Cochabamba, domingo 21 de octubre de 2018

Los contratos menores no aparecen ni en el sistema

Los concejales se involucran en la fiscalización de órdenes de servicio a raíz de denuncias de irregularidades. Hay personas que se beneficiaron con varios contratos en poco tiempo.
| MELISSA REVOLLO P. Twitter: @melissarevollo | 17 jun 2018

Protesta de vecinos de la zona sur en defensa de sus recursos económicos (izq) y uno de los contratos menores firmado por Diego Moreno (der). 	NOÉ PORTUGAL



Las contrataciones menores y órdenes de servicio se firman por montos menores y no se publican en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). Los concejales de Cochabamba se involucran en la fiscalización de los mismos a partir de denuncias de irregularidades.

Hace poco más de un mes, el concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO), Edwin Jiménez, denunció que una sola persona se benefició de al menos cuatro contratos, cada uno por menos de 50 mil bolivianos.

Los gastos por montos menores a 50 mil bolivianos no requieren de la firma del Alcalde; son recursos que en la Alcaldía suelen disponer los secretarios municipales.

El tema expuesto por Jiménez involucró al exsecretario Administrativo y Financiero Diego Moreno, quien salió del país y está involucrado en el caso de la adquisición de mochilas escolares chinas con supuestas irregularidades. En este sentido, la alcaldesa suplente temporal, Karen Suárez, instruyó a la Unidad de Auditoría Interna y al director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Alcaldía esclarecer denuncias sobre las supuestas irregularidades.

El concejal del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y presidente del Órgano Deliberante, Iván Tellería, explicó que aunque el manejo de estos recursos no es de conocimiento público, se conoce a través de denuncias y “se puede analizar a simple denuncia (...). Y podemos pedir informes hasta de un boliviano, es nuestro rol fiscalizador”.

La autoridad agregó que aunque existen denuncias que no se hacen oficiales porque no existen argumentos, hay otras que tienen seguimiento.

“Las obras pequeñas son miles, sobre arreglos, mantenimientos. A veces, los montos menores no llaman mucho la atención. Pero, ahora, creo que todas las gestiones, no solo de este municipio, están más fiscalizadas, incluso por los dirigentes de las organizaciones territoriales de base (OTB)”.

El concejal Jiménez citó como ejemplo la orden de servicio, del 21 de diciembre de 2017, por 49.800 bolivianos por cinco días calendario para la creación de una subsecretaría. Dos días antes se firmó otra orden similar también por cinco días para una propuesta de un modelo de administración y gerencia del sistema virtual de consulta médica. En noviembre del mismo año, hubo otro contrato de 10 días para la consultoría por producto para la Feria Municipal de Contrataciones. Solo estos tres casos suman 148.400 bolivianos en menos de dos meses.

Por otro lado, al menos 32 contratos de la Alcaldía de Cochabamba por montos menores a los 50 mil bolivianos beneficiaron a una sola empresa por un total de más de 1 millón de bolivianos.

Seis personas, entre exsecretarios y actuales, autorizaron las contrataciones entre julio de 2015 y septiembre de 2017, de acuerdo con los documentos a los que este medio de comunicación accedió.

El propietario de la empresa manifestó que no hubo irregularidades porque entre los miles de proyectos que tiene la Alcaldía, esa cantidad no debe llamar la atención.

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rocío Molina reconoció la dificultad de poder vigilar el buen uso de los recursos en las contrataciones menores y las órdenes de servicio en la Municipalidad. “Sin embargo, ya se ha dado a conocer que hay muchísimos contratos”.

Informó que se conoció que alrededor de 40 millones de bolivianos que en 2017 se habían dispuesto para barrios de la zona sur de la ciudad, se habrían utilizado para consultorías. “Y ni siquiera existen los productos entregados tras la contratación de estas consultorías”.

Los vecinos protagonizaron en semanas recientes marchas, vigilias y bloqueos en exigencia de la devolución de los recursos de obras para su zona.

Secretarios

Los secretarios municipales suelen firmar las contrataciones menores y órdenes de servicios de menos de 50 mil bolivianos.

2 Instancias municipales

La alcaldesa suplente temporal, Karen Suárez, instruyó a la Unidad de Auditoría Interna y al Director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción esclarecer denuncias sobre las supuestas irregularidades.

La norma se aplica en todas las instancias públicas

Fernando Salazar

Analista político

La normativa respecto a los contratos menores es nacional y se aplica para todas las entidades públicas, como ministerios, gobernaciones.

Los contratos menores a 20 mil bolivianos no entran al Sicoes, son de directa asignación. No hay absolutamente ninguna irregularidad.

Ahora, hay una situación especial, lo digo como profesional que trabajó para algún municipio. Lo primero es que la actual norma que impuso el Gobierno del MAS es una normativa tributaria contra quienes hacen y ofrecen servicios o prestan bienes a las entidades públicas, pagando el 30 por ciento , 35 por ciento de impuestos al Estado cuando acceden a estos contratos, que pueden ser de hasta 50 mil bolivianos. Una forma, no voy a decir de evadir, de disminuir esta carga impositiva es que sean menores a los 15 días, para liberarse de esos impuestos.

Lo que hacen el Concejo y la Alcaldía es cumplir la norma, no importa el tipo de contrato. Si es menor a 50 mil bolivianos, igual pasa controles de rigor.

Sobre los contratos menores de 70 millones de bolivianos, es regular. Además, el Gobierno ha creado las famosas licitaciones directas, contratos millonarios, ni siquiera de 70 millones, sino mucho más. En ese sentido, ya sea por premura frente a desastres naturales, como lo que pasó en Tiquipaya, se da posibilidad a adjudicaciones directas u otras urgentes, como las de los Juegos Suramericanos; casi todas las obras han sido por licitación directa por parte del Gobierno. No hay Sicoes, no hay nada.

Quien elabora la norma, la incumple e intenta aplicarla a otras instancias, cuando ni ellos pueden. El procedimiento administrativo lo hace imposible (...). No hay instancia de fiscalización, de verificación, sobre todo una calificación que sea imparcial. Es tan compleja la norma que cualquier instancia puede ser objeto de observación.



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