Cochabamba, sábado 20 de julio de 2019

Escala conservadora contra los derechos reproductivos de las mujeres

| Tharanga Yakupitiyage Twitter: @DiarioOpinion | 09 jun 2019


El aborto ha sido siempre un tema polémico a nivel mundial, y el debate lejos de apaciguarse ha vuelto a intensificarse, con el creciente poder de los grupos neoconservadores, tanto religiosos como políticos, lo que obliga a las mujeres y a las organizaciones que las apoyan a levantarse en defensa de sus derechos reproductivos.

En respuesta a políticas cada vez más restrictivas, la sociedad civil está tomando medidas para ayudar a proteger el derecho a decidir de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo.

"El hecho de que los Estados no garanticen los derechos reproductivos es una clara violación de los derechos humanos", dijo la presidenta y directora ejecutiva del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés), Nancy Northup.

"El Centro está comprometido a utilizar el poder de la ley para garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso garantizado a los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva", agregó a IPS la lideresa de una organización basada en Estados Unidos y con una red de 280 organizaciones que actúan en 75 países.

La investigadora principal de Human Rights Watch, Margaret Wurth, se hizo eco de sentimientos similares, al afirmar que "ninguna sobreviviente de violación debe ser obligada a la maternidad sin la posibilidad de considerar un aborto seguro y legal".



NIÑAS, NO MADRES

Los países latinoamericanos tienen algunas de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo. Por ejemplo, El Salvador y Nicaragua penalizan en forma absoluta la interrupción del embarazo, mientras que Guatemala tiene una excepción solo cuando la vida de una niña o una mujer está en peligro.

Aunque el riesgo de mortalidad materna aumenta cuando se producen embarazos en niñas menores de 14 años, todavía muchas se ven obligadas a dar a luz.

Según CRR, más de 2.200 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en 2018 en Guatemala.

En Nicaragua, ocho de cada 10 sobrevivientes de violencia sexual son niñas menores de 13 años y el país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina, con 28 por ciento de las mujeres que dan a luz con menos de 18 años.

Fátima tenía solo 12 años cuando quedó embarazada después de ser violada por un hombre de su comunidad en Guatemala. Aunque el embarazo era riesgoso, los proveedores de atención médica nunca le ofrecieron un aborto legal.

Después de más de un año de abuso por parte del sacerdote católico de su comunidad, Lucía quedó embarazada a lo 13 años en Nicaragua.

Fátima y Lucía son ahora mujeres jóvenes y dos de las cada cuatro mujeres que han llevado sus casos al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el apoyo de organizaciones como CRR y Planned Parenthood Global (planificación familiar mundial), con el fin de buscar justicia y exigir el derecho al acceso a una interrupción del embarazo segura y legal.

"Demasiadas niñas en América Latina y en todo el mundo han sido puestas en situaciones que amenazan sus derechos y ponen en riesgo sus vidas porque no pueden acceder a la atención del aborto", dijo la jefa de Planned Parenthood Global, Leana Wen.

"Forzar a las niñas a continuar un embarazo sin importar sus circunstancias o deseos, no solo es cruel, sino que tendrá un impacto devastador para ellas, sus familias y sus comunidades", agregó la responsable de la filial internacional de Planned Parenthood Federation of America (federación de planificación familiar de Estados Unidos).

Desde entonces, gente de todo el mundo han mostrado solidaridad con las cuatro mujeres que publican #NiñasNoMadres: son niñas, no madres.



RETROCESOS EN EEUU

Si bien el aborto sigue siendo legal a nivel federal, estos movimientos amenazan la atención a la interrupción voluntaria del embarazo en forma segura y accesible en Estados Unidos,

"Estamos muy preocupados de que varios estados de Estados Unidos hayan aprobado leyes que restringen severamente el acceso al aborto seguro para las mujeres, incluso imponiendo sanciones penales a las mujeres mismas y a los proveedores de servicios de aborto", dijo la portavoz de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ravina Shamdasani.

"Hacemos un llamado a Estados Unidos y a todos los demás países para garantizar que las mujeres tengan acceso a abortos seguros. Como mínimo, en casos de violación, incesto y anomalía fetal, es necesario que haya un acceso seguro a los abortos", agregó.

Una prohibición total del aborto lleva a las mujeres y las niñas a buscar prácticas de aborto inseguras e ilegales.

Además, un reciente estudio encontró que las mujeres y las niñas sometidas a la interrupción del embarazo sin garantías de seguridad y legalidad también son más propensas a experimentar ansiedad a corto plazo y pérdida de autoestima, inseguridad económica y la pobreza, junto con la exposición a la violencia de pareja.



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