Cochabamba, viernes 17 de agosto de 2018

Cambiar la norma es la salida y no tiene fecha

La Ley de Contratos y Convenios permite que los que son por menos de Bs 70 millones se realicen de manera directa, sin revisión del Concejo.
| MELISSA REVOLLO P. Twitter: @melissarevollo | 17 jun 2018

Los concejales municipales de Cochabamba durante una sesión ordinaria. NOÉ PORTUGAL



Cambiar la normativa vigente es la salida para permitir la fiscalización de más contrataciones por parte del Concejo Municipal de Cochabamba; el tema no está cerrado, pero tampoco hay plazos para su tratamiento.

Está establecido que el Concejo Municipal es un órgano “legislativo, deliberativo y fiscalizador”. Sin embargo, el último concepto parece estar restringido cuando se trata del control en las contrataciones municipales.

La Ley Municipal 0059 de 2014 de Modificación a la Ley 0027, del mismo año, de Contratos y Convenios permite que los contratos por montos menores a los 70 millones no ingresen al Concejo para su revisión, sino solo los que tengan inversiones mayores, y que el Alcalde o Alcaldesa suscriba contratos de montos menores a lo establecido de manera directa. Se basa en el Decreto Supremo 1497 que fija la modalidad internacional de los 70 millones.

Esta norma fue heredada de la anterior gestión municipal (2010 - 2015) que estuvo a la cabeza del Movimiento Al Socialismo (MAS). En la actualidad, el partido que lidera el Gobierno municipal, el Movimiento Demócrata Social (Demócrata) no tiene el tema de modificación entre sus prioridades.

El concejal demócrata y presidente del Concejo, Iván Tellería, dijo que “no hay fecha específica, pero el tema puede ser tratado en cualquier momento”.

El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO), Edwin Jiménez, y el del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Rodríguez plantearon, como comisión, la modificación de la ley.

Jiménez detalló que su comisión aprobó el cambio y se derivó a la Directiva del Legislativo municipal.

“Todavía no se lo ha planteado ante el pleno, pero ya se tiene informes técnicos y legales que determinan que se deba abrogar esta ley”.

La propuesta es el retorno al antiguo monto de fiscalización de contratos, es decir a partir de 1 millón de bolivianos.

Para Jiménez, en la actualidad “es más difícil fiscalizar, se obstaculiza el rol del Concejo”.

Cuando estaba vigente la Ley 2028 de Municipalidades, “todos los contratos y convenios llegaban al Concejo” y serán derivados a las unidades Técnica y Legal para la revisión del cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Como ejemplo, en 2014, cuando Jiménez también fue concejal, se remitió al Concejo el proyecto de construcción de un centro modelo para Zoonosis por un monto de inversión de 5.5 millones de bolivianos. Los técnicos del Órgano Deliberante evidenciaron que el derecho propietario no aparecía. Se devolvió la documentación con la recomendación de que la Alcaldía subsane el tema. Pero, no se acreditó la propiedad y el tema no retornó al pleno y, por tanto, no se firmó.

Jiménez consideró que así se podía evitar irregularidades que en la actualidad no es posible.

La concejala del MAS Rocío Molina expresó que esta norma se complementa con la Ley 109 de Delegación de Aprobación de Modificaciones Presupuestarias y que ambas son un “arma” contra el trabajo de control que debería hacer el Concejo.

La 109 se aprobó en julio de 2015 y permite que el Alcalde realice modificaciones en el Plan Operativo Anual (POA) sin conocimiento del Concejo Municipal.

Para el demócrata Édgar Gainza es necesario hacer las modificaciones, pero no el retorno al millón, sino haciendo un estudio. Carlos Coca, del mismo partido político, también manifestó que se debe evaluar el tope.

La concejala demócrata Beatriz Terán afirmó que existe la obligación de fiscalizar, pero que no es necesaria una abrogación.

La alternativa para realizar fiscalización en el caso de las contrataciones es la solicitud de informes. Pero, los concejales, principalmente de oposición, observan que no les llega la información dentro los plazos prudentes.

Para Jiménez, una tercera norma que perjudica es la Ley Municipal de Fiscalización, porque da 20 días de plazo para que el Ejecutivo responda a solicitudes de informes, cuando antes el tiempo era de 10 meses.

DEMÓCRATAS

IVÁN TELLERÍA

No quiero ahora a dar una cifra. Pero, por algo la gestión anterior ha debido llegar a ese monto de 70 millones. Han debido recibir informes técnicos, legales y con base en eso se tiene que hacer cualquier modificación; que nos digan eso los técnicos.

ROSS MARY LLUSCO

Primero hay que pedir un sustento jurídico técnico del Ejecutivo municipal, porque no podemos valorar a algo mínimo los proyectos, porque nos complicaría en el trabajo. Cabe destacar que no tenemos una cantidad suficiente, como el Ejecutivo, de funcionarios.

BEATRIZ TERÁN

No hemos analizado. Seguramente, en algún momento vamos ver estos temas. Podríamos ver entre todos los concejales. Tiene que ser un análisis muy exhaustivo para no contraer responsabilidades, con ese cuidado tendríamos que ver de los contratos.

EDGAR GAINZA

Hay que hacer un estudio más minucioso y ahí tiene que haber participación del Ejecutivo. Es una ley que no hemos sacado nosotros sino el MAS. Creo que es necesario modificarla, pero hay que hacer un estudio. Una abrogación o volver a lo de antes, me parece que no corresponde.

CARLOS COCA

Habría que hacer un análisis de acuerdo al POA. No podemos poner un monto si no tenemos conocimiento. Viendo la cantidad de obras e inversiones, si la media es de 30 millones o 20 millones de bolivianos, creo que corresponde poner esa cuantía.

OPOSICIÓN

ROCÍO MOLINA (MAS)

No podemos fiscalizar y eso también ha generado un efecto boomerang en la gestión del alcalde José María Leyes, en las circunstancias que estamos viendo, porque en su momento, como fiscalizadores, hubiéramos tomado alguna decisión, alguna auditoría.

CELIMA TORRICO (MAS)

Por lo menos desde los 30 millones deberían llegar los contratos. Pero, ¿qué van a modificar aquí? Hay una ley 109 que aprobaron en 2015 para modificaciones intrapartidarias. Se ha planteado la abrogación, pero tampoco han querido (los demócratas).

JOEL FLORES (MAS)

Yo creo que se debe reducir el monto, por lo menos a algo más racional; tal vez llegar hasta los 5 millones, cosa que tampoco el Ejecutivo se vea entrabado en los procesos, porque también se puede volver burocrático. Cuando llegan cosas así, se tarda.

SERGIO RODRÍGUEZ (MAS)

Que se vuelva a hacer como antes, que sea a partir de un millón. En anteriores gestiones, siempre ha pasado por el Concejo para la revisión. Yo creo que eso es bueno, porque es un filtro que no lleva más de una semana.

EDWIN JIMÉNEZ (UNICO)

La norma establecía la fiscalización desde 1 millón de bolivianos. Hasta la modalidad ANPE (Apoyo Nacional a la Producción y Empleo) lo ve directamente el Ejecutivo y después pasaría a ser controlado, como en gran parte de los municipios, por el Concejo.





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