Cochabamba, domingo 27 de mayo de 2018

Mirna: “La justicia boliviana no tiene piedad de las víctimas”

La expareja del policía Carlos Wálter Ávila no se sorprendió por la liberación de los ocho linchadores sentenciados. Ella cree que desde el principio se buscó beneficiar a los asesinos y que el juicio fue un “show montado.”
| Darynka Sánchez A. WhatsApp: 75900302 | 08 abr 2018

Arriba, Maruja Yupanqui y Mirna Gareca ven el video del linchamiento. Abajo, los familiares de los tres policías lloran

Mirna Gareca ya esperaba que la justicia boliviana les ofrezca, a los asesinos de su pareja, otras alternativas para que ellos pudieran eludir su castigo y “burlarse de su dolor”. Por eso, la noticia de que los ocho linchadores sentenciados a 30 años de cárcel están libres, no le sorprendió. ¨Me duele. Claro que me duele. Pero, no me asombra. Desde el principio estaba cantado. Los fiscales y jueces siempre les ayudaron para que no paguen su culpa. Solo Dios hará justicia¨.

Mirna Gareca fue la pareja de Carlos Wálter Ávila, uno de los tres policías capturados, torturados, quemados con agua hirviente y estrangulados el 26 de febrero de 2008, en Epizana, a 127 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.

Han pasado 10 años desde que Mirna recibió una llamada que le rompió el corazón y la hizo temblar de impotencia al saber que habían matado a su amado. Entonces, Carla, la hijita que Mirna tuvo con Carlos, había cumplido cinco meses de vida y ya era la niña de los ojos del policía. Hoy, Carla ya tiene 10 años y medio. Sabe que su papá “tuvo que irse al cielo porque personas con mucha maldad en el corazón lo lastimaron”. Mirna Gareca explica que ella no quería contarle la espantosa muerte que tuvo su padre, pero, “ahora con el internet todo se sabe. Yo se lo dije, casi sin detalles, y vamos siempre al cementerio a rezar sobre su tumba. Ha sido difícil salir adelante sola con mi hija, pero Dios no nos ha abandonado”.

A Mirna se le endurece la voz cuando reflexiona sobre la liberación de los ocho linchadores. “¿Para qué les dan una sentencia si los van a liberar después? Es un show, una burla. Nos hicieron creer que pagarían por su delito y nos mintieron. Tanto hemos caminado, tanto hemos gastado en ese juicio. Gasté lo que era de mi hija en buscar justicia para Carlos y fue en vano. Desde hace años que estoy decepcionada de la justicia boliviana, pero esto ha sido lo peor. No tienen piedad de las familias ni de las víctimas, pero todo se paga en esta vida”, asegura.

Maruja, la madre del policía asesinado Eloy Yupanqui, se fue a La Paz después de la sentencia. Desde su perspectiva, cuando una autoridad toma una decisión, la aplica y no hay vuelta atrás. Ella confió en que los jueces que dictaminaron 30 años de reclusión para los asesinos de su hijo se encargarían de que su palabra fuera cumplida y respetada. Antes de irse, dijo que jamás olvidaría el momento en que le entregaron el cuerpo de su único hijo varón. “Ese día mi corazón se enfermó. Lo habían bañado, pero igual se notaba que lo habían golpeado peor que a un perro. No tenía cerebro mi hijo. Su piel estaba llena de ampollas abiertas. Esa imagen me ha destruido para siempre y me hospitalizaron meses. Ahora que estos asesinos han entrado a la cárcel, ya puedo llorarlo en La Paz, donde lo enterré”, le dijo a OPINIÓN, en julio de 2010. Este diario la llamó insistentemente a su celular, para saber qué haría frente a la liberación de los sentenciados, pero no contestó las llamadas ni los mensajes. El sargento linchado Willy Álvarez Cuevas dejó a siete niños en la orfandad. Entonces tenían entre 1 y 10 años de edad. La madre de los niños los abandonó con el abuelo paterno, el minero Willy Álvarez, quien se los llevó a Oruro después del juicio y no se supo más de ellos.

IMPUNIDAD

La impunidad no solo significa que uno o varios hombres, que cometen delitos, sean beneficiados con la excepción del castigo o el escape de la sanción.

Ante todo, la impunidad “es una negación del derecho de las víctimas a ser reparadas, a ser restauradas”, según la abogada Mabel Antezana. Pero, también es la exposición de la sociedad a un riesgo latente cuando los infractores o delincuentes no han sido rehabilitados y más bien se saben intocables al haber logrado burlar a la justicia.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas promulgó el 8 de febrero de 2005, un Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad.

En este documento se establece que la impunidad es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley; que sufren corrupción política; que tienen arraigados sistemas de mecenazgo o patrocinio político; donde el Poder Judicial es débil, o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas define la impunidad como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.



INFRACCIÓN ESTATAL

Sin embargo, el documento de la Comisión va más allá y señala que la impunidad constituye “una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, de adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas cuyo cumplimiento debe ser verificado.

Los Estados también deben garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, además del derecho inalienable a conocer la verdad. Y, por último, deben tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones en sus jurisdicciones.

Impunidad

no solo es huir del castigo, sino impedir que las víctimas sean reparadas. También es una infracción del Estado que debe garantizar la justicia.



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