECIAL »:

Opinión en Twitter
Opinión en Facebook
Portada Impresa