Cochabamba, sábado 23 de junio de 2018

Presos están hacinados, sin rehabilitación ni sentencia

En las prisiones se evidencia violencia y hechos delictivos que se organizan desde adentro. Hay un alto índice de sobrepoblación y faltan presupuesto y una política criminal penal.
REDACCIÓN-ANF Twitter:@DiarioOpinion | | 15 abr 2018





Los últimos hechos sucedidos en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, donde murieron siete detenidos en un operativo el 14 de marzo, ponen en evidencia la grave crisis penitenciaria boliviana que tiene que ver con el hacinamiento, la falta de control, la presencia de niños, la ausencia de política criminal penal y presupuesto.

1. FALTA DE CONTROL

La Policía no controla el interior de los penales. El reciente operativo en la cárcel de Palmasola demostró que dentro había drogas, armas de fuego, armas blancas y hasta marihuana.

Los representantes de los internos tienen poder y pueden realizar cobranzas forzadas a otros internos, mandar a dar golpizas y proteger a otros.

Carlos Flores, docente de derecho de la Universidad Mayor de San Andrés y abogado penalista, expresó que los delegados de los internos dominan a los otros presos más pobres usando la "extorsión y violencia".

Cobran por dar un espacio, por ingresar, por comer, por respirar.

Construyen bloques de celdas y alquilan.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, en una entrevista con un medio paceño, anunció que se efectuará un “control cruzado” en las cárceles para que civiles, en una primera instancia, hagan los controles con tecnología y luego ingrese la Policía para evitar hechos de corrupción.

Al diputado opositor Wilson Santamaría, le parece que permitir que civiles administren los penales es un error. Debe ser gente capacitada, dijo a OPINIÓN.

El delegado defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, considera que el control podría pasar por la tecnología. “Hay que comprar escáner que vigile a los visitantes el ingreso, cámaras de seguridad”.

2.- POLÍTICAS

ANTICRIMEN

El Defensor Nelson Cox y la hermana María Ángeles Gonzales, de la Pastoral Penitenciaria, coinciden en afirmar que todo lo que lleve al descongestionamiento de los penales, es bueno, pero que nadie debe olvidarse de que el propósito principal es la rehabilitación y la reinserción, y que para ello se debe aplicar una política específica que no hay.

3.- HACINAMIENTO

A mediados de los años 90, la población carcelaria en el país era de 4.000 personas, cifra que ha subido a casi 18.000 en un poco más de 20 años, pero no se han construido nuevos penales ni se han ampliado los antiguos. Bolivia tiene uno de los grados más severos de hacinamiento de América Latina, con un 290 por ciento . Casi tres personas viven donde debería haber solo una.

Un informe de la Fundación Construir, que se realizó en coordinación con la organización International Centre for Prison Studies (ICPS), señala que en los 61 recintos penitenciarios del país, 19 urbanos y 42 carceletas rurales, registran una tasa de hacinamiento que va desde 140 por ciento en San Sebastián (mujeres), hasta 900 por ciento en Palmasola (varones).

4.- NIÑOS EN PENALES

"¡No pueden estar los niños en las cárceles, no pueden! En Bolivia incluso hay adolescentes en los penales, eso es algo inaceptable. Incluso hay mujeres adolescentes en cárceles de hombres que sufren toda clase de abusos", dijo a Brújula Digital Ramiro Llanos, el exdirector de Régimen Penitenciario.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó recién a RTP que un total de 615 menores viven en cárceles, de los cuales 420 están en penitenciarias de La Paz. En 2015 había casi el doble.

5.- SIN SENTENCIA

El abuso del mecanismo de "detención preventiva" se demuestra en el grave aumento de los internos de las cárceles. Entre mediados de 2016 y 2017, los presos aumentaron en un 72 por ciento en las cárceles de La Paz, de 1.939 a 3.353 personas privadas de libertad, según un informe oficial.

La "detención preventiva" debería ser usada solamente en casos extremos, pero en Bolivia los fiscales solicitan la detención preventiva en el 77 por ciento de los casos y en El Alto y Santa Cruz un reporte estableció que esa cifra fue del 90 por ciento .

6.- SIN PRESUPUESTO

El abogado Carlos Flores hizo hincapié en el reducido presupuesto del sistema judicial, que está en su nivel más bajo de las últimas décadas. Explicó que la norma aprobada por el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, que pasó a las gobernaciones parte de la responsabilidad del presupuesto penitenciario, ha agravado la situación.

El presupuesto de justicia, de un poco más de 100 millones de dólares anuales, para 2018 presenta el 0.44 por ciento del total del presupuesto nacional.

Tanto el Director Nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, como la directora regional de Cochabamba no ofrecieron esa información.

6 Carencias

Un análisis de los hechos permitió encontrar al menos seis falencias y fallas en la administración de los recintos penitenciarios en el país.

El indulto es un parche nomás

Wilson Santamaría



Diputado de Unidad Demócrata

La decisión de Gobierno de aprobar el decreto de Indulto y Amnistía para despoblar los recintos penitenciarios del país es una medida parche, una salida paliativa para eludir la crisis penitenciaria.

De acuerdo a lo señalado, se proyecta que serán liberadas 2.735 personas de las más de 18.000 recluidas en el país.

Eso quiere decir que quedarán 14 mil reclusos en los penales y es una cantidad aún considerable. Lo que hay que hacer es desbaratar los clanes criminales como los existentes en Santa Cruz, que han ocasionado la muerte de siete personas en el último conflicto.

Pero también se debe empezar a trabajar con la incorporación de tecnología y permitir que los reos salgan con manillas electrónicas. Cuando se apliquen esas medidas la situación va a mejorar.

La solución no pasa exclusivamente por construir más cárceles, sino por hacer que la ley de Ejecución de Penas se aplique.

Otras organizaciones han empezado a tomar conciencia de los hechos. Por ejemplo, la Gobernación de Santa Cruz ha transferido 18 hectáreas para la construcción de una cárcel modelo, lo hizo en acuerdo suscrito con el Ministerio de Gobierno.

Aún quedan vacíos. Se debe hacer ampliaciones en Chonchocoro de La Paz, en Sacaba de Cochabamba, pero nadie ha informado aún de quién es la responsabilidad.

Se propone que la administración carcelaria esté en manos de gente civil, pero eso no resultará porque no es personal especializado.

Proceder al deshacinamiento es una urgencia. No debe permitirse la permanencia de menores de edad por la seguridad de ellos mismos y para evitar ultrajes, aunque ello conlleve separación de la familia.

De acuerdo de la ley del Gobierno nacional, las gobernaciones deben pagar prediarios.

Las gobernaciones ya han cedido predios. En La Paz, se han encargado de reestructurar San Pedro.

El Ministerio de Gobierno tiene un presupuesto y una partida para diseño y consultoría.



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

MÁS NOTICIAS DE « INFORME ESPECIAL »:

Opinión en Twitter
Opinión en Facebook
Portada Impresa