Cochabamba, lunes 17 de junio de 2019

“A mis sobrinos los acusaron al azar, les dañaron y nadie lava su honor”

El tío de la familia Fernández Gutiérrez Isaid Costas, que perdió el 10 de febrero a ocho miembros en la primera explosión, dice que viven frustraciones, miedos y traumas. “Las autoridades nos han linchado”, señala.
| Betty Condori rojas Twitter: @becor2002 | 10 feb 2019

Las imágenes de Ana Fernández, Herbert, Guiselle, Vicenta, Gabriel, Emily, Nicole y Ariana, en vida.

Ha transcurrido un año desde la tragedia que redujo drásticamente el número de integrantes de la familia Fernández Gutiérrez, cuando el 10 de febrero de 2018 murieron ocho miembros. En los que se quedaron en esta vida persisten las frustraciones, la depresión, el miedo y el trauma. El dolor no se ha ido y menos la impotencia ante cero resultados en la investigación. Los males son del alma.

Los dolientes de la familia Fernández Gutiérrez se disponen a preparar la misa de cabo de año, una tradición para recordar la muerte de los seres queridos.

Uno de los familiares, y también afectado por la segunda explosión, Isaid Costas Balderrama, contó que, pese al tiempo transcurrido, sus sobrinos no se reponen de la tragedia.

Tras la explosión, la familia fue señalada como sospechosa, presumiendo que móviles económicos, venganza y hasta un trío amoroso pudieron haber sido las causas del atentado. Sufrieron persecución y “las acusaciones al azar de las autoridades no han hecho más que dañar la dignidad de varios integrantes, particularmente la de mi sobrina Amanda, quien tuvo que soportar agresiones y maltratos”.

Costas agregó que cuando señalaron a los miembros de su familia, la Policía, el Ministerio Público y algunos medios de comunicación ni siquiera utilizaron la palabra supuestos autores, sino dijeron que eran responsables del atentado. “Aseveraron de que mi sobrina había tenido una relación con su cuñado. Los medios lincharon a ambos”.

Los sobrinos de Isaid, Jorge, Amanda y Sharon perdieron a su mamá Janeth Gutiérrez, a sus hermanos Guiselle, Gabriel y Emily; a su tío Herbert, a sus sobrinas Ariana y Nicole. También, a la abuela Ana Fernández.

Isaid recordó que los mismos policías agredieron a su sobrina acusándola de mantener una relación amorosa con el cuñado: “¡Desgraciada!, ¿cómo es posible que le haga eso su hermana?”, le dijeron.

Además, recordó que en una ocasión, en una iglesia, Amanda escuchó comentar a un grupo de mujeres que la cuñada fue la causante de ese horror porque mantenía relaciones con el esposo de su hermana. “Mi sobrina se acercó a ellas y les preguntó qué estaban hablando de ella y les dijo lo equivocadas que se encontraban, que ella nunca tuvo nada que ver con su cuñado”.

La agresión psicológica fue tan grande, que los sobrinos no querían salir de la casa. Vivieron retraídos por mucho tiempo.

Tuvieron que dejar el trabajo -prestaban servicio en un sauna cuando ocurrió la explosión- porque las citaciones policiales para declaraciones llegaban para cualquier hora y varias veces por semana.

“Les costó volver a intentar reinsertarse en la sociedad. Hoy Amanda trabaja por el mercado Fermín López y Sharon, la hermana menor, en una pensión. Jorge se mantiene trabajando en la mina”.



LAS PÉRDIDAS

Aquella noche del 10 de febrero, la abuela Ana Fernández de Gutiérrez -de 71 años- instaló su puesto de venta de chicharrón en la intersección de las calles Bacovik y Ejército de la ciudad de Oruro, en el día de Entrada de Carnaval, una de las fiestas religiosas más importantes del país.

La experiencia de Ana Fernández era vasta. Se dedicó a la venta de comida en carritos por más de 47 años. Pero aquella noche, cerca de las 18:30 una explosión segó su vida y la de sus hijos Jeanette Vicenta y Herbert Gutiérrez. Así como de los hijos de Jeanette Vicenta: Guiselle, Gabriel y Emily; también falleció Ariana, la niña de Guiselle y Juan Carlos H. (el único sobreviviente); y la hija de Herbert, Nicole.

Costas relató que en la persecución policial y del Ministerio Público se intentó arrancar confesiones en declaraciones forzadas.

La Policía no solo que les persiguió, sino que arrestó a tres sobrinos y a uno de ellos lo llevó encapuchado hacia los arenales del norte, considerando que, siendo minero, sabía de la manipulación de explosivos.

En una conferencia de prensa de la Policía y la Fiscalía, Amanda fue señalada como amante de su cuñado Juan Carlos H., esposo de su hermana Guiselle. “Hay un trío amoroso, el número excesivo de llamadas entre Amanda y Juan Carlos, después de la explosión, así lo demuestran”, dijeron los investigadores.

Se imputó a Juan Carlos H. y fue a prisión por feminicidio, asesinato, homicidio, lesiones graves y gravísimas, el 30 de marzo.

La Policía explicó que “casualmente en esos momentos había desaparecido de la escena, porque fue en busca de una chamarra y un sanitario. Además, hizo ver que era principal sospechoso de aquella explosión debido a imágenes captadas por una cámara que mostraban un comportamiento frío y pasivo ante su esposa e hija que ese día fueron víctimas de la fatal explosión. También se le asoció con una personalidad psicópata por una foto en su Facebook de Freezer, un personaje con el papel de villano de la serie de Dragon Ball Z”, según detalló el periódico La Patria.

El 21 de noviembre pasado fue liberado del penal de San Pedro, porque el Ministerio Público no halló evidencia alguna que le permita relacionarlo con todo lo que antes había señalado.

El fiscal de Oruro, Orlando Zapata, dijo que Juan Carlos estaba liberado de culpabilidad. El 27 de enero de 2019 se descartó que haya existido relación sentimental con la cuñada Amanda.

Las secuelas marcaron a la familia. Jorge, por el trabajo, no pudo completar el tratamiento psicológico que estaba recibiendo. “Él necesita. A veces siento que tiene reacciones muy tristes”.

Ante el deterioro de su salud mental y el aislamiento al que estaban sometidos, la familia tuvo una reunión. “Ahí tuvimos que decirles: La vida debe continuar. No podemos derrumbarnos”.



ABANDONO

Costas aseguró que todas las víctimas producto de la explosión, las más graves y las más leves han sido abandonadas, olvidadas y no han recibido colaboración. “No se han resarcidos ni gastos ni nada. Se ha visto la dejadez y el descuido de las autoridades de la ciudad”.

Dijo que se hicieron acusaciones sin sentido, perjudicando a las personas inocentes, entre ellos al propio Juan Carlos H., quien estuvo recluido por ocho meses en la cárcel de San Pedro de Oruro. Observó que los plazos se fueron venciendo de a poco y que las víctimas nunca recibieron una explicación oficial. “Hasta octubre deberían terminar la investigación, pero ampliaron el plazo. No sabemos si se ha extendido. Lo único que esperamos es que, en una conferencia, digan qué ha pasado”.



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