Cochabamba, domingo 24 de marzo de 2019

6 alcaldes llegaron a la cárcel

Detenidos en los penales, atravesaron dificultades y algunos incluso se volvieron líderes.
REDACCIÓN Twitter: @DiarioOpinion | | 17 feb 2019


Las cárceles de San Sebastián Varones, San Antonio, San Pablo de Quillacollo, San Pedro de Sacaba y la de Arani son los recintos donde fueron recluidos seis alcaldes, implicados en la supuesta comisión de actos de corrupción, de diferentes municipios de Cochabamba.

Los casos más recientes fueron los de las autoridades del municipio de Quillacollo y Cochabamba.



MÉRIDA

El alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida, fue trasladado la noche del 8 de febrero a la cárcel de San Pedro de Sacaba.

Es procesado por un caso, denunciado hace más de dos años, denominado audios de la corrupción. Son grabaciones que lo involucran en cobros irregulares para la aprobación de planos y urbanizaciones.

La autoridad ganó las elecciones municipales en 2015, con el Frente Para la Victoria (FPV). En junio de 2018, fue suspendido debido al proceso por la supuesta falsificación de una certificación de su libreta militar para habilitarse en los comicios.

Por ese caso, fue detenido el 14 de octubre de 2018 en la cárcel de Arani. Luego de 25 días, el 9 de noviembre, salió libre.

Entonces, manifestó que vio injusticia también para otros reclusos que no cuentan ni siquiera con abogados. Expresó que se sentía comprometido a brindar ayuda.

María Luz Varas, su abogada, informó que ya tiene 38 denuncias, de las cuales 30 están vigentes, y las otras fueron sobreseídas o rechazadas. De los 30 procesos activo, tres son por supuesta corrupción.



JAYTA

El exalcalde suplente temporal de Quillacollo Zacarías Jayta fue enviado la noche del 1 de febrero al penal de San Sebastián Varones. La autoridad es la principal implicada en un caso de supuestos audios de extorsión, que evidenciarían el cobro de diezmos para favorecer a empresas en adjudicaciones.

Jayta, como concejal del FPV, fue elegido alcalde suplente temporal tras la suspensión de Mérida, en junio del año pasado.

En enero de este 2019, Mérida y dos exfuncionarios denunciaron supuestos hechos de corrupción y presentaron audios y videos.

En audiencia cautelar, se determinó su detención. En la audiencia de apelación del 12 de febrero, se le negó su libertad.

Además, tiene otro proceso, interpuesto por la concejala Angelina Zeballos también del FPV, por irregularidades con la planta asaltadora de la Alcaldía, que fue entregada en 2018.



LEYES

El alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), está con detención preventiva desde la madrugada del 30 de noviembre en el penal de San Antonio por el proceso de Mochilas II, referido a la compra supuestamente irregular de material escolar en 2017. Por la adquisición de mochilas en 2018, tiene libertad. Entretanto, el caso Mochilas III y otros continúa con investigaciones.

Se conoció, por fuentes cercanas a la Alcaldía, que cuando Leyes ingresó al penal tenía una celda solo para él, y que cuanta gente que le ayuda con lo que necesite. Además, se supo que antes de recibir visitas, verifica de quiénes se trata. Entre otros, le visitan funcionarios y exfuncionarios municipales. En semanas recientes, el líder de su partido, Rubén Costas, llegó hasta el recinto.

Humberto Trigo, uno de sus abogados, informó antes que la autoridad tiene una decena de procesos activos.



CAMPERO

El exalcalde de Independencia David Campero, del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue enviado la noche del 26 de julio de 2017 al penal de San Pablo de Quillacollo, tras una audiencia de medidas cautelares. Fue imputada por el extravío de 12 cheques de la Alcaldía por un monto de más de 660.751 bolivianos.

De acuerdo con los informes del Viceministerio de Transparencia, fueron girados por terceras personas.

Los fiscales fundamentaron que Campero no cumplió con la correcta administración de los recursos de la Alcaldía. Al ser la máxima autoridad, “procuró para sí y para terceros un beneficio patrimonial que derivó en un daño económico al Estado”.



MIGUEL

El exalcalde de Quillacollo Hugo Miguel Candia, del MAS, fue detenido en el penal de San Pablo de Quillacollo en agosto de 2010, acusado de haber realizado pagos a una empresa que no cumplió con el avance de obras previsto en la construcción de un matadero.

Durante su reclusión, la falta de agua, de recojo de basura y la mala iluminación impulsaron su liderazgo en el penal.

A los seis meses de estar detenido, fue elegido delegado interno. “Tenía contactos en la Alcaldía y con la ayuda del Gobernador de la cárcel pudimos agilizar varias cosas”, contó en 2013.

Acotó que los internos utilizaban el poco ingreso generado por su trabajo para hacer mejoras de su propia cárcel.

En diciembre de 2016 fue enviado a la cárcel de San Pedro de Sacaba.

Según informaron algunos cívicos quillacolleños, la exautoridad tiene libertad condicional desde agosto de 2018.



OTALORA

El exalcalde de Vinto Pacífico Otalora (MAS) sumó cuatro imputaciones. A fines de agosto de 2009 fue enviado a la cárcel de San Sebastián Varones. Estuvo ahí más de tres años.

Cuando fue recluido incluso pagó, de acuerdo con una declaración realizada antes, mil dólares por el “derecho de vida”.

También fue elegido delegado interno. Trabajó en la sección de carpintería.

Junto al Consejo de Delegados gestionó la ayuda de ferreterías y otras empresas para la construcción de un tanque y bombas de agua, el equipamiento con sillas y la compra de computadoras para la capacitación de los internos, entre otras cosas. “Los reclusos ponían la mano de obra si era necesario”, narró hace tiempo.

En una audiencia de juicio oral se determinó su liberación. Dijo haber sido víctima de una venganza de exconcejales.

Luego de salir del penal, decidió no retornar al espacio político.



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