Al sur está el hospital cuya compra fue denunciada por sobreprecio
En la calle Aroma y Tarapacá, de la zona sur oeste, se ve imponente una construcción color naranja. Arriba, lleva el letrero CIMFA Sur. Pertenece a la Caja Nacional de Salud desde el 28 de noviembre de 2016, cuando se firmó el contrato de compra venta y fue entregado el 30 de enero de 2017. Dos meses después, el gerente general de la CNS, Juan Carlos Meneses, denunció sobreprecio y varias irregularidades.
Sin embargo, el aludido Víctor Torrico aseguró a OPINIÓN que cuando era administrador regional, cumplió todos los pasos y responsabilidades que le otorga el D.S. 0181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Descartó que se trate de una compra con sobreprecio y que eso quedará claramente establecido en la investigación que realiza el Ministerio Público.
“No conozco y no debería conocer el precio, eso dice la 0181. Todos tenemos funciones establecidas. Hice mi trabajo como Responsable del Proceso de Contratación (RPC). Yo no hice el avalúo, a mí me dan el informe de ese avalúo”.
IRREGULARIDADES
En una publicación anterior, Meneses mencionó también a los exgerentes de la CNS Mario Aramayo y Juan Alfredo Jordán por estar supuestamente involucrados en estas irregularidades durante sus gestiones.
La adjudicación de la infraestructura, inscrita en la página del Sistema Integral de Contrataciones Estatales (Sicoes), reveló que la convocatoria para la “adquisición del bien inmueble CIMFA Sur-medicina física y rehabilitación, regional Cochabamba” fue lanzada el 1 de noviembre de 2016, con un precio referencial de 24.300.000 bolivianos, siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) Mario Alberto Aramayo y el Responsable del Proceso de Contratación y administrador regional, Víctor Torrico Sevilla, y el jefe médico Amadeo Rojas Armata, los responsables de ver la compra.
Torrico insistió, en su defensa, que cumplió con lo establecido en la norma y que es responsabilidad de otras instancias el verificar si fue aprobado por el directorio, el avalúo y otros.
Meneses aseguró que el edificio no cumple con los requerimientos exigidos en la norma de caracterización de un establecimiento de salud.
Torrico replicó que fue el mismo Servicio Departamental de Salud, Sedes, la instancia que inspeccionó el lugar y dio su visto bueno. Aclaró que la infraestructura no es para el funcionamiento de una clínica, sino para la atención familiar externa.
En cuanto al sobreprecio, Meneses aseguró en varias publicaciones a la prensa “que un estudio técnico externo y una auditoría concluyeron que hubo más del 50 por ciento del precio demás”.
Con el estudio y con la aprobación del Directorio de la CNS que instruye que inicie las medidas correctivas, es que Meneses presenta querella ante el Ministerio Público, instancia que inició investigaciones. El 10 de abril debía desarrollarse una inspección del inmueble, pero fue suspendida para el 26 de ese mes, postergándose nuevamente.
El encuentro fue en el mismo hospital cuyos elegantes pisos de porcelanato resaltan a la vista, con paredes color crema y gradas, además de ascensor. También hay una pequeña gruta con la imagen de la Virgen de Guadalupe.
No se desarrolló la inspección, pero un funcionario se esmera por mostrar que la construcción es buena.
“-¿Ha visto los baños? Son súper elegantes”.
Se acerca e intenta abrir una puerta, pero está cerrada.
La abogada de Torrico, Gladis Tapia Heredia está segura que no existen argumentos legal ni técnico para que su defendido sea querellado y que ello quedará demostrado en próximos días.
“La querella no tiene ni pies ni cabeza. Estoy segura de que hay otro hecho irregular en este proceso y que por encubrir a otras personas, están señalando a inocentes. De la investigación se los ha sacado a varios que deberían estar. Por eso la Fiscalía ha decidido ampliar la investigación a otras tres más y que son de confianza de la gerencia”.
El juicio empezó con 8 personas, pero hoy son once las querelladas.
Compra
La compra del inmueble se consolidó hasta enero de 2017. La gerencia general halló varias irregularidades.
Proceso
Tras las denuncias, el Ministerio Público inició investigaciones y aún tiene pendiente la inspección ocular a la infraestructura de la calle Aroma.