Cochabamba, lunes 15 de octubre de 2018

Los conflictos que cercaron a Evo

Desde la elaboración de la nueva Carta Magna de Bolivia, que tropezó con el rechazo de la oposición, el Gobierno tuvo varias dificultades, como el denominado golpe cívico prefectural.
| | 21 ene 2018



El camino largo de la Constitución

La actual Constitución Política del Estado fue promulgada por el presidente Evo Morales el 7 de febrero de 2009 y publicada en la Gaceta Oficial dos días después. Para su elaboración, aprobación y puesta en vigencia, transcurrieron casi tres años, en medio de tensión y conflictos entre grupos oficialistas y opositores.

La Asamblea Constituyente, encargada de redactar la nueva Carta Magna, fue instalada en Sucre el 6 de agosto de 2006, con la representación de 255 asambleístas, 142 del Movimiento Al Socialismo, el resto de distintas fuerzas políticas. Su trabajo comenzó el 5 de marzo de 2007, según La Patria de Oruro. A mediados de agosto de ese mismo año, los asambleístas decidieron eliminar el debate de Sucre como capital plena, lo que desató disturbios en esa ciudad. La Asamblea decidió, entonces, tras varias suspensiones, deliberar en un recinto militar, el 22 de noviembre de 2007, pero con solo 145 de los 255 asambleístas. Dos días después, se registró un nuevo enfrentamiento y la muerte de una persona.

Durante los casi tres años de vigencia de la Asamblea Constituyente, se produjeron conflictos entre los partidarios del Gobierno y los seguidores de las regiones que demandaban autonomías departamentales.

La aprobación en detalle de la nueva Carta Magna se realizó en Oruro, en ausencia del principal partido opositor, y culminó tras una sesión de casi 17 horas, con los votos de más de dos tercios de los 164 asambleístas presentes en instalaciones de la Universidad Técnica, de los 255 asambleístas elegidos en 2006.

La Constitución Política fue sometida a un referendo constitucional el 25 de enero de 2009 y aprobada por el 61.43 por ciento de los votos. Entró en vigencia el 9 de febrero de ese mismo año, tras ser promulgada por el presidente Evo Morales.

La quema de la Prefectura

Tres personas fallecidas, al menos 400 heridas, y la quema de las puertas, la oficina jurídica y un vehículo de la Prefectura de Cochabamba. Ese fue el saldo que dejaron los enfrentamientos del 11 de enero de 2007 (denominado Enero Negro) entre habitantes de la ciudad y del campo.

Durante esa jornada, el Comité Cívico de Cochabamba llevaba adelante un paro, en repudio al pedido de renuncia que hicieran algunos sectores al entonces prefecto Manfred Reyes Villa, quien meses antes había vivado por Santa Cruz y su “independencia”. Grupos de personas salieron a las calles para pedir que los productores de coca, que habían llegado para realizar una vigilia, desocupen la ciudad.

Ambos sectores se enfrentaron con palos, machetes y otros objetos, sin que la Policía pudiese frenar la violencia desatada en las calles céntricas de la ciudad. En los enfrentamientos de esa jornada murieron el productor bananero Juan Tica Colque, de 38 años, quien tenía un impacto de bala en el costado derecho, y Christian Urresti Ferrel, de 17, por traumas en la cabeza. Semanas después de haber permanecido en coma, por un derrame cerebral a causa de golpes, murió el productor de coca Luciano Colque, de 46 años.

Según un reporte de OPINIÓN, entre el 8 y 11 de enero de 2007, El Prado de Cochabamba y las calles adyacentes se convirtieron en un campo de batalla entre productores de coca del Trópico y los habitantes de la ciudad, por una pugna política entre el MAS y el exprefecto Manfred Reyes Villa.

Por la muerte de Juan Tica Colque fue procesado Alex Rosales y sentenciado a 14 años de prisión, en 2008, aunque no se cumplió la sentencia. La Investigación del fallecimiento de Christian Urresti no esclareció las circunstancias de su muerte; tampoco se esclareció el caso de Colque.

Golpe “cívico prefectural”

La primera quincena de septiembre de 2008, el Gobierno del presidente Evo Morales atravesó uno de los momentos más difíciles de su gestión, en lo que calificó como un intento de golpe “cívico prefectural”.

Según la denuncia del Gobierno, grupos de personas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija convulsionaron estas ciudades cuando arremetieron contra instituciones del Estado, saqueando y robando sus bienes, atacando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

La situación se agravó a tal extremo, que la presidenta circunstancial de la Unión de Naciones Suramericanas, Michelle Bachelet, convocó de urgencia a esta organización, que decidió apoyar a Morales ante la crisis política y social que vivía Bolivia.

La confrontación tuvo como protagonistas al Gobierno y a los prefectos opositores de la región conocida como “Media Luna”, de Pando, Beni Santa Cruz y Tarija.

Unos días antes de la crisis, el 19 de agosto, los prefectos de la “Media Luna” convocaron a un paro cívico indefinido con bloqueo de carreteras, la toma de instalaciones del Estado, y la amenaza de interrumpir el suministro de gas a Brasil y Argentina. El 9 de septiembre, grupos de manifestantes tomaron instalaciones del Estado. Un día después, un grupo cerró una válvula del mayor gasoducto en Tarija.

Uno de los capítulos más graves del conflicto se produjo en la región de Pando, donde un enfrentamiento armado entre autonomistas y oficialistas derivó en la matanza de entre 15 y 18 personas, casi todas afines al presidente Morales.

El Gobierno declaró el 12 de septiembre Estado de sitio en Pando. La Fiscalía General presentó denuncia por “genocidio” contra el entonces prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien fue encarcelado. Actualmente está con detención domiciliaria.

Gasolinazo de Navidad

El incremento del precio de los combustibles, hasta en un 82 por ciento en la Navidad de 2010, provocó rechazo en la población y movilizaciones en contra del Gobierno de Evo Morales. El transporte declaró paro indefinido y la Central Obrera Boliviana instruyó movilizaciones y bloqueos por el “gasolinazo” que subía el precio del litro de gasolina en 72 por ciento y el de diésel en 82 por ciento , según un reporte de BBCMundo.

La Central Obrera Boliviana criticó duramente la medida asumida por el Gobierno el 26 de diciembre de 2010 e inició movilizaciones. El argumento del Ejecutivo fue que los precios subvencionados de los carburantes en el país provocaba el contrabando de los mismos a naciones vecinas.

Las organizaciones protestaron de forma violenta en las calles de las principales ciudades del país, especialmente en La Paz y El Alto contra el llamado “gasolinazo”, porque no estaban dispuestas a asumir la subida repentina de los precios de los combustibles.

Los transportistas, vecinos, profesores y otros gremios no dieron tregua al Mandatario, exigiendo la anulación del decreto de incremento del precio de los combustibles.

Las críticas y protestas generadas a causa de la subida en el precio de los combustibles amainaron solamente cuando el presidente Evo Morales dejó sin efecto la medida, minutos antes de Año Nuevo. “Prometí gobernar obedeciendo al pueblo”, afirmó en su alocución.

El transporte urbano y de larga distancia retomó su actividad después de que el Presidente decidiera anular la medida, mientras que los bloqueos que se habían instalado en las carreteras que vinculan los departamentos del eje troncal se levantaban. Los mineros, que habían amenazado con medidas más radicales, las dejaron sin efecto.

La represión en el Tipnis

La violenta represión a una marcha de unas 400 personas que se oponía a la construcción de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el 25 de septiembre de 2011, le costó su cargo al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y puso contra las cuerdas al presidente Evo Morales.

Cuando el grupo se encontraba en la mitad del camino hacia La Paz, un violento operativo policial intentó dispersar a la columna indígena y muchos de los marchistas fueron maniatados, amordazados y montados en buses para ser trasladados de vuelta a sus regiones, según un artículo de BBCMundo. La represión fue cerca del pueblo de Yucumo, a poco más de 300 kilómetros de La Paz.

El presidente Morales, criticado por varios sectores, negó haber instruido aquella represión; sin embargo, las contradictorias versiones que emitieron las autoridades involucradas no permitieron que se esclarezca quién dio la orden del operativo.

El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia lamentó y expresó, en esa oportunidad, su profundo pesar por los hechos violentos contra los marchistas.

La comitiva, que se había multiplicado en su recorrido desde el TIPNIS, fue aplaudida por los pobladores paceños que salieron masivamente a las calles para dar la bienvenida a los marchistas.

La marcha se inició el 15 de agosto, con la participación de aproximadamente 1.500 indígenas, quienes pedían que se detengan las obras de la carretera por el Tipnis, y llegó a La Paz el 27 de septiembre de ese mismo año.

Morales anunció la suspensión de la obra vial, pero no canceló el proyecto. En vez, propuso que los habitantes de Beni y Cochabamba definan el asunto a través de un referendo.

La justicia, un eslabón débil

La administración de justicia es otro tema pendiente del Gobierno actual y que no termina por resolverse, coinciden opositores y oficialistas. El presidente Evo Morales afirmó, el 28 de diciembre de 2015, que lo peor “dentro de las estructuras del Estado Plurinacional”, en ese momento, era la justicia boliviana.

El 6 de agosto de 2017, el Mandatario volvió a referirse a este tema y dijo que la justicia era un tema estructural que no pudo resolverse en 11 años de Gobierno. El vicepresidente Álvaro García Linera manifestó, por su parte, que la justicia se encontraba en estado de coma y que sus administradores debían ir a la cárcel por las denuncias de corrupción.

La primera elección de magistrados en octubre de 2011, mediante voto directo, apuntaba a fortalecer la justicia del país, pero, según oficialistas y opositores fue un desacierto, más aún cuando el porcentaje de votos nulos fue elevado, 42 por ciento .

Uno de los problemas que viene arrastrando la justicia, y que en los últimos años se profundizó, es la retardación de justicia que se refleja en el mínimo porcentaje de reclusos con sentencia ejecutoriada, que llega a 16 por ciento .

Los opositores, por su parte, consideran que la elección de magistrados estaba destinada al fracaso, debido a que durante la preselección, según su denuncia, los postulantes fueron elegidos por su afinidad con el partido de Gobierno.

El 12 de abril de 2017, dos expresidentes (Jorge Quiroga y Carlos Mesa) y cuatro líderes de la oposición (Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costas, Luis Revilla y Samuel Doria Medina) denunciaron a Morales de usar la justicia para perseguirlos.

La segunda elección de magistrados, el pasado 3 de diciembre, es otro fracaso, según la oposición que abanderó el voto nulo. Los magistrados fueron elegidos con el 35 por ciento de los votos válidos. Los nulos llegaron a 51.35 por ciento . No obstante, el Presidente defendió a los magistrados y afirmó que tienen legitimidad porque fueron elegidos con el 35 por ciento de los votos válidos, mientras que los “políticos fracasados gobernaban el país con el 22 por ciento ”.

Los casos de corrupción

Las denuncias de malversación de millones de bolivianos en el Fondo Indígena, que involucraban a altas autoridades del Gobierno, remecieron las estructuras del Gobierno de Evo Morales, situación que fue aprovechada por la oposición para recordar otros casos de corrupción que se destaparon desde que el MAS empezó a gobernar el país en 2006.

Este caso se hizo público el 14 de febrero de 2015, tras que la Contraloría hallara al menos 153 obras no ejecutadas por el Fondioc, que causaron un daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos, según un reporte del diario La Razón de La Paz.

Por este hecho fueron encarceladas la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos, y la que fungía como titular en ese momento, Nemesia Achacollo (ahora con detención domiciliaria), el senador Jorge Choque y el exdirigente Damián Condori (MAS), además de directivos y otros funcionarios que formaban parte de la institución.

El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), considerado el mayor caso de corrupción desde que empezó la gestión de Evo Morales en 2006, era una partida presupuestaria destinada a financiar proyectos de desarrollo a favor de organizaciones sindicales y campesinas en el país. La institución fue intervenida y luego liquidada después de que estallara el escándalo de corrupción, destaca BBCMundo en un artículo del 6 de diciembre de 2015.

Otros hechos de corrupción se dieron en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. El más sonado, el de Santos Ramírez, que derivó en su destitución y encarcelamiento, con el caso Catler Uniservice, descubierto el 27 de enero de 2009 tras la muerte violenta del empresario Jorge O’Connor, según una nota publicada por El Día de Santa Cruz. Asimismo, el denominado caso Taladros le costó el cargo a Guillermo Achá en 2017, a causa de la licitación de tres taladros valuados en 148 millones de dólares (con aparente sobreprecio).

En 2010, el alemán Dirk Schmidt denunció extorsión a menonitas por parte de personeros del Gobierno que involucró a Gustavo Torrico, exviceministro de Gobierno.

El caso Zapata

La noche del 3 de febrero de 2016, Carlos Valverde denunció en su programa “Todo por hoy” un presunto tráfico de influencias del presidente Evo Morales en favor de Gabriela Zapata, joven con la que había mantenido una relación de pareja. Ese día se informó sobre la existencia de un hijo, hecho que se descartó después de un proceso de investigación.

La denuncia de Valverde señalaba que el Presidente favoreció a la empresa china CAMC con contratos de adjudicación de obras por al menos 570 millones de dólares, debido a que en ese tiempo, Zapata formaba parte de la compañía.

Zapata, quien aseguraba haber tenido un hijo con el presidente Morales, fue aprehendida el 26 de febrero de 2016, y un día después la justicia determinó su detención preventiva.

Según la investigación de la Fiscalía, la exnovia de Morales, con ayuda de cómplices, habría usado ambientes de la Unidad de Gestión Social para recibir a empresarios, lo que le permitió ser contratada como gerente comercial por CAMC.

La Asamblea Legislativa, después de realizar una investigación sobre las denuncias de tráfico de influencias entre el presidente Evo Morales, su expareja Gabriela Zapata y la empresa china CAMC, concluyeron que el Mandatario estaba libre de tales acusaciones.

El 19 de febrero de 2017, Zapata confesó en una entrevista con ATB que la historia del hijo de Morales fue un “montaje” impulsado por Wálter Chávez, exasesor de Evo.

Los políticos opositores al Gobierno aprovecharon esta denuncia de tráfico de influencias para hacer campaña por el No, días previos al referendo del 21 de febrero, en el que el MAS buscaba la aprobación de la población para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y, por ende, permitir al Mandatario volver a postularse en las elecciones de 2019.

El presidente Morales y su entorno palaciego atribuyeron la derrota del 21 de febrero a las mentiras difundidas por la oposición a raíz de la denuncia lanzada por Valverde, según el viceministro de Movimientos Sociales, Alfredo Rada.

El traspié del 21 de febrero

La derrota del 21 de febrero de 2016 representó un duro revés para Evo Morales, según analistas, políticos de la oposición y afines al Gobierno del Movimiento Al Socialismo, tanto para su imagen como para su intención de quedarse en el poder por una gestión más.

El objetivo del partido gubernamental era reformar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para permitir que Morales se presente a la elección de 2019. El Presidente afirmó, en varias oportunidades, según BBCMundo, que requiere de un nuevo mandato para completar su modelo económico y social para el país.

“El presidente de Bolivia, Evo Morales, perdió una batalla electoral por primera vez en más de 10 años”, destacó BBCMundo el 24 de febrero de 2016.

Tras la derrota en las urnas, el oficialismo atribuyó este traspié a la desinformación y a lo que calificó de mentiras urdidas por la derecha opositora en el caso Zapata. Es más, el presidente Morales aseguró, el 22 de diciembre de 2016, según el diario La Razón, que triunfó la mentira y agregó que apoyaba el pedido de la dirigencia del Movimiento Al Socialismo de anular los resultados del referendo.

Los opositores señalaron que la corrupción, al autoritarismo, la fecha del referendo, el gasto de los recursos económicos y no haberle prestado atención a los mensajes en las redes sociales fueron los errores que precipitaron la derrota del MAS.

Carlos Crespo, analista consultado por OPINIÓN en febrero de 2017, afirmó que la derrota del 21 de febrero le hizo mucho daño al MAS, lo que demuestra que hay sectores urbanos de clase media que, irreversiblemente, no votarán por Evo Morales.

Una de las consecuencias inmediatas de la derrota en el referendo es un cierto debilitamiento político de Morales, señalaron los políticos de la oposición.

Al cumplirse un año del referendo, en febrero de 2017 opositores y oficialistas organizaron marchas, los primeros para celebrar el triunfo del No, y los segundos para recordar esa jornada como el Día de la Mentira.

La marcha de los discapacitados

Las marchas, bloqueos, vigilias y huelgas de hambre que realizaron las personas con discapacidad, entre enero y octubre de 2016 fueron otro dolor de cabeza para la gestión de Evo Morales, que se agudizó cuando en medio de las protestas se produjo, el 9 de junio, la muerte de dos personas en Cochabamba, tras ser atropelladas por una joven que conducía su vehículo por el Viaducto, donde había un piquete.

En enero de ese año, este sector inició en Cochabamba movilizaciones en demanda de un bono de 500 bolivianos mensuales para las personas con discapacidad grave.

Al no recibir respuesta a su demanda por parte del Gobierno, el 21 de marzo un grupo de personas con discapacidad (unas 500 personas) inició en la ciudad del valle una marcha con rumbo a La Paz. Representantes de cinco regiones empezaron este periplo, algunos en sillas de ruedas y otros apoyados en muletas. La delegación instaló en la sede de Gobierno, después de recorrer 383 kilómetros, varios piquetes de huelga de hambre y empezaron movilizaciones por el centro paceño.

El miércoles 27 de abril de 2016, las personas con discapacidad que marchaban por las calles de La Paz, y se acercaron a la plaza Murillo, fueron reprimidas con gases lacrimógenos y agentes químicos, según retrata la agencia EFE. El argumento del Gobierno fue que en esa marcha había infiltrados que atacaron a la Policía.

Además de las movilizaciones, las personas con discapacidad se crucificaron y colgaron con sus sillas de ruedas de puentes en las principales ciudades del país.

Después de más de seis meses de medidas de presión, el Gobierno empezó a diseñar una ley para otorgarles un bono de 250 bolivianos mensuales. Finalmente, el martes 26 de septiembre, el presidente Morales promulgó la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, que obliga a las empresas e instituciones públicas y empresas privadas a dar empleo a personas con discapacidad o sus familiares que tuvieran a su cargo el cuidado a una persona de este sector.

Huelga de mineros y muerte de Illanes

La muerte de seis personas (cinco mineros y el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes), durante las protestas que llevaron adelante los cooperativistas en agosto de 2016, fue otro conflicto que puso en aprietos a la gestión de Evo Morales.

Los cooperativistas iniciaron las medidas de presión el 19 de agosto, por la decisión gubernamental de reformar la Ley de Cooperativas para permitir la sindicalización de sus miembros, lo cual fue tomado como una “declaración de guerra” del Gobierno por los mineros, quienes empezaron a bloquear la carretera entre La Paz y Oruro.

Esta medida de presión provocó enfrentamientos entre la Policía y los cooperativistas, que a la postre dejaron cinco mineros muertos (cuatro por impactos de bala y uno por mala manipulación de dinamita) y el asesinato de Illanes.

Los mineros empezaron una protesta contra el Gobierno en la localidad de Panduro (entre La Paz y Oruro), donde hicieron bloqueos de carreteras.

El viceministro Illanes fue secuestrado, golpeado y asesinado por un grupo de mineros el 25 de agosto de 2016, en Panduro, adonde había acudido para negociar con los cooperativistas movilizados.

El Gobierno confirmó, un día después, que Illanes fue tomado como rehén, torturado y golpeado hasta la muerte. La autopsia realizada, una vez que fue recuperado su cuerpo, concluyó que Illanes murió por un derrame cerebral a causa de golpes.

El presidente Morales afirmó el 28 de agosto que el Gobierno había derrotado un nuevo golpe de Estado que se gestaba, en este caso por los cooperativistas mineros.

El de agosto de 2016 no fue el único conflicto desatado por los mineros en la gestión de Morales. En 2006, pocos meses después de que asumiera la Presidencia, cooperativistas y mineros asalariados se disputaron el control de una mina estatal en Huanuni, en Oruro, que derivaron en enfrentamientos que terminaron con 16 muertos y 61 heridos.

Médicos rechazan el nuevo Código

Los médicos abrieron un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Evo Morales, al declarar una huelga general exigiendo la abrogación del artículo 252 del Código del Sistema Penal, que sanciona con penas de cárcel la mala práctica.

Los médicos empezaron las medidas de presión el 22 de noviembre de 2017 (antes de la promulgación de la norma), a las cuales se fueron sumando otras organizaciones, pero con un pedido más radical, la abrogación de toda la norma.

El 15 de diciembre, el presidente en Ejercicio, Álvaro García Linera, promulgó el nuevo Código, no obstante el rechazo de varios sectores respecto al artículo 252 y las nuevas causales del aborto.

Los médicos y los sectores que los apoyan decidieron radicalizar las protestas, con movilizaciones y bloqueos en las calles.

El 13 de diciembre, el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, en declaraciones a medios estatales, denunció que en casi un mes de huelga, los médicos habían suspendido al menos 4.800 cirugías y más de medio millón de consultas.

En los casi dos meses que duró el conflicto de los médicos, se produjeron enfrentamientos entre la Policía y los galenos.

Las protestas obligaron al presidente Morales a anunciar, en primera instancia, la derogación de los artículos 252 y 137, tal como exigían los médicos y los transportistas, y después anunció que se dejaría en suspenso la norma para que durante un año se la socialice y debata, con la posibilidad de realizar cambios.

Sin embargo, las medidas de protesta continuaron. Santa Cruz realizó un paro cívico el viernes 12 de enero. En El Alto se cumplió una medida similar, convocada por la Federación de Juntas Vecinales. La Central Obrera Boliviana organizó un paro los días lunes y martes pasados.

Cochabamba también llevó adelante un paro, el martes 16 de enero. Los dos comités cívicos y la Coordinadora exigen la abrogación del Código del Sistema Penal.





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