Cochabamba, martes 22 de mayo de 2018

La nacionalización, el mayor acierto

Recuento de una docena de políticas gubernamentales aplicadas por el Gobierno de Evo Morales, desde el “control absoluto” del Estado sobre los hidrocarburos, hasta la demanda marítima.
| | 21 ene 2018



Nacionalización de los hidrocarburos

Cuando transcurría el cuarto mes de la Presidencia de Evo Morales, el primero de mayo de 2006, su Gobierno tomó una de las decisiones que, hasta ahora, es apuntada -por disidentes y oficialistas- como una de las más acertadas a lo largo de su carrera gubernamental: la nacionalización de los hidrocarburos.

Ese año, Morales emitió el Decreto Supremo 28701 “Héroes del Chaco”, que dio al Estado el “control absoluto” sobre los hidrocarburos. Antes, regían unos contratos de riesgo compartido entre el Estado y las multinacionales, que fueron establecidos durante el Gobierno de Gonzales Sánchez de Lozada (1993-1997). Esos tratados concedían la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo a las empresas extranjeras, por lo que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estaba bajo su control. 60 días después del decreto emitido por Morales, YPFB se refundó.

Al cumplirse la primera década de aquella determinación, el sector hidrocarburífero había generado más de 31.500 millones de dólares para las arcas estatales. Esa cifra era casi 12 veces superior a los ingresos fiscales derivados de la explotación que percibió el país los 10 años anteriores a 2006 (2.500 millones de dólares).

Durante esa misma década, el Producto Interno Bruto (PIB) en Bolivia ascendió a 36 millones de dólares. 20 años antes (1985-2005), el PIB creció de 5 mil a 9 mil millones de dólares.

Con el Estado a cargo de la explotación de hidrocarburos como el gas, por ejemplo, se concretó la instalación de más de 710 mil conexiones domiciliarias de gas. Además, las reservas internas permitieron que diariamente el país exporte más de 30.5 millones de metros cúbicos de gas a Brasil o más de 20 millones a la Argentina. La producción diaria de este hidrocarburo superó los 60 millones de metros cúbicos en 2016. Hasta 2020, el Estado prevé invertir 12.400 millones de dólares en ese rubro.

La era de la industrialización

Después de la nacionalización de los hidrocarburos, el Gobierno de Evo Morales fijó un nuevo norte para Bolivia: industrialización por un lado; exportación por otro.

9 años después de la nacionalización, en agosto de 2015, inició la era industrial en Bolivia, con la inauguración de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco "Carlos Villegas", en el municipio de Yacuiba (Tarija).

Dos años después, el 14 de septiembre de la gestión pasada, el país dio un nuevo paso en ese ámbito, con la apertura de la Planta de Urea y Amoniaco en Bulo Bulo (Cochabamba). El nivel central invirtió 953 millones de dólares en la construcción de ese complejo petroquímico de Bolivia, que produce 2.100 toneladas métricas de urea y 1.200 de amoniaco al día. La previsión es que el 80 por ciento del total de fertilizantes se exporte y el 20 por ciento sea para el consumo interno.

El porcentaje de producción exportable satisface un tercio de la demanda del Estado de Matto Grosso, de Brasil. Perú, Paraguay y Argentina también expresaron su interés en comprar la urea boliviana.

Tres meses después de ese hito, el Gobierno inauguró una segunda planta de industrialización, la de tuberías de polietileno en El Alto (La Paz). Actualmente, produce 3.800 toneladas métricas de redes.

Esta gestión, el Estado prevé concluir la Planta de Carbonato de Litio que, con una producción de 4 mil a 5 mil toneladas, permitirá que Bolivia incursione en la fabricación de baterías.

Hasta 2020, el Estado proyecta que, además de la industrialización de urea, amoniaco y litio, se produzca y exporte energía (eólica, solar, geotérmica y de biomasa). Sobre lo último, la previsión es que hasta el 2020 el Gobierno implemente 11 plantas de energías alternativas que generarán 420 megavatios (MW). La inversión supera los 600 millones de dólares.

Bolivia libre de analfabetismo

En tiempo récord, tres años en el poder, el Gobierno de Evo Morales logró que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declare a Bolivia como “territorio libre de analfabetismo”.

Cuando Morales asumió el poder, entre el 13 y 15 por ciento de la población no sabía leer ni escribir. Pero, 36 meses después, el porcentaje redujo a menos de 4 por ciento , cifra establecida por la Unesco para declarar a un territorio alfabetizado.

El país fue el tercero de Latinoamérica que consiguió la declaratoria de “libre analfabetismo”. Cuba fue el primer territorio de la región que logró la mención en 1961 y posteriormente la obtuvo Venezuela, en 2005.

Para lograr esa cifra “récord”, Bolivia aplicó el método audiovisual cubano denominado “Yo sí puedo”. Inicialmente, al menos 50 mil educadores bolivianos fueron capacitados por voluntarios de ese país, una vez listos, Cuba donó 30 mil televisores y reproductores de video para iniciar la alfabetización de quechuas, aymaras y guaraníes, principalmente.

No obstante, como muchas comunidades indígenas no tenían servicios básicos como la electricidad, Venezuela donó 8.350 paneles solares. Además, Cuba aportó más de 212 mil gafas para aquellos adultos mayores que, por problemas visuales, no podían leer las pantallas.

Los años posteriores, el porcentaje de analfabetismo bajó aún más. Según el último informe, actualmente es de 2.7 por ciento en Bolivia. El éxito del programa motivó a que el Estado lance una nueva versión en 2009, esta vez de postalfabetización. Habilitaron 12 mil puntos y el resultado fue nuevamente exitoso: 46 mil personas finalizaron sexto de primaria, más de 141 mil concluyeron segundo del mismo nivel y 98.670 acabaron tercero básico.

Participación indígena en la política

El presidente Evo Morales logró que Bolivia sea incluida en la lista de la seis países de la región latinoamericana que tienen mayor porcentaje de población de origen indígena participando en la política, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según la Organización de la Naciones Unidas (ONU), más del 60 por ciento de la población es indígena y Bolivia es uno de los pocos países de Latinoamérica cuya composición parlamentaria está acorde al número de habitantes nativos. Hay 41 indígenas entre los 130 diputados.

Este acierto data de 2009, cuando siete circunscripciones especiales indígena originario campesinas eligieron por primera vez un diputado que formó parte de la Cámara. Fueron seleccionados por mayoría simple.

RESPALDADOS POR LA CONSTITUCIÓN La Constitución Política del Estado (CPE) que se perfiló durante el Gobierno de Morales también se enfocó en ese sector e incorporó la autonomía indígena como una nueva forma de Gobierno.

En 2016, Raqaypampa (Cochabamba) se constituyó en la primera Autonomía Indígena Originario Campesina del país.

Mientras que en enero de 2017, se estableció una nueva autonomía indígena de Bolivia en Charagua Iyambae, situada a 260 kilómetros al sur de Santa Cruz de la Sierra. 46 autoridades fueron electas.

RESPALDO Morales no solo promovió que los indígenas accedan al ámbito político, sino también educativo.

Los bachilleres de pueblos indígenas con mejor rendimiento académico tienen acceso al 20 por ciento de cupos en las escuelas normales superiores.

En Bolivia hay nueve instituciones que forman maestros y cumplen esa disposición.

Crecimiento económico

Las políticas gubernamentales delineadas por Evo Morales permitieron que, a lo largo de sus 12 años de mandato, el país alcance un crecimiento económico que, en los mejores años, llegó a 6.8 por ciento (2013) y 6.2 por ciento (2008).

El promedio de crecimiento de la economía boliviana desde 2006 es de 5 por ciento , y está entre los más altos de la región. La exportación de materia prima, sumada a las remesas enviadas por los migrantes incidieron. Entre 2004 y 2013, por ejemplo, el precio del petróleo aumentó en el mercado internacional alcanzando hasta 147.27 dólares por barril (2008) y dejó importantes réditos para Bolivia.

El Gobierno determinó distribuir la riqueza a través de bonos. Desde 2006, se crearon tres: Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad. Casi el 50 por ciento de la población boliviana es beneficiaria de alguno de ellos, de acuerdo con un informe de gestión de Morales. El primer subsidio que se creó fue el Bono Juancito Pinto en 2006. El Estado entrega 200 bolivianos anuales a los estudiantes de primaria y secundaria, como incentivo al estudio. En 2005, antes de la cancelación, el índice de abandono de primaria en el país era de 4.5 por ciento y, hasta el año pasado, redujo a 2.2 por ciento .

Dos años después, en 2008, Evo Morales determinó la cancelación de la Renta Dignidad a personas de la tercera edad. Ese entonces, 677.000 adultos mayores se beneficiaron. En 2009, la lista de bonos se agrandó con el denominado Juana Azurduy de Padilla, que determinó un subsidio de 1.820 bolivianos, durante 33 meses, a las mujeres gestantes y dos años después del nacimiento del bebé. Gracias a este bono, la desnutrición crónica en menores de dos años disminuyó de 27 a 16 por ciento .

Desde 2014, los precios internacionales de las materias primas cayeron, pero los bonos aún rigen.

Demanda marítima

Hace casi siete años, el Gobierno de Evo Morales determinó recuperar el acceso soberano de Bolivia al mar. La población, 33 países del mundo e, inclusive, el papa Francisco expresaron su respaldo a la demanda que aún está en curso.

El país perdió 400 kilómetros de costa en el océano Pacífico y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio en la Guerra del Pacífico contra Chile (1879-1883).

El 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales aseveró, por vez primera, que demandaría a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para que se negocie una salida soberana de Bolivia al Pacífico. Su declaración se materializó el 15 de abril de 2013, cuando -personalmente- entregó una memoria de fundamentación jurídica contra Chile en la CIJ.

Días después, el 24 de abril, el excanciller David Choquehuanca formalizó la petición ante la CIJ de La Haya.

Tras una fase en la que Bolivia presentó sus alegatos (noviembre de 2014) -que respondían a la impugnación presentada por Chile para resolver la causa marítima-, el 24 de septiembre de 2014 ese proceso jurídico internacional avivó la esperanza de los bolivianos de acceder nuevamente al Pacífico, debido a que la CIJ desestimó la objeción de Chile —14 votos en contra y 2 a favor— que indicaba que ese tribunal era incompetente para abordar el tema del diferendo marítimo con Bolivia. Es decir, los magistrados de La Haya votaron para que Bolivia continúe su demanda.

Si bien esa determinación no concedió a Bolivia un acceso al mar, admitió la responsabilidad chilena de negociar esa posibilidad, conforme establece el Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904.

PROYECCIÓN Se espera que durante los primeros meses de esta gestión inicie la etapa de alegatos orales.

No obstante, según una declaración del canciller boliviano Fernando Huanacuni, ese proceso podría demorar, debido a que al menos cinco magistrados de la CIJ cumplieron su mandato de nueve años, por lo que están en una etapa de transición.

Mejoran los indicadores de pobreza

Desde que Evo Morales asumió el poder, 1.6 millones de personas salieron de la extrema pobreza en Bolivia. En la última década, ese indicador redujo de 38.3 por ciento a 17.2 por ciento , de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Actualmente, al menos 39 de cada 100 bolivianos son pobres, pero antes del mandato de Morales, 70 de cada 100 lo eran, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El “modelo económico social comunitario y productivo” que aplica el Gobierno también propició el descenso de la indigencia. Solo entre 2012 y 2013, bajó de 21.8 por ciento a 18.8 por ciento , según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El objetivo del Gobierno, al cumplirse el bicentenario de Bolivia, es reducir el porcentaje de pobreza extrema a 9.5 por ciento .

¿Cómo? Aplicando el Plan de Desarrollo Económico y Social (2015 - 2020) que, entre otras cosas, contempla la construcción de más de 51 mil viviendas para la población.

Además de casas, el Estado invertirá 86.2 millones de dólares en la construcción de institutos tecnológicos que garantizarán la formación superior de los bachilleres de escasos recursos económicos.

OTROS PAÍSES Con los bajos índices de pobreza, la brecha entre Bolivia y otros países de la región también disminuyó.

Hace una década, por ejemplo, la economía chilena era 14 veces más grande que la boliviana, pero ahora solo lo es 7 veces más. En Brasil había 90 veces más desarrollo que en el país, pero ahora solo hay 47 veces más.

PROCESO El modelo económico que Morales aplicó durante sus diferentes gestiones gubernamentales es artífice de los resultados obtenidos y los proyectados, según las autoridades del nivel central.

Esa política económica es resumida por Morales en tres pasos: recuperación de las empresas estatales, nacionalización de los recursos naturales y redistribución de la riqueza a través de bonos (Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla y Dignidad).

Bolivia hace política exterior

Si hay algo que distingue al presidente Evo Morales de otros presidentes que comandaron Bolivia es su capacidad de hacer política más allá de los límites del propio Estado.

Durante su período de Gobierno, Morales realizó las gestiones necesarias para que el país sea anfitrión de eventos de talla internacional como la Cumbre del G77 + China, que propició la llegada del exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ban Ki-moon a Santa Cruz en 2014. O de la reunión sobre Transporte Sostenible de los Países en Desarrollo Sin Litoral, que se cumplió en 2016 en el mismo departamento.

Al último evento llegaron representantes de 32 países del bloque: 16 de África, 10 de Asia, cuatro de Europa y dos de América Latina. Mientras que para la Cumbre G77 + China se convocó a las autoridades de un centenar de países. Durante su ejecución, Bolivia estuvo en los ojos del mundo.



DETALLES Otros eventos internacionales en los que Bolivia proyectó su imagen internacionalmente fueron la Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida (CMPCC), que se desarrolló en octubre de 2015, a sugerencia de Evo Morales.

Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) respaldaron a Morales cuando propuso la ejecución de ese evento internacional en la apertura de la décimo tercera cumbre del Alba-TCP (2014). Representantes de 54 naciones se reunieron en Tiquipaya (Cochabamba) en octubre de 2015.

El país acogió eventos menores, pero internacionales como Taller Multi-País TAIEX sobre Aplicaciones Espaciales, que fue gestionado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) en acción conjunta con la Delegación de la Unión Europea.

Además, el país organizó actividades con sus pares como el V Congreso Internacional de YPFB Gas & Petróleo o el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG).

Leyes en pro de niños y mujeres

A su llegada al poder, Evo Morales emprendió una transformación estructural del país que afectó también al marco jurídico convencional.

Las normativas que estaban vigentes cuando Evo asumió la Presidencia, principalmente las vinculadas a los menores de edad y las mujeres, presentaban ciertos vacíos legales, por lo que el Estado, con el respaldo de las organizaciones de los niños, niñas y adolescentes, instituciones que trabajan con ese sector y asambleístas nacionales, emprendieron la tarea de elaborar la nueva Ley 548 Código Niño, Niña y Adolescente, que fue promulgada en julio de 2014.

Respecto al anterior Código, la nueva normativa estableció que el infanticidio sea sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Antes, la pena no superaba los 10 años.

Otro acierto del nuevo Código fue la penalización del acoso o bullying en las unidades educativas. Esa figura no existía antes. Además, el nuevo documento estableció el trabajo por cuenta propia a partir de los 10 años. El anterior, no regulaba ese ámbito.

MUJERES Las autoridades de Estado también promulgaron la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, en 2013.

La normativa estableció acciones en favor de la mujer, como la creación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y de casas de acogida para aquellas que fueron víctimas de agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Por otro lado, determinó una sanción de 30 años de cárcel y sin derecho a indulto para quienes maten a una mujer.

A diferencia de otras normativas, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia se promulgó con celeridad, debido a que el contexto estaba marcado por el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho.

La profesional fue apuñalada 15 veces por su esposo, Jorge Clavijo.

Concretan megaproyecto de Misicuni

El Estado marcó un hito en Cochabamba con la inauguración de la represa más grande de Bolivia, Misicuni, en marzo de 2017.

El departamento aguardó al menos 64 años por esa obra, cuya capacidad de almacenamiento es de 180 millones de metros cúbicos de agua, gracias a que su estructura tiene 120 metros de alto y una extensión de 460 hectáreas.

El Gobierno invirtió 146 millones de dólares en la ejecución de la obra.

DOTACIÓN Al momento de la entrega de la represa, Morales garantizó la dotación permanente de 450 litros de agua por segundo a la región. Anunció que la cantidad iría incrementando con el transcurso del tiempo, hasta llegar a más de 3 mil litros por segundo. Calcularon que 2 mil del total se destinarían al consumo humano y más de mil al riego.

No obstante, las proyecciones no se concretaron y el servicio de envío del recurso básico tuvo que ser paralizado temporalmente en más de una ocasión, debido a que la presión del agua ocasionó rupturas en los ductos del Servicio Municipal de Agua Potable (Semapa).

Si bien Cochabamba ya tiene el recurso almacenado en Misicuni, la antigüedad de las cañerías que hay en 90 manzanos del Casco Viejo de Cochabamba provoca que al menos el 47 por ciento del total de agua se pierda.

HIDROELÉCTRICA Seis meses después de la entrega de la represa, el Gobierno inauguró la Planta Hidroeléctrica Misicuni que tiene una capacidad de generar 120 megavatios de energía por hora, cifra que representa el 8 por ciento de la oferta de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Con la ejecución del Complejo Múltiple Misicuni, el Gobierno pretende garantizar el acceso de la población cochabambina a recursos básicos como la electricidad y el agua para el consumo humano.

Físicamente, la hidroeléctrica también es la más grande del país.

Incentivo a eventos deportivos

La construcción de infraestructuras deportivas millonarias y la ejecución de torneos internacionales, son dos acciones gubernamentales que están potenciando el deporte en Bolivia.

La gestión pasada, Cochabamba fue sede de los XXIII Juegos Suramericanos Escolares y, esta gestión, se prepara para recibir los LXI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

De cara al segundo evento internacional, las autoridades de nacionales, departamentales y municipales invierten conjuntamente en la construcción de obras deportivas nunca antes vistas en Bolivia.

DETALLES El Trópico de Cochabamba, por ejemplo, es sede de algunos de los escenarios, como el del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

La megaobra tendrá un polideportivo con canchas de futsala, voleibol y baloncesto; un estadio; pista atlética y graderías; dos bloques habitacionales para 400 personas; un bloque de salud; gimnasio; comedor; siete canchas auxiliares de tenis; coliseo de tenis; y tres canchas de voleibol de playa.

Con esa obra, un coliseo en Paractito y una piscina olímpica, Villa Tunari pretende convertirse en una potencia deportiva de Bolivia.

En ese mismo camino está el municipio de Cercado, donde se construyen al menos siete infraestructuras deportivas, con una inversión de 270 millones de bolivianos.

Entre las obras que destacan está una pista atlética de ocho carriles, con una longitud de 400 metros. Tiene áreas de calentamiento, de lanzamiento de jabalina, martillo y disco e impulsión de bala, además, de áreas el salto largo, triple y de pértiga.

En el municipio también se construye una cancha de fútbol que tiene una gradería con capacidad para 1.670 espectadores, entre otras áreas.

Bolivia mostrará al mundo todos estos complejos deportivos, entre el 26 de mayo y el 8 de junio, días en los que se celebrarán los Juegos Suramericanos.

Premios culturales

Los dos mayores aciertos gubernamentales en el ámbito cultural fueron el Premio Plurinacional Eduardo Abaroa (2012) y la Ley del Libro y la Lectura "Óscar Alfaro" (2013).

La primera versión de la premiación cultural se lanzó hace seis años, en 2012, bajo la premisa de contribuir al desarrollo de las artes en Bolivia.

Ese entonces los galardones se entregaron en 23 categorías como la investigación histórica, artes plásticas, artes originarias, audiovisuales, artes escénicas, música y deporte, entre otras. El Gobierno distribuyó 2 millones de bolivianos en premios.

Las siguientes versiones de la premiación, incorporaron nuevas categorías. En 2015, por ejemplo, distinguieron en 43 especialidades diferentes y la organización entregó 112 premios en total.

Gracias a este galardón, las producciones culturales de los mejores artistas y profesionales del medio recibieron un incentivo económico de 30 mil bolivianos (primer lugar).

LEY DEL LIBRO Un año después, en 2013, Evo promulgó la Ley del Libro y la Lectura "Óscar Alfaro", que fortaleció aún más la producción literaria nacional.

La política más destacada que estableció la ley fue la tasa cero para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la venta de obras nacionales e internacionales.

La misma ley instauró la aplicación del Plan Plurinacional de Fomento al Libro y la Lectura, enfocada en desarrollar programas, proyectos, estrategias e instrumentos relativos que fomenten la lectura.

Asimismo, se generó un Fondo Editorial del Libro Boliviano (Fondolibro) que está a cargo de los ministerios de Culturas y Educación. Su objetivo es captar recursos económicos que se invierten en políticas públicas en favor de la producción literaria, en el Plan Plurinacional de Fomento al Libro y en la edición de obras declaradas de interés nacional.



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