Cochabamba, lunes 22 de abril de 2019

Tras aluvión, Tiquipaya debe, no reubica gente y desafía al torrente

Un voto resolutivo de los vecinos que viven cerca del río Taquiña impidió que las autoridades modifiquen la franja de seguridad. Se aplican todas las medidas preventivas para mitigar el impacto de una nueva catástrofe.
| DAYANA FLORES A. Twitter: @DayanaOpinion | 03 feb 2019

Una vivienda de la OTB Juventud Chilimarca que está a unos metros del torrente Taquiña.
Reponerse de un aluvión que mató a cinco personas, sepultó casi un centenar de viviendas y dejó un millar de damnificados no ha sido fácil para Tiquipaya. Hay tres dificultades en ese municipio, a casi un año del 6 de febrero de 2018, cuando un estruendoso sonido, “como el del vuelo de avión”, marcó el inició de una mazamorra. 
Llegó con olas de hasta tres metros de alto, arrastrando gigantescas rocas, de mínimamente 10 metros de alto, ramas, troncos y agua. Golpeó bruscamente y sepultó cuanto pudo. 
Las víctimas recuerdan la catástrofe perfectamente y, hasta ahora, algunas no dejan de pensar que fue una materialización de “la peor pesadilla”.

SITUACIÓN
Transcurrió un año desde esa tragedia y, si bien fue un episodio traumático, muchas familias aún desafían a la naturaleza.
Las autoridades plantearon que se ensanche la franja de seguridad del torrente que rebalsó en febrero de 2018, el Taquiña. Lo que, en términos simples, significaba que las viviendas se aparten más de su cauce y lo dejen “respirar”.
El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Tiquipaya, Roberto Campero, manifestó que lo ideal sería cumplir la Ley Forestal, que especifica que las propiedades deberían ubicarse a por lo menos 1.700 metros de distancia de una torrentera y, aún más, “si tiene antecedentes”. No obstante, a través de un voto resolutivo, las diferentes organizaciones territoriales de base de ese municipio se opusieron a retroceder.
A pesar de que sus viviendas fueron severamente afectadas por el aluvión, volvieron a edificarlas en el mismo punto, argumentando que, en algún momento, las autoridades les aprobaron la construcción.
Actualmente, se pueden ver viviendas a 60 metros del cauce, muy cerca de las enormes rocas que la mazamorra arrastró el 6 de febrero. Otras viviendas se van acercando más a ese torrente en la zonas planas, según Campero. 
Frente a ese voto resolutivo, las autoridades poco pudieron hacer, por lo que no les quedó más que tomar todos los recaudos para minimizar el impacto de un nuevo aluvión, si es que ocurre.
Los vecinos indicaron que la proximidad al río no es un problema, sino la ausencia de mantenimiento. Supuestamente, antes del aluvión, “jamás intervinieron el río”.
Instaron a que se drague más ese caudal, hasta que su profundidad alcance al menos los 10 metros, pero no consideraron moverse de ahí.

TAREAS
La municipalidad tiene cerca de media decena de proyectos preventivos en ejecución, desde reforestaciones, sistemas hidráulicos y demás.
Los presupuestos son millonarios, por lo que la Alcaldía está ajustada económicamente.
A ello se suma que en la época más crítica, cuando se debía remover la mazamora de las viviendas e intervenir el río que se desbordó, contrataron los servicios de empresas privadas que otorgaron maquinaria para que se realice ese trabajo.
Esos servicios no fueron cancelados, y Tiquipaya arrastró una deuda de 2.000.000 de bolivianos a 2019.
Esta suma de dificultades económicas obligó a las autoridades a “tocar puertas” de los vecinos.
Actualmente, los tiquipayeños de cinco barrios pagan por el mantenimiento de obras hidráulicas deterioradas.
Cada vecino pone cuotas que oscilan entre los 30 y 40 bolivianos, según la UGR.

MÁS PROBLEMAS
Otra problemática que Tiquipaya no resuelve a  un año del aluvión es la reubicación de las víctimas, especialmente,de aquellas que aún están de luto.
A ellos les prometieron viviendas, pero, hasta ahora, no accedieron a una.
Elizabeth Salinas, mamá del fallecido Gamaliel de 12 años, vive en una iglesia, está sin trabajo y se divorció. Mantiene sola al único hijo que le queda.
La Agencia Estatal de Vivienda (AEV) le aseguró que tiene los recursos económicos para construirle una casa, pero la municipalidad aún no le entrega el derecho propietario del terreno que le otorgará. Ese es un n requisito fundamental para que la AEV intervenga.
Lo propio sucede con la familia Torrico, cuyo padre de familia, Héctor, de 77 años, fue sepultado y sus dos casas derribadas por el lodo.
Ellos viven en alquiler y aún pagan al banco los intereses de un préstamo que sacaron para la construcción de una propiedad que ya no existe.
El 6 de febrero fallecieron cinco personas. Los parientes de los otros tres difuntos no piden un hogar.
Los vecinos de contaron que Ester Jhanet Nina Cadima, de 37 años, la costurera que también murió, tenía hijos, pero se fueron a Santa Cruz, con su papá.
Su ayudante, Paulina Montaño, de 42 años, quien también fue sepultada, no era de la zona, por lo que sus parientes no están insistiendo a la autoridades que los reubiquen.
Mientras que la quinta víctimas mortal, Doroteo Acuña Soria, de 77 años, vivía solo.
La AEV aseguró que hará seguimiento a los casos de las dos familias afectadas.
Entre tanto, esa institución ya concretó la ejecución total o parcial de 21 viviendas en Tiquipaya.



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