Cochabamba, Bolivia, Domingo 14 de julio de 2019
Informe Especial

Urge crear una unidad especial que atrape a los prófugos de la Justicia

Bolivia carece de una política de captura y recaptura de culpables de delitos que fugaron antes de cumplir sentencia. Tampoco hay una base de datos de depredadores sexuales de niños, niñas y adolescentes.
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Por: MARÍA LUISA MERCADO WhatsApp: 67465193 | 14/07/2019

El expolicía Franklin Tola Mamani (i) fue procesado por el feminicidio de Noelia Muriel Escóbar, de 27 años, en enero de 2015. Recibió una sentencia de 30 años en primera instancia, antes de darse a la fuga.

La Fiscalía General del Estado no cuenta con datos sobre el número de prófugos con sentencia ejecutoriada por abuso sexual a niño, niña o adolescente, feminicidio o tentativa de feminicidio. Tampoco la Policía ni los juzgados ni los ministerios de Gobierno ni de Justicia.



REBELDES

La Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE) de Cochabamba tiene por lo menos 100 casos de autores de abuso sexual declarados rebeldes. Otros tantos tienen sentencia en primera instancia y no se sabe dónde encontrarlos.

Como el Estado no tiene ninguna política de recaptura de agresores, no hay una instancia a la que se pueda recurrir para decir que esta persona tiene una sentencia ejecutoriada y que ayude a hacer la persecución. Cuando en el proceso los imputados acceden a detención domiciliaria no hay ningún funcionario que lo custodie para que no salga de su casa y fugan con facilidad.

Misión Internacional de Justicia tiene tres casos excepcionales en los que se capturó a los sentenciados, después de cuatro años de búsqueda.

Dos eran profesores que fueron retirados de unidades educativas. La sentencia se dictó el 2010 en ambos casos y fueron en apelación y casación a Sucre. En 2012 salió una resolución que ordenaba priorizar los casos de niño, niña adolescente y los fallos salieron a mediados de 2013. En 2014 se encontró a esos maestros, dando clases a niñas de 10 años. “La probabilidad de que ellos hayan seguido cometiendo delitos entre 2010 y 2014 es alta, porque son depredadores sexuales, no solo autores de una violación”, señala la coordinadora de Misión Internacional de Justicia, Alejandra Cámara.



BASE DE DATOS

Tampoco hay una base de datos de los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Incluso hay policías y maestros que violan en un distrito y, si tienen un poco de “muñeca”, se cambian de lugar con la posibilidad de que sigan delinquiendo,

La Fundación Una Brisa de Esperanza y la Oficina Jurídica para la Mujer, entre otras organizaciones, han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado boliviano tenga políticas de recaptura y una instancia que se ocupe de perseguir a las personas que deben cumplir su sentencia. También se solicitó una ley especial sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El pedido fue presentado en tres audiencias de la CIDH. En respuesta, el procurador general Pablo Menacho mencionó los avances previstos en la Ley de Abreviación Procesal 1173, aprobada el 3 de mayo y que regirá desde octubre próximo.



FRUSTRANTE

La directora de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, dice que es frustrante para la familia que haya puesto recursos económicos y emocionales para lograr que la justicia le dé la razón, sancione al agresor y alcance una reparación que nunca va paralela a la magnitud del daño que se causa. Cuando el agresor acusado y condenado se esconde o abandona el país o la cuidad, la gente se queda con la sensación de que el esfuerzo no valió la pena. Queda el mensaje de que “quienes se someten al la justicia son tontos y la comisión de ilícitos va en escalada”.

La abogada de FUBE Carmen Arispe advierte que cuando una persona no recibe una sanción, especialmente en delitos de violencia sexual, es como decir "he burlado a la justicia. Me reí de la justicia. No me han hecho nada”. Esa persona logra autoempoderarse y pone en riesgo a otras. "Una víctima que no ha recibido la reparación del Estado, que no ha tenido acceso a la Justicia, que no ha sentido respaldo al haber roto el silencio y que el Estado no la ha respondido halla mayores dificultades en su recuperación emocional”.



TE CREO

Una gran parte de la recuperación emocional de la víctima es saber que el Estado y la sociedad le han creído y han confiado en ella y que el autor reciba su castigo. Porque “el agresor no solo ha destrozado a su víctima en ese momento, sino que le ha destruido toda la vida”. Entonces, para la víctima saber que esa persona está cumpliendo sentencia en la cárcel es como decirle “tu no has tenido la culpa, has sido una víctima y el Estado te ha reparado", explica Arispe. Pero, si el agresor se da a la fuga, la víctima queda al aire, en incertidumbre, en angustia. Va a salir a la calle y, probablemente, va a volver a encontrar al agresor. Más del 85 por ciento de los depredadores sexuales son personas cercanas a la víctima, que conocen sus actividades, por lo que ni la víctima ni su familia están seguras.



PROTECCIÓN

La abogada del FUBE Leonor Oviedo subraya que en los últimos 19 años ha habido muchos avances, pero al Estado y a la sociedad le faltan políticas de prevención para que el agresor no se acerque al contexto social, escolar ni familiar. “Todas las autoridades tienen que velar por la seguridad de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la revictimización es tremenda en violencia sexual”. A las víctimas a veces hay que cambiarlas de escuela, porque incluso los pares son muy agresivos. “No les bajan de la violada o del violado”. En otros casos, las llevan a instituciones, las cambian de colegio arrancándolas de su casa y están exiliadas, mientras el agresor sigue campante.

No hay política de protección aunque las leyes así lo establecen. Oviedo propone armar un equipo de psicólogos y trabajadoras sociales para crear una red de protección con las organizaciones territoriales de base (OTB), con las autoridades comunitarias y que todos estén capacitados para proteger a niños, niñas y adolescentes. “Faltan brazos operativos para la efectiva protección a niños, niñas y adolescentes”, subraya.



BENEFICIOS

Las abogadas Montaño, Oviedo, Arispe, así como Alejandra Cámara de Misión Internacional de Justicia y Heidy Gil, de Mujeres Creando, coinciden en que los agresores tienen innumerables ventajas frente a las víctimas. El Código de Procedimiento Penal garantiza la libertad del imputado y los presuntos autores se defienden en libertad. La ley dice que tenerlo preso mientras dura el proceso “sería como darle una sentencia anticipada”. Ellos logran medidas sustitutivas a la detención, con la promesa de firmar el libro diario y otras medidas que “que casi nunca cumplen”, observa Gil.

Quien tiene que controlar que el agresor cumpla su detención domiciliaria o que firme el libro es la víctima y ¿cómo ella le va a estar vigilándolo si es lo menos que quiere ver?

La coordinadora de Misión de Justicia Internacional Alejandra Cámara señala que, en general, la familia ampliada apoya al agresor. Vende todo, hasta la garrafa de gas, su auto su casa y la del pariente, con tal de tener libre al hombre.

La mamá o la persona que defiende a la víctima tiene que dedicarse por competo al menos cuatro días en el inicio del proceso y si ve que no hay resultado se cansa. La niña ve que su mamá está sufriendo, que descuida a sus hermanos, entonces le pide ya no sigan y se carga de más resentimientos, traumas, y muchas veces resulta un proceso sin curación.

En 2012 había 0.5 por ciento de las denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que llegaba a una sentencia, según datos del Defensor del Pueblo. En 2018, el 2.5 por ciento de las denuncias culminó con condena.

Según el análisis de Misión Internacional de Justicia, se logró este avance por el mayor uso de la cámara Gessel (24 por ciento ) y el mayor patrocinio a las víctimas. El 100 por ciento de casos tuvo acompañamiento de Fiscalía y Defensoría y un 70 por ciento de la Fiscalía, Defensoría y abogado particular.



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