Cochabamba, sábado 18 de agosto de 2018

Jueces liberaron a los 8 condenados y ellos ya pidieron extinción del proceso

El peligro de que el caso se extinga es inminente, por el tiempo transcurrido. El 2 de marzo de 2018, los ocho sentenciados fueron a una audiencia para solicitar la extinción de la acción penal. Les negaron la petición.
| Darynka Sánchez A. WhatsApp: 75900302 | 08 abr 2018

Los jueces Lineth Tapia y Juan Luis Ledezma en una de las jornadas del juicio, en junio de 2010.

Los ocho hombres que fueron enjuiciados en 2010, declarados culpables y condenados a 30 años de cárcel, sin indulto, por torturar y linchar a tres policías, en Epizana, fueron liberados por jueces en Cochabamba, tras pagar fianzas “con rebaja”, según denunció el 27 de marzo el senador (UD) Arturo Murillo. Pero, eso no es todo. Este diario logró constatar que los ocho linchadores ya pidieron formalmente la extinción del proceso penal, por el largo tiempo transcurrido. Un vocal les negó esa posibilidad, alegando que el derecho a la vida tiene prioridad, por encima de otros derechos. Sin embargo, ellos seguirán solicitando la extinción de la acción penal, a otras salas penales, porque la ley así lo prevé.

Zenón Soria Orellana, Juan Israel Rodríguez, Trifón Huayllani Pizarro, Félix Zapata Torrico, Santiago Jiménez, Crescencio Jiménez Balderrama, Ángel Rosendo Cossío y Nicolás Rojas Calvi fueron sentenciados el 25 de junio de 2010. Sin embargo, ya estaban detenidos preventivamente desde 2008.

En Bolivia, existía un artículo que establece que ninguna persona puede permanecer detenida por más de 24 meses, sin tener una sentencia ejecutoriada. Esto significa, sin que la condena que le dieron en primera instancia haya sido confirmada por el Tribunal Supremo de Sucre. Ese artículo fue modificado después y se estableció que nadie puede estar detenido preventivamente, por más de 36 meses, sin tener una condena confirmada en segunda instancia, en Sucre.

En la época del juicio a los linchadores de Epizana, el máximo tiempo que podían estar presos, sin contar con una sentencia en segunda instancia, o ejecutoriada, era de 24 meses. Los ocho llevaban detenidos dos años, desde el triple crimen, y solo fueron sentenciados en primera instancia. El fallo, hasta la fecha, no fue revisado ni confirmado en Sucre. Acogiéndose a esta normativa, uno a uno, los linchadores solicitaron salir en libertad desde 2011. El primero en salir libre fue Trifón Huayllani, que se fue de El Abra en julio de 2011. Es decir, pagando solamente 3 de los 30 años que debía estar encerrado. Luego salieron Nicolás Rojas Calvi y Santiago Jiménez.

Los mismos jueces que los condenaron, Lineth Tapia y Juan Luis Ledezma, fueron los que ordenaron la libertad de algunos de los linchadores, en audiencias de cesación de la detención. En otros casos, fueron jueces del Tribunal Séptimo Cautelar los que aceptaron liberarles, con medidas sustitutivas. Les impusieron fianzas económicas de 200.000 y 150.000 bolivianos, pero ellos pidieron rebajas argumentando que no contaban con esos montos. Los jueces les rebajaron las fianzas a cifras que oscilan entre 100.000 y 70.000 bolivianos.

Sin embargo, en tanto los sentenciados reunían el dinero en efectivo y bienes, las autoridades que ordenaron su libertad en audiencia se fueron del sistema judicial y otros jueces, Henry Maida, Mirtha Montaño, Jesús Camacho y Sara Fuentes, se hicieron cargo de firmar los mandamientos de libertad en favor de los condenados. Ellos dieron una conferencia de prensa en la que aclararon que la libertad fue ordenada, en audiencias, por otros jueces que ya no están en funciones y que a ellos les tocó simplemente firmar los mandamientos instruidos.

El senador Murillo pidió al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Magistratura que todos los jueces implicados en la liberación de los linchadores sean procesados penal y administrativamente. Pero, además, le exigió al ministro de Gobierno, Carlos Romero, al comandante general de la Policía, Alfonso Mendoza y al Fiscal General, Ramiro Guerrero, la inmediata recaptura de los asesinos, antes de que ellos se den a la fuga.

“Mientras estos cocaleros condenados a 30 años salieron libres, luego de solo 24 meses presos, existen casos como el de los opositores Leopoldo Fernández, que está detenido 9 años, y el de Zvonko Matkovic, preso 8 años, sin haber sido sentenciados, ni siquiera en primera instancia. Los políticos no tenemos derechos para este Gobierno, lo entiendo. Pero, ¿qué pasa con las decenas de personas que están presas por delitos menores y sin sentencia? ¿Por qué a los asesinos se les da tantos beneficios y ventajas? Este es un escándalo y, a dos semanas de mi denuncia, el Ministro de Justicia y el Ministro de Gobierno, que suelen pronunciarse por todo, no han dicho una sola palabra sobre este tema. Y eso es preocupante porque este es un hecho flagrante de la impunidad de asesinos”, dijo.

Esperan orden de recaptura

Solamente el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, se pronunció sobre la liberación de los ocho sentenciados del caso Epizana.

Responsabilizó a la administración de justicia por la salida de los condenados y anunció que están a la espera de una disposición judicial para su recaptura. “En cuanto lo disponga el juez procederemos a la recaptura de las personas a las que la administración de justicia benefició con medidas sustitutivas a la detención”.

Quiroga sostuvo que el momento en el que cambie la situación jurídica de los sentenciados se procederá de acuerdo a norma. “Entiendo que el Ministerio Público solicitará la detención de estas personas y entonces corresponderá que apliquemos la recaptura”, declaró. Este diario llamó al Fiscal General, Ramiro Guerrero, para verificar si se está tramitando la detención de los ocho condenados, pero estaba en reuniones y no pudo contestar.



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