INRA, alcaldías, Gobernación y Parque Tunari no sientan autoridad
Nadie sienta autoridad en las franjas de seguridad de las torrenteras, ni pone en evidencia el peligro que estas representan para el asentamiento humano.
La gente construye sobrepasando a todas las autoridades que empiezan desde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las alcaldías, la Gobernación y la Dirección del Parque Nacional Tunari (PNT) en los casos en los que la torrentera pasa por este sector.
La falta de autoridad en estas zonas es una debilidad bien aprovechada por los loteadores y la gente que tiene y que no tiene papeles de terrenos por encima y debajo de la Cota 2.750, que es el límite del área urbana con el PNT.
Mientras algunos se asientan ilegalmente y viven en condiciones precarias, dentro de construcciones de medias aguas, también hay algunos chalets que resaltan en las mismas montañas, donde la tierra de arcilla con piedra puede ceder en cualquier momento.
Según el director de la Madre Tierra de la Alcaldía de Tiquipaya, Aurelio Ayala, el principal responsable de los asentamientos es el INRA porque otorga derecho propietario dentro de las franjas de seguridad y no considera los informes que emiten los municipios.
Ayala manifestó que cientos de veces se defendieron las franjas de seguridad y las servidumbres ecológicas con documentación, pero el INRA no tomó en cuenta los informes.
Explicó que una vez que los dueños tienen derecho propietario y sanean sus tierras es difícil impedir que construyan porque se debe pedir la anulación de los títulos mediante un proceso que, según Ayala, duraría años.
“No tenemos el aparato jurídico para pedir estas anulaciones, estaríamos en proceso todo el tiempo. Aquí lo correcto es que el INRA no haga ese tipo de saneamientos”, dijo.
OPINIÓN se comunicó con el director departamental del INRA Edwin Salazar, pero este no quiso responder a las preguntas.
CONCIENCIA
Ayala mencionó que la población debe estar muy consciente de que no respetar las franjas de seguridad es de mucho riesgo.
La Alcaldía de Cochabamba asegura que el control de los asentamientos debe ser por jurisdicción.
El secretario de Planeamiento, Manuel Prado, indicó que no pueden ingresar a predios del parque si no es con el permiso del PNT.
Manifestó que su control solamente llega hasta la Cota 2.750, aunque sea jurisdicción de Cercado.
“Hay una evidente falta de coordinación entre las autoridades, para analizar que se hace con los asentamientos ilegales”, dijo.
Sugirió que este tema sea tratado en el Consejo Metropolitano debido a la gran cantidad de urbanizaciones que están en riesgo.
El exdirector del PNT, Carlos Espinoza, que dejó la institución hace tres meses dijo también que uno de los grandes problemas es el saneamiento de tierras.
Los loteadores que en algunos casos son los mismos comunarios que habitan en las zonas convierten primero el terreno en zona agrícola, siembran maíz o algunos vegetales y cuando la tierra ya está consolidada hacen el cambio a suelo urbano o directamente construyen.
Agregó que controlar a los 11 municipios y proteger las 54 torrenteras y ríos que pasan por la reserva es un trabajo casi imposible para la administración que cuenta con 11 funcionarios.
Reconoció que hay una incapacidad y una falta de autoridad porque no hay presencia institucional.
A esto se suma la debilidad de las alcaldías de Tiquipaya, Cercado y Sacaba, que no cuentan con unidades competentes y recursos suficientes, que contribuyan a la gestión integral de cuencas.
Recordó que las Unidades de Gestión de Riesgos, (UGR) son insuficientes y solo se ocupan de atender emergencias.
ABANDONO
En el año 1991 se creó el Proyecto de Manejo Integral de Cuencas (Promic) a través de un convenio intergubernamental con la Cooperación Suiza, (Cosude) con la finalidad de que desarrolle sus actividades exclusivamente en cuencas y microcuencas de la cordillera del Tunari entre Cercado y Tiquipaya principalmente, y en menor grado, Sacaba y Quillacollo.
Esta institución contribuyó en desarrollar y difundir el enfoque de manejo integral de cuencas a través de proyectos modelo, aplicando componentes técnicos de medidas mecánicas de protección del suelo y disipación de la velocidad del río, con medidas forestales y productivas con las comunidades.
Precisamente, la cuenca Taquiña, que se desbordó el 6 de febrero de este año, se constituyó en la primera experiencia y el modelo de manejo integral de cuencas del Promic que se fue replicando paulatinamente en otras cuencas de la región.
“En la actualidad ya no queda nada de lo trabajado en esa época”, dijo Espinoza.
El director de Cuencas de la Gobernación, Enrique Soria manifestó que su responsabilidad en cuanto a las cuencas y microcuencas del departamento es definir la máxima crecida de los ríos.
Señaló que este trabajo se hace con los municipios y, además, se envían recomendaciones para que se cumplan los límites de la franja de seguridad, pero son las alcaldías las que no hacen que estas distancias se consideren.
Mercado negro
Cerca de los ríos hay un mercado negro de loteadores que venden terrenos a la gente, la engaña y la hace correr riesgos.
Director de Cuencas de la Gobernación
Enrique Soria