Cochabamba, martes 16 de julio de 2019

MAS y FPV expulsan militantes, Demócratas defiende a Leyes

Los partidos políticos evalúan, además, a sus autoridades electas para evitar más indicios de comisión de delitos de corrupción en las diferentes alcaldías de Cochabamba.
| MELISSA REVOLLO P. Twitter: @melissarevollo | 17 feb 2019

El concejal Edgar Gainza sale del Palacio de Justicia, y el concejal Víctor Osinaga, en su audiencia de apelación.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), el Frente Para la Victoria (FPV) y el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) expulsaron y suspendieron militantes de sus partidos, por diferentes temas, entre ellos los procesos referidos a la comisión de delitos de corrupción.

Ante los hechos de falta de transparencia, el MAS expulsó, entre otros, al concejal de Quillacollo Víctor Osinaga y al exalcalde de Independencia David Campero. En el FPV, alejaron al alcalde suspendido Eduardo Mérida y al exalcalde suplente temporal Zacarías Jayta, ambos de Quillacollo. En Demócratas, está suspendido el concejal cochabambino Edgar Gainza, entre otros.

Sin embargo, en el caso del alcalde titular de Cochabamba, José María Leyes, el Comité Ejecutivo Nacional de Demócratas determinó brindarle su respaldo.

El presidente departamental del MAS en Cochabamba, Gróver García, expresó que “no protegerán a nadie”, y, al contrario, exigirán al Ministerio Público que investigue “tenazmente” los casos de corrupción hasta el final.

“Que todos los responsables de corrupción vayan a la cárcel”.

Entre los casos más llamativos que involucran a autoridades del MAS, está el proceso por los audios de extorsión, por cobros irregulares para adjudicación de proyectos en la Alcaldía de Quillacollo, caso denunciado en enero de este año. Entre los procesados está el concejal Víctor Osinaga, quien en la actualidad está detenido preventivamente en el penal de San Pablo de Quillacollo.

Al respecto, García recordó que Osinaga fue expulsado del MAS. “Hemos visto suficientes elementos, indicios de corrupción. Lo hemos sacado de las filas del MAS. Él no va a poder volver. No se necesitan personas que hagan daño al pueblo”.

Lo mismo ocurrió con el exalcalde de Independencia David Campero, implicado en un supuesto desfalco en 2017.

“También le hemos pedido, sobre su cargo, que dé un paso al costado”.

Por otro lado, García manifestó que hace tres meses también expulsaron a uno de sus militantes de base, quien se encontraba “vendiendo pegas”.

El dirigente enfatizó que sus organizaciones sociales decidieron que, ante cualquier indicio de corrupción, se deben hacer las denuncias que correspondan.

“Hay que hacerlo, aunque sea nuestro mismo compañero o pariente, porque el pueblo boliviano nos ha encomendado que se debe luchar contra la corrupción (...). Nuestros dirigentes están también encargados de fiscalizar, controlar. Solo en la oposición puede pasar desapercibida la corrupción; en el MAS, no”.

En el FPV, asumieron acciones similares. Mérida y Jayta fueron alejados de ese partido de manera definitiva.

El jefe nacional del FPV, Eliseo Rodríguez, llegó a Cochabamba el 7 de febrero, un día antes a la detención de Mérida.

Entonces, aseguró que, de identificar a otros concejales de su partido involucrados en este tipo de hechos, también serán expulsados. Pidió a cada concejal un informe de su trabajo desde que empezó la gestión municipal.

Aclaró que deberán asumir los suplentes en caso de que los titulares estén inmersos en actos de corrupción, aunque también evaluarán a los suplentes.

Rodríguez dijo que están dispuestos a brindarle su apoyo al actual alcalde suplente temporal Antonio Montaño (FPV), “siempre y cuando no tenga ninguna acusación”. Recientemente reaparecieron denuncias sobre presunto cobro de diezmos en 2010.

Por su lado, Demócratas también asumió sanciones, pero tiene determinaciones diferentes con el alcalde Leyes.

El representante del Comité Ejecutivo Transitorio Departamental de Demócratas Freddy Gonzales explicó que en el caso de Leyes, él es parte del Comité Ejecutivo Nacional y, al respecto, se emitió un pronunciamiento en un congreso brindándole respaldo mientras concluya la investigación.

El Alcalde titular de Cochabamba está detenido por la adquisición supuestamente irregular de mochilas escolares. Pero, también tiene otros procesos vigentes.

“La Justicia no está obrando con absoluta imparcialidad en este caso. Una vez que se establezcan los responsables, vamos a exigir la sanción que corresponda. Este hecho no se puede eludir. Siempre es fácil acusar, pero, ahora, hay que probar”, dijo Gonzales.

Exigió que las investigaciones continúen sin dilaciones. “Nos parece que este tema ha sido utilizado políticamente con la intencionalidad de que el alcalde Leyes deje su silla”.

Cuestionó que los procesos que involucran a los opositores se traten con agilidad, a diferencia de los que implican a masistas. “Encontramos un defecto, una incoherencia en la Justicia”.

También informó que el concejal Gainza está en la actualidad suspendido en ese partido, mientras se resuelve su caso.

La autoridad fue aprehendida el 13 de noviembre de 2018 tras recibir 20 mil bolivianos de otro concejal de Colcapirhua de su mismo partido. Según la denuncia, Gainza habría prometido gestionar con la Alcaldía la devolución de 1.3 millones de bolivianos que le adeudaba Leyes al concejal colcapirhueño por la compra de asfalto en 2017.

Gainza tiene detención domiciliaria con derecho al trabajo; acude al Concejo acompañado por dos policías.

Gonzales acotó que también hay cuatro concejales que están en proceso de expulsión de Demócratas, dos de Sacaba y dos de Colcapirhua, por su afinidad con otros partidos políticos.

Credibilidad en los partidos

Los representantes de los partidos políticos que tienen militantes implicados en presuntos actos de corrupción reconocen que estos hechos debilitan y restan credibilidad.

Gróver García, del Movimiento Al Socialismo (MAS), manifestó que el tema de la corrupción “debilita totalmente”.

“La corrupción no se puede permitir. Afecta a la credibilidad del partido político. Por eso, en el MAS nunca vamos a marchar en defensa de una persona con indicios de corrupción, ni vamos a decir que se trata de persecución política, como hace la oposición”.

Por su lado, el jefe nacional del Frente Para la Victoria (FPV), Eliseo Rodríguez,enfatizó que tampoco permitirán que los actos irregulares empañen a su partido político. Cuestionó a las autoridades electas implicadas en casos que están vigentes.

“Estos señores hacen quedar mal al partido. Pensábamos que iban a servir al municipio de Quillacollo, pero han entrado solamente hacer corrupción”.

El FPV tiene nueve años de creación.



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