Oti, entre las extorsiones a reos, las estafas por internet y la traición
Víctor Hugo Escobar Orellana, más conocido como Oti, asesinó a dos policías el 13 de abril de 2009. Por ese doble crimen fue procesado y sentenciado a 30 años de reclusión en el penal de Palmasola.
En nueve años de encierro, se convirtió en el mandamás de la cárcel más poblada de Bolivia. Según los testigos que lo vieron transitar "el camino del mal", su ambición y su poder de convencimiento le abrieron las puertas para acceder al mando cuando ganó las elecciones como subregente de Palmasola, acompañando al regente titular Leónidas Rodríguez.
Sin embargo, las discusiones entre ambos fueron en aumento hasta que en febrero de 2017 se distanciaron por completo. Según policías de Palmasola, Oti convenció a un grupo de adictos a la droga que lo apoyaran porque “Leónidas era obsoleto” y su forma de manejar el dinero era cuestionable. Los adictos empezaron una reyerta, para exigir la salida de Leónidas, en la que perdió la vida el recluso Jaime Fernández Crespo, y otros dos resultaron heridos.
Leónidas fue trasladado el 7 de marzo de 2017 al Centro de Readaptación Productivo de Montero, camino a Okinawa, y Oti asumió el cargo de regente. Los agentes dicen que instauró un régimen del terror allí. Hasta ese momento, los grupos de disciplina, creados para suplir la ausencia de policías al interior del penal, no alcanzaban a 50, pero Oti decidió multiplicarlos y llegaron a 200.
Munidos de bates de béisbol y palos, los adictos a las drogas se encargaban de intimidar a la población del pabellón PC4, para extorsionarles. Si se resistían, eran despojados de todo lo que tenían. Oti también administraba la única tienda de venta de abarrotes, lo que le permitía tener el monopolio de ese negocio. De igual forma, dirigía un sistema de extorsiones o cobros indebidos a los reclusos, por concepto de “derecho de vida”, pero el sistema estaba disfrazado de un punto de envío y retiro de dinero vía Tigo Money.
Cada día, los movimientos económicos en este punto de Tigo Money oscilaban entre 30.000 a 100.000 bolivianos. Estos movimientos, según la Policía, están registrados en libretas, cuadernos y extractos que ya son investigados. Los familiares de los reos enviaban, vía Tigo Money, los montos de las extorsiones, para que sus seres queridos no fueran apaleados. Los beneficiarios de estos montos eran Víctor Hugo Escobar, del Pabellón PC4, y Herland Arteaga, del PC3. Ellos dijeron que los pagos que recibían era por la dotación de alimentos.
También acusaron a Oti de planificar y ejecutar las estafas de “las maletas de seres queridos que hay que recoger del aeropuerto”, previo pago vía Tigo Money y los cuentos de las subastas de mercadería de la Aduana. Además, fue sindicado de cobrar en especie cuando los reos no tenían dinero en efectivo, y su abogado, Óscar Mario Peña, era quien revisaba documentos de terrenos, casas y vehículos.
La investigación comenzó el 5 de marzo de 2018, cuando hubo un motín en Palmasola que derivó en la fuga de ocho reos de los cuales seis ya fueron recapturados. Las denuncias de extorsiones y abusos salieron a la luz pública. El Gobierno decidió entonces desarticular el reinado de Oti.
El 14 de marzo, 2.200 policías ejecutaron un operativo para sacar a Oti de allí y desarmar a los reclusos. Los internos ya los estaban esperando armados con cuchillos y algunas armas de fuego. El enfrentamiento dejó agentes heridos y siete reos muertos. En los dos operativos se logró capturar a 50 internos, incluidos Oti y sus delegados de disciplina, además de uno de los enemigos del regente, Carlos García Figueredo, El Killy, que fue llevado a Tarija. Los demás fueron enviados a distintas cárceles del país. Oti fue remitido a Chonchocoro, donde permaneció aislado. Su esposa, Lilian Aderly Ibañez Pantoja, fue detenida en posesión de una camioneta, 100.000 bolivianos y un arma de fuego. También es investigada por complicidad en el sistema de extorsiones implementado por su marido, al igual que los hermanos y un sobrino de Oti.
El 19 de junio de 2018, Oti y su compañero Tacubayo fueron llevados a la cancha deportiva de Chonchocoro. Allí, los atacaron entre varios reclusos que tenían el rostro cubierto. En “60 segundos”, Víctor Hugo Escobar recibió más de 10 puñaladas, le destrozaron una mano a machetazos, fue electrocutado y quemado. El Tacubayo resultó herido.
Luego de la noticia, Óscar Mario Peña, el abogado y cuñado de Oti fue grabado mientras hablaba con un asesor legal del Ministerio de Gobierno y le decía que esa instancia estaba tras el crimen para “callar” algunos negociados en torno a los terrenos de Palmasola, un tema de armas y otras irregularidades. Luego se retractó y dijo que estaba ofuscado por lo sucedido.
50 policías
custodiaban a 5.700 presos varones y 400 internas mujeres en el penal cruceño de Palmasola. Los efectivos no ingresaban a la población. Ahora entran tres veces al día a patrullar.