Cochabamba, viernes 19 de octubre de 2018

Defensor: Padecer violencia es parte del “combo de ser madre”

Las mujeres que llegan a los centros de salud aguantan diversos tipos de maltrato. Aún desconocen sus derechos para hacerlos prevalecer. Hay al menos 10 formas de agresión que sufren las pacientes que acuden a hospitales y centros de salud en el embarazo, parto y posparto.
| MARÍA LUISA MERCADO Twitter: @mluisa | 07 oct 2018

Las madres tienen que madrugar para obtener una ficha de atención médica en el Materno Infantil Germán Urquidi.

"Parte del combo es que la mamá no sea adecuadamente atendida en centros de salud, cajas y hospitales públicos y privados”, asegura el representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox.

La gestante recibe gritos, debe someterse a largas esperas, escuchar bromas soeces y sufrir maltrato. Solo denuncia si hay serias complicaciones.

Aunque la Ley 348 establece que no debería haber violencia institucional, las mujeres toleran el maltrato de los profesionales y del personal de salud. "Es como si a la gestante le hicieran el favor de hacerle los controles", subraya Cox. La situación se agrava cuando son adolescentes.

Las pacientes se sienten "amedrentadas" porque, si denuncian, "nunca más" las van a atender bien. Existe un sistema disuasivo latente que, si la gestante se queja, “no va a aparecer su historia clínica o le van a reprogramar su próxima cita al último”.

Por esa razón, la Defensoría ha instalado oficinas del Defensor del Paciente en Punata, Sacaba, Quillacollo, Villa Tunari y las ampliará al Hospital Salomón Klein. En septiembre, se implementará el Defensor del Paciente Móvil, integrado por un equipo de voluntarios que visitarán centros médicos de primer nivel, de segundo y de tercer nivel.

El Defensor del Paciente en los hospitales está a cargo de las trabajadoras sociales de esos centros. Este año, la Defensoría registró 61 denuncias en general; 46 el año pasado y 50 el 2016. El Defensor del Pueblo también elaboró un proyecto de ley para erradicar la violencia obstétrica.

Según Cox, "la burocracia en los hospitales obstaculiza y restringe un mejor servicio de salud”. También cita a la falta de personal como factor de maltrato y pondera los esfuerzos institucionales para aumentar ítems. Asimismo, señala a las pugnas internas entre los gestores de salud del municipio y del Servicio Departamental de Salud que arrastran al maltrato a los pacientes.

UNFPA La representante del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia, Ana Angarita, afirma que la violencia ostétrica está invisibilizada y naturalizada en Bolivia. Incluye transgresiones contra los derechos reproductivos y la violencia en servicios de salud. La vulneración de los derechos reproductivos es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia. A decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos anticonceptivos seguros.

La violencia en servicios de salud es toda acción discriminatoria, humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

Los únicos datos oficiales sobre violencia obstétrica en Bolivia se encuentran en la Encuesta de Prevalencia y características de la violencia contra las mujeres 2016, del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las vulneraciones más frecuentes tienen que ver con el maltrato psicológico, según el siguiente detalle:

• Durante el proceso, se le impidió estar acompañada por alguien de su confianza.

• Le resultó difícil aclarar sus dudas porque no le respondían.

• Le resultó imposible expresar sus temores.

•La criticaron por llorar o gritar de dolor, expresar alegría o tristeza durante el trabajo de parto.

•Durante el parto le privaron de la posibilidad de adoptar la postura más cómoda.

•El personal de salud criticaba su comportamiento con comentarios irónicos o en tono de chiste.

Esta situación se agrava en el caso de las madres adolescentes. Además de la discriminación por su situación de gestante, en muchos casos, el personal médico y de enfermeras reprocha a las adolescentes el embarazo precoz.

Por otra parte, también se presentan prácticas que pueden ser físicamente violentas:

• La realización de procedimientos dolorosos como rasurado púbico de rutina, y enemas durante el trabajo de parto, cuya eficacia no ha sido respaldada científicamente.

• Posición de-cúbito dorsal durante el trabajo de parto, y en los procedimientos perineales.

• Exceso de cesáreas innecesarias, por razones no médicas, que incrementan el riesgo quirúrgico y anestésico.

• La excesiva “medicalización” del parto promueve el uso de intervenciones innecesarias con un costo alto de los servicios médicos.

Angarita informa que el UNFPA trabaja en un proyecto con enfermeras obstetrices formadas específicamente para el cuidado de las embarazadas y para el trabajo de parto. Ellas visitan casas en las comunidades más alejadas para el control prenatal e informan a las madres gestantes sobre su condición de salud, considerando su contexto cultural y su lengua materna. Este personal está capacitado para brindar una atención con calidez, calidad y para realizar acciones de promoción preventiva de la salud. Empezó en Potosí y se extenderá a todo el país.

UNFPA y la Defensoría del Pueblo están realizando un estudio nacional sobre violencia obstétrica para contar con información más detallada, que se presentará en noviembre próximo.

Angarita añade que hace falta promover campañas de información sobre la violencia obstétrica y su impacto en la salud de las mujeres, para que las propias mujeres y sus familias reclamen por el respeto a sus derechos durante el embarazo, parto y posparto. Por otra parte, es necesario fortalecer la formación del personal de salud, desde las universidades, para incluir un enfoque de derechos.

Si bien en el país, la Ley 475 del Sistema Integral de Salud para la atención de mujeres en edad reproductiva se señala la importancia de una atención y cuidado de calidad, todavía no se especifica de manera explícita la obligación del trato respetuoso durante el parto y en el periodo posnatal, observa la representante del UNFPA en Bolivia.

El oficial de Salud del UNFPA, Alberto Castro, expresa su preocupación por la alta tasa de mortalidad de Bolivia. Según la Encuesta de Demografía y Salud EDSA de 2016, la mortalidad materna es de 160 por cada 100 mil nacidos vivos. En Cochabamba, subió la mortalidad materna por causas internas y externas, pese a que subió la atención de partos hospitalarios.

Castro cita tres demoras que inciden en la alta tasa de mortalidad:

1.- La embarazada que inicia sus controles de manera temprana pueden identificar señales del riesgos y actuar para un embarazo en buen estado y un parto satisfactorio.

2.- La segunda demora es como llegar, en especial en comunidades distantes como Tacopaya, Tapacarí Arque y Bolívar, donde el acceso a los servicios de salud no son permanentes ni el servicio de transporte.

3.- La tercera demora se da en los establecimiento de salud, cuando las pacientes son referidas del primer nivel.



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