Cochabamba, domingo 24 de marzo de 2019

Funcionarios, dirigentes y familiares son implicados

Hay más de 70 personas involucradas en supuestos hechos de corrupción vigentes desde el año 2016 en diferentes municipios del departamento de Cochabamba.
| MELISSA REVOLLO P. Twitter: @melissarevollo | 17 feb 2019

La Fiscalía allana las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba, el 12 de abril.

Hay más de 70 personas implicadas en los casos de presunta comisión de hechos de corrupción vigentes en diferentes municipios de Cochabamba.

Entre los involucrados están alcaldes, otros funcionarios, exfuncionarios, dirigentes y familiares de las autoridades.

Los casos que sigue el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, desde 2016, enumeran decenas de personas relacionadas entre sí, ya sea por el área de trabajo o por vínculos de amistad o parentesco.

Entre los 15 procesos activos, en los casos Mochilas I, II y III, que tienen como principal investigado al alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, hay un total de 26 personas investigadas. Entre ellas, además de Leyes, están los representantes legales de las empresas, los proveedores del material escolar, exsecretarios municipales, trabajadores y extrabajadores.

El caso de la conformación de una supuesta red de corrupción en la Alcaldía de Cochabamba tiene cinco personas que están siendo procesadas: Leyes, dos exsecretarios municipales, también implicados en otros casos, una actual funcionaria y una familiar del Alcalde titular.

Relacionados a los anteriores casos está el proceso por legitimación de ganancias ilícitas, en el que hay ocho personas investigadas. Además del Alcalde y exsecretarios, hay empresarios en la lista.

También en este municipio, el caso del proyecto “Cochabamba, Ciudad Segura” tiene seis autoridades, exautoridades y funcionarios implicados.

En la supuesta entrega irregular de los vehículos policiales en 2017 hay cinco personas investigadas. Por este caso, la exsecretaria de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana y otro funcionario fueron suspendidos de su cargo en mayo de 2018. El caso de presunto nombramiento ilegal de Luz Rojas como intendenta dio paso a un proceso para un total de cuatro funcionarios y exfuncionarios: Rojas, Leyes, un exsecretario de Desarrollo Sustentable y una exjefa de departamento.

El hundimiento de la plataforma del puente de la avenida Independencia es un proceso que continúa en marcha. El caso involucró a seis personas, entre las que están el exalcalde Edwin Castellanos, el supervisor y proyectista de la obra, el representante legal de la constructora, el fiscal de la obra y dos exoficiales mayores, uno de ellos el actual concejal Sergio Rodríguez.

El proceso referido a los contenedores de basura también investiga al exalcalde Castellanos y otras personas.

En Quillacollo, se ventila, desde enero de este año, el caso de los supuestos audios de corrupción que involucran al exalcalde suplente Zacarías Jayta y 11 personas más. El Ministerio Público investiga al concejal Víctor Osinaga y otros dos más, cuyos nombres se oyeron en las grabaciones. También procesan a secretarios, otros funcionarios y dirigentes vecinales. La investigación se amplió incluso a los denunciantes, por participar en los supuestos cobros y pagos de diezmos.

Otro caso de audios es de hace más de dos años contra el alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida.

También están en el proceso su esposa y un colaborador. Otro, por legitimación de ganancias ilícitas, procesa a las mismas personas.

En Sacaba, la investigación por supuestos desvíos de recursos del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) tiene siete procesados. De ellos, dos tienen detención preventiva en la cárcel. Entretanto, el proceso por presunto desfalco en Independencia se sigue contra el exalcalde David Campero y seis personas más.



FAMILIA

En dos de los casos vigentes en el departamento se incluye a familiares.

Por un lado, está el alcalde Leyes. Una de sus hermanas está implicada en los procesos de las mochilas escolares, además de los de legitimación de ganancias ilícitas y la red de corrupción, por presuntamente estar en el grupo de personas que daba línea para las contrataciones de proyectos en la Alcaldía. El caso está en investigación.

También por presunto favorecimiento para aprobación de planos, entre otros, junto al alcalde suspendido Mérida está su esposa, cuya voz se habría identificado en grabaciones de audio.

En la actualidad, está delicada de salud y no se concretó su audiencia cautelar como para Mérida y su colaborador, quienes están detenidos preventivamente.



PRÓFUGOS

En Cochabamba, el exsecretario Administrativo y Financiero Diego Moreno está prófugo. Salió del país el 24 de abril y desde entonces se desconoce su paradero. Era uno de los hombres de confianza de Leyes y está implicado en los casos Mochilas I y II, red de corrupción, proyecto de las cámaras de vigilancia, legitimación de ganancias ilícitas y el de los vehículos policiales.

En Quillacollo, existe orden de aprehensión contra Gróver Corrales, quien ocupaba el cargo de secretario General y es uno de los investigados por el caso de los audios de corrupción, en el que procesan a Jayta.

Viceministerio está tras los casos

El Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción encabeza varios procesos penales.

El viceministro Diego Jiménez hizo varias denuncias contra el alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes. La primera fue Mochilas I.

Los procesos son por cinco delitos

Los procesos iniciados por supuestos actos de corrupción son principalmente por cinco delitos: negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta

antieconómica.

Buscan reactivar

casos anteriores

El Comité Cívico de Quillacollo y el exconcejal de ese municipio Lorenzo Flores buscan que se reactiven casos de corrupción que fueron denunciados en anteriores gestiones, pero que no prosperaron.

4 Deben devolver

recursos a Alcaldía

Un documento de la Contraloría establece “indicios de responsabilidad civil solidaria” para Luz Rojas y tres personas más, por lo que se recomienda la recuperación de 411 mil bolivianos por concepto de pago de sueldos, aportes patronales y aguinaldos del período de junio de 2015 a agosto de 2017.



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