Cochabamba, sábado 18 de agosto de 2018

La impunidad tiene nombre de Sala que tardó 8 años en sortear el caso

Los vocales que estuvieron al frente de la Sala Penal 3, desde 2010, debían resolver una apelación de los linchadores en el plazo de un mes, pero “se demoraron” 2.920 días. Pueden ser procesados penalmente.
| Darynka Sánchez A. WhatsApp: 75900302 | 08 abr 2018

La representante del Consejo de la Magistratura, Mabel Montaño.

La justicia boliviana no solo liberó a los ocho condenados por torturar y linchar a tres policías en Epizana. También les regaló la posibilidad de que el caso prescriba o se extinga para siempre y ellos queden impunes “legalmente”.

La representante del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Mabel Montaño, confirmó a OPINIÓN que un sorteo que debía efectuarse el año 2010, para resolver una apelación de los linchadores, se cumplió recién hace unos días, en 2018.

Esto significa que el veredicto de la sentencia en primera instancia ni siquiera llegó a la Corte Suprema de Justicia de Sucre para ser revisado y ejecutoriado. Eso podría demandar entre uno a dos años más, en el mejor de los casos.

Antes de ese plazo, se prevé que los condenados lograrán la prescripción de la acción penal y quedarán libres, incluso de antecedentes penales.

Los vocales que estuvieron al frente de la Sala Penal 3, en los últimos ocho años, incumplieron su deber al no sortear el caso y resolverlo en el plazo de 30 días. La apelación de los linchadores, literalmente “durmió” por 2.920 días, vulnerando el derecho de las víctimas a la justicia.

La representante del Consejo de la Magistratura dijo que ya se está investigando quiénes son los responsables de lo sucedido, y sostuvo que, si se verifica negligencia, podrían ser sometidos a un proceso penal por incumplimiento de deberes.

El docente de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Henry Pinto Dávalos explicó que, luego de que un juicio penal concluye con una sentencia, los condenados pueden presentar una apelación restringida para que un tribunal de alzada revise si se aplicó erróneamente la ley en el fallo dictado.

Los procesados deben presentar esa apelación en un plazo de 15 días, después de ser notificados con la sentencia. En el caso Epizana, seis de ocho condenados presentaron la apelación restringida.

La Sala Penal 3 debía sortear cuál de los dos magistrados o vocales iba a cumplir el rol de relator. Luego, ese relator sorteado debía convocar a una audiencia dentro de los 10 días de recibidas las actuaciones o pruebas.

El artículo 411 del Código de Procedimiento Penal señala que, concluida la audiencia, e incluso si no se convocó a la misma, la Sala Penal 3 debía dictar su resolución en el plazo máximo de 20 días.

En teoría, apenas los linchadores presentaron su apelación, la Sala Penal tenía 30 días para sortear relator, llamar a audiencia y resolver el recurso. En el caso Epizana, se dejó pasar ocho años sin siquiera sortear al relator.

El abogado Pinto aclaró que los 30 días de plazo son una teoría. En los hechos, existe mora judicial y las salas penales advierten a los litigantes que deben “esperar su turno cronológicamente”.



RESPONSABLES

PENALES

“Ahora, la mora entendible es dos años como máximo. Yo sé que si presento una apelación restringida debo volver en dos años por el resultado. Pero, ¿ocho años? Es irracional. En este caso no se cumplió el artículo 411 ni la lógica de la demora por la carga procesal. Hay una responsabilidad penal de los vocales de esa Sala”, aseveró el catedrático universitario.

El abogado también recomendó que el Consejo de la Magistratura investigue si ocurrió lo mismo con todas las apelaciones de la gestión 2010 o si solo la del caso Epizana sufrió “semejante y negligente” demora. “Si se comprueba que las otras apelaciones de 2010 han sido resueltas, esto significa que han dejado dormir el caso con una orientación exprofesa, para que no se resuelva”, señaló.

Lo más preocupante es que el recorrido de la acción penal no termina ahí. Después de obtener una respuesta a la apelación restringida, los linchadores tienen cinco días para interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Sucre, para impugnar la resolución de la Sala Penal regional, alegando que existen contradicciones.

En teoría, luego de admitido el recurso, la Corte Suprema de Justicia tiene 10 días hábiles para pronunciarse. En los hechos, por la mora judicial, las resoluciones son emitidas en un plazo de siete meses a dos años, dependiendo de la priorización de los casos, por su relevancia social.

La representante del Consejo de la Magistratura, Mabel Montaño, dijo que la Sala Penal 3 sorteó hace unos días al relator del caso Epizana y en 20 días se contará con la resolución. Sin embargo, admitió que todavía faltan recursos por presentar y el proceso se dilatará más, pues todavía debe ir a Sucre.



PELIGRO DE EXTINCIÓN

El docente de la carrera de Derecho de la UMSS Henry Pinto lamentó que el incumplimiento de deberes de los vocales de la Sala Penal 3 haya generado un peligro inminente de extinción de la acción penal.

“Si sumamos los siete meses a dos años que puede demorar en Sucre el caso, más la dilación de ocho años en un sorteo y los 28 meses que duró la etapa investigativa y preparatoria del juicio, ya son más de 10 años que duraría este proceso. Se rompió la regla de la celeridad y la garantía del debido proceso. De acuerdo a ley, un proceso penal no puede durar más de tres años. Ya mataron este caso”, advirtió el abogado.

La representante del Consejo de la Magistratura, Mabel Montaño, reveló que seis de los ocho condenados ya solicitaron la extinción del proceso por duración máxima, ante la misma Sala Penal 3.

Los vocales de ese tribunal de alzada, Nelson César Pereira y Ana Wella Tórrez, asumieron recién esos cargos, en abril y en septiembre de 2017. Ellos sortearon el caso recién, al percatarse de que sus antecesores no lo habían hecho.

El 2 de marzo de 2018, los seis sentenciados se presentaron en audiencia, ante los vocales, para solicitar la extinción del proceso, pero ellos declararon infundado el incidente de la extinción de la acción penal por prescripción.

“La norma dice que transcurridos ocho años del delito, si los procesados no tienen sentencia ejecutoriada, el proceso prescribe. En este caso, la Sala Penal 3 fundamentó su rechazo en la defensa del derecho a la vida y haciendo notar que no es un delito común”, describió Mabel Montaño.

Para el catedrático de Derecho Henry Pinto, ese rechazo no durará mucho. “Los condenados pueden apelar, para que otra Sala Penal admita la extinción y, si no lo hacen, pueden recurrir a un Amparo Constitucional. Con la dilación de ocho años, les han abierto las ventanas para que puedan salir impunes”, lamentó.

La abogada penalista Mabel Antezana opinó que “es grave y muy triste lo que ha sucedido con el caso Epizana. Es un reflejo de nuestro sistema penal judicial. La Sala Penal 3 debía resolver de inmediato la apelación restringida porque no iba a descubrir la pólvora. Si hay una sentencia condenatoria por asesinato, muy poco se puede modificar”.

Antezana sostuvo que en este caso existe una contraposición de dos derechos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Un procesado tiene derecho a ser juzgado en un tiempo prudencial. “Se tiene que castigar ejemplarizadoramente a los vocales de esta Sala Penal. Yo acudiría a la Corte Interamericana de Derechos porque el Estado debe poner un alto a los abusos de estos malos administradores de justicia”, agregó.

Este diario le consultó a la representante del Consejo de la Magistratura Mabel Antezana quiénes fueron los vocales de la Sala Penal 3 que hicieron “dormir” el caso Epizana y le abrieron las puertas a la impunidad. La autoridad sostuvo que ha pedido la lista de ellos y un informe pormenorizado de los motivos por los que no sortearon el caso en ocho años. “Aún no tengo la lista. Varias salas penales tenían acefalías hasta el año pasado, pero, eso no es excusa porque el vocal que estaba solo podía convocar la presencia de un magistrado de otra sala penal para hacer quorum y sortear”, sostuvo.

La representante lamentó que ninguna de las partes haya hecho seguimiento en este caso. Ni el abogado de los familiares de los policías, ni el Ministerio Público, nadie se preocupó porque este caso sea priorizado y llevado adelante dentro de los plazos procesales. Eso no justifica que los vocales hayan incumplido, desde luego”.

Montaño dijo que si se comprueba la responsabilidad en esta retardación de justicia, los vocales serían sometidos a procesos penales por el delito de incumplimiento de deberes, y en la vía jurisdiccional. “Hay un gran daño y, con este accionar, se ha generado una mala imagen del Órgano Judicial, ya tan cuestionado”, admitió la autoridad.

2.920

Días se tardaron

los vocales de la Sala Penal 3 tan solo para sortear quién iba a ser el relator del caso. Ellos debían efectuar el sorteo el año 2010, pero lo hicieron en 2018. Con e llo, le dieron a los sentenciados la posibilidad de beneficiarse con la extinción del caso y quedar impunes.



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