Cochabamba, jueves 21 de febrero de 2019

Vive con dolor en su pierna y la manipulación es su arma principal

Jhasmany le entregó a su exesposa un diagnóstico siquiátrico falso que se filtró y alimentó el terror colectivo hacia él. Según declaraciones, el abogado se jactaba de haber quemado casas, carros y un juzgado.
| Darynka Sánchez a. Twitter: @DarynkaSanchez | 27 ene 2019

Jhasmany T.L. llega a una audiencia, un mes de después de haber sido sometido a una cirugía de su pierna.

Varios testimonios coinciden en que el abogado salió con la esposa de uno de sus clientes prontuariados y algunas fotografías le llegaron al marido engañado, mientras estaba en la cárcel. Jhasmany disfrutaba de manejar motocicletas y sufrió un accidente de tránsito del que aún se recuperaba cuando el delincuente dolido mandó a atropellarlo. Entonces, su pierna quedó gravemente lesionada y tuvo que lidiar con la posibilidad de una amputación que finalmente fue evitada.

Julieta y su padrastro asistían a una iglesia evangélica y Jhasmany los acompañó. Incluso se bautizó en su afán de ver un milagro inmediato: que la herida de su pierna sanara. Pero, cuando eso no ocurrió, se alejó de la fe. Desde entonces, convive con el dolor y los fármacos para controlarlo, sometiéndose a cirugías, injertos y otros. Una persona que hizo prácticas en el bufete decidió irse rápido luego de ver al abogado ebrio y adolorido. Jhasmany se sacó las vendas que cubrían la herida que no sanaba y atosigado por el dolor se arrancó pedazos de tejido óseo. La persona no quiso volver más.

Hace años, el abogado presentó una demanda en contra de su exesposa acusándola de abandono de familia, alegando que estaba descuidando al hijo de ambos. El caso avanzó rápido y la Fiscalía imputó a la mujer. En medio del proceso, Jhasmany la buscó y le pidió su apoyo. Le dijo que debido a los accidentes sufridos y al intenso dolor que soportaba a diario, tenía muchos problemas psíquicos y había recurrido a un siquiatra en Cochabamba que lo derivó a un centro especialista de Argentina que le hizo un estudio.

Jhasmany le entregó el informe con los resultados y le pidió que lo ayude. Los resultados, que tenían el membrete de un centro siquiátrico conocido del vecino país, aseguraban que el abogado tenía múltiples personalidades y desórdenes mentales. “Un caso único, que jamás había sido visto en la historia de la siquiatría”, diagnosticaba un especialista argentino.

La exesposa se preocupó y acudió a una audiencia del proceso que él había iniciado. Ella sostuvo que Jhasmany era peligroso. El abogado, en presencia de las autoridades que investigaban el abandono a su hijo, la desafió argumentando que si su exesposa lograba acreditar que él era peligroso, para el hijo de ambos, retiraría la querella.

Entonces, ella entregó los documentos del diagnóstico a las autoridades, sin imaginar que era una trampa. Jhasmany declaró que jamás había estado en ese centro siquiátrico argentino y que esos papeles eran falsos.

Ella insistió en que el mismo abogado le entregó el informe, pero él sugirió que se pida una certificación al hospital y al siquiatra argentino que firmaba para verificar si ese diagnóstico era real.

Luego la denunció por falsedad material e ideológica. Ese documento se filtró de los juzgados y alimentó el temor colectivo hacia el abogado.

Después de iniciarle un tercer proceso por desacato, Jhasmany y su exesposa transaron, llegaron a un acuerdo y las denuncias se diluyeron. La pareja retomó su relación. Volvieron a vivir juntos en una casa del kilómetro 8 de la avenida Blanco Galindo, en Colcapirhua, y les nacieron dos niñas más.

A medida de que el abogado adquiría más y más poder, empezó a garantizar sobreseimientos (liberaciones de culpa) a sus clientes y sus honorarios se multiplicaron. Cobraba entre 3.000 y 25.000 dólares por una defensa completa, dependiendo “del grado de dificultad” para alcanzar el sobreseimiento.

Sin embargo, no tributaba. En 16 años de trabajo no sacó un NIT hasta hace dos meses, cuando fue imputado y escándalo estalló. Hasta 2017, tampoco había jurado ni obtenido su credencial de abogado del Ministerio de Justicia. Pese a que a otros abogados no eran atendidos en juzgados y no podían litigar en juicios sin esa credencial, Jhasmany lo hacía libremente. Al margen de los pagos indebidos a funcionarios policiales, y judiciales por “favores” para sus clientes, también efectuaba “préstamos” de dinero a jueces con intereses muy bajos. Además, según testimonios que se guardan en reserva, organizaba parrilladas y fiestas a las que invitaba a altos jefes policiales, fiscales y jueces que se embriagaban y eran filmados en situaciones comprometedoras. Su fama corría y en la zona sur empezaron a llamarlo “el abogado del diablo”.

Tenía al menos un centenar de videos de este tipo guardado en las memorias externas que le fueron secuestradas por la Fiscalía y que los efectivos del Instituto de Investigaciones Técnicas Científicas Policiales (IITCUP), que debían custodiarlas, decidieron cambiarlas por otras sin contenido, “para que no tiemblen el Poder Judicial, la Policía y el Ministerio Público”. Varias autoridades eran extorsionadas con este material.

Pero, el poder del miedo era su mayor capital para lograr sus objetivos. De acuerdo al cuaderno de investigaciones, envió mensajes “de advertencia al Poder Judicial” al quemar la casa del juez de instrucción cautelar de la EPI Norte; el vehículo del juez Gastón Rodríguez, y el juzgado de Tiquipaya.

En el ámbito judicial se menciona que el juez de la EPI Norte le había pagado un préstamo en dólares que le hizo Jhasmany, y cuando decidió negarle la libertad a uno de los clientes del abogado, fue amenazado públicamente.

El 15 de noviembre de 2017, dos hombres lanzaron una bomba molotov y granadas a su casa ocasionando un incendio. Un taxista lo vio todo, fue golpeado y rociado con gas pimienta para que callara. El juez denunció a Jhasmany, pero según las recientes declaraciones de uno de sus cómplices, “después hicieron las paces” en un restaurante y la denuncia se diluyó.

Ese no fue el único atentado. El 4 de mayo de 2017, dos encapuchados a bordo de una motocicleta, le prendieron fuego al vehículo del juez Gastón Rodríguez en el municipio de Colcapirhua. Ese día, Rodríguez atribuyó el hecho “a mafias que quieren afectar mi patrimonio tratando de presionarme para que yo falle y favorezca de alguna manera”, y relató que había sido víctima de una panfletería para denigrarlo y poner en duda su trayectoria.

Además, un delincuente ya había entrado a su casa y solo le robaron un libro para dictar resoluciones específicas. La investigación policial del caso no prosperó. También se habla de una fiscal de Colcapirhua a la que le destrozó un vehículo, pero no hubo denuncia. A la mayoría les llegaba mensajes a través de otros abogados y funcionarios: “Jhasmany sabe a qué hora y de qué colegio salen tus hijos”.

Según las declaraciones de miembros de su bufete, Jhasmany se jactaba de todos los atentados. Cuando visitaron el juzgado de Tiquipaya comentó: “Creo que les hemos hecho un favor con la explosión, ha quedado más bonito ahora”.

25.000

dólares

podía cobrar por la defensa completa de un caso, dependiendo de la complejidad para acceder un sobreseimiento o una pena mínima. Lo mínimo que cobraba a los amigos, era 2.000 dólares.



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