Cochabamba, domingo 24 de marzo de 2019

Vecinos dan su confianza a comisiones anticorrupción

Las denuncias en Quillacollo activaron a cinco instituciones nacionales y los ciudadanos de ese municipio se organizaron seguir otros casos más.
| mELISSA REVOLLO P. Twitter: @melissarevollo | 17 feb 2019

Funcionarios de la Fiscalía allanan instalaciones del Concejo Municipal de Quillacollo.

La “punta del ovillo” de la corrupción en Quillacollo fue el caso de los audios de extorsión que involucran al exalcalde suplente temporal Zacarías Jayta, según el presidente del Comité Cívico de ese municipio, Iván Herrera.

A partir de ese tema, el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción montó el 31 de enero un operativo con cinco instituciones para hacer investigación profunda.

Los dirigentes vecinales de los municipios del Eje Metropolitano implicados en supuestos actos de corrupción expusieron confianza ante las acciones del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Contraloría General del Estado y la Procuraduría.

Herrera recordó que hace dos décadas, todas las denuncias que hacían “se ocultaban”.

Dijo que los casos que avanzan en Quillacollo, como el de Jayta y los que se instauraron contra el alcalde suspendido Eduardo Mérida, son los primeros en los que hay celeridad.

“El Comité cívico, desde 2017, ha ido denunciando corrupción de Eduardo Mérida. Habíamos complementado con otros audios, los hicimos llegar al Concejo Municipal y al Ministerio Público. Había denuncias de trabajadores extorsionados, profesionales que tuvieron cobros irregulares en el hospital. Todo eso estaba en el olvido”.

Además de la comisión nacional interinstitucional, en el cabildo ciudadano del 5 de febrero, en Quillacollo conformaron del Comité Interinstitucional Anticorrupción, que entre sus fines tiene reactivar procesos contra las autoridades municipales de anteriores gestiones. Ya hay cuatro casos en carpeta: el referido al Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, el colegio de Villa Urcupiña, un puente en la zona de El Paso y el proceso del Playón Marquina.

“Es tiempo de que el quillacolleño despierte. Que la Justicia sea dura y equilibrada. Eso va a frenar a politiqueros, a dirigentes que son eternos y cuyo pensamiento es ir a robar para volverse rico”.

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Cochabamba, Eliseo Alejandro, enfatizó que las autoridades jurisdiccionales deben actuar “lo más antes posible” ante cualquier indicio de corrupción.

“Quien caiga, debe estar tras las rejas, porque así vamos aprender los ciudadanos (…). En Cercado hemos fracasado, como en Quillacollo”.

Como dirigente vecinal, aseguró que velarán por los recursos económicos de los cochabambinos. “Vamos a pedir que sigan interviniendo la Fiscalía, la Contraloría, porque creo que hay autoridades que no tienen miedo a robar (…). Ya están varios alcaldes en la cárcel, los funcionarios de bajo rango también tienen que ir, si es que son responsables”.

Entretanto, el representante del Control Social de Sacaba, Pedro Gutiérrez, dijo que acompañan el trabajo del Ministerio Público en las investigaciones en su municipio.

“Seguramente en el juicio oral se determinarán sanciones”.

El Control Social emitió un pronunciamiento declarándose en emergencia “hasta que se esclarezca el hecho”. Gutiérrez dijo que, en la actualidad, desconocen sobre otros casos.



POSTERGACIÓN

Los procesos penales derivaron en cambios de autoridades, desde alcaldes hasta secretarios y otros funcionarios. Esto causó, según los dirigentes, postergación para sus municipios, en este caso los más grandes del departamento, Cochabamba, Quillacollo y Sacaba.

El Presidente del Comité Cívico de Quillacollo cuestionó que las autoridades se hayan dedicado a “saquear las arcas municipales”. Enumeró las carencias de su municipio a causa de los años de inestabilidad.

“No contamos con un hospital de tercer nivel teniendo un presupuesto en mano. No tenemos un palacio de Justicia, tampoco una facultad de Derecho. Las acometidas para traer el agua de Misicuni no se han hecho; ningún alcalde ha podido proyectarlas, mientras Sacaba ya tiene las aducciones. En Quillacollo, nos han frustrado muchas necesidades las autoridades de ahora y las desde hace 20 años”.

El Presidente de la Fejuve dijo que los cambios de autoridades y funcionarios en otros cargos afectaron en la ejecución de obras y la realización de trámites en diferentes rubros. “Hemos pasado un terrible 2018, ojalá mejoremos en 2019”.

Por su lado, el representante del Control Social de Sacaba expresó que la ciudadanía “es celosa de sus recursos” y que, por ese motivo, decidieron hacer mayor seguimiento a las unidades municipales en las que se administran recursos públicos. “Entre los funcionarios, como hay buenos, también hay malos”.

Hay clanes

y bandas criminales

Fernando Salazar

Sociólogo

Quillacollo no es un caso aislado, tampoco excepcional (...). Cuando el partido de Gobierno logra volver oficialistas a quienes ganaron o no ganaron piden una cuota de poder, no solamente en cuanto a cargos, sino contrataciones que se hace en forma directa e indirecta a las empresas y adjudicaciones de las obras. Hay una suerte de cobro, un alto costo social económico para la ciudadanía que ve una danza de millones de bolivianos que se están desviando. Es una corrupción al extremo, en la que se develan clanes políticos, familiares y empresariales, que se benefician de esta situación.

Si bien hay procesos, no son absolutos. Son procesos muy concentrados, dirigidos y no se sabe hasta dónde esos puedan para garantizar a la población que tengan autoridades continuas, que sus impuestos de verdad lleguen con obras y no pase lo que está pasando.

Por otro lado, también hay indignación por el actuar de la clase política, que hizo de los famosos diezmos una suerte de institución delictiva, criminal en la que son participes todos. Los cobros a las empresas ya son el extremo. Siempre hubo, pero, ahora, de la forma descarada como se lo hace, vemos que ya no s habla de un grupo político y bandas criminales que toman la Alcaldía (...).

No es un caso aislado, Quillacollo es el extremo, el caso más intolerante. Pero, el accionar que se dio en Cochabamba, con el caso Leyes, la impunidad frente ala puente caído con Castellanos, la situación de un robo increíblemente al bolsillo del ciudadano de Sacaba que paga el impuesto, y hasta ahora no hay ninguna situación de accionar como un Quillacollo, queda una situación de duda que tiene toda la sociedad porque no se actúa de la misma manera frente a todos los casos de estas bandas criminales que están presentes y que son transversales a los partidos y a los territorios y que actúan en todo lado con la misma impunidad.



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