Cochabamba, Bolivia, Domingo 10 de febrero de 2019
Informe Especial

48 víctimas de explosiones quedan sordas, 8 ciegas y 10 con esquirlas

Los sobrevivientes de los atentados en Oruro viven en el desamparo. Muchas personas tienen lesiones de por vida, perdieron sus trabajos y dejaron de recibir atención médica estatal. La ayuda ahora es externa.
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Por: BETTY CONDORI ROJAS WhatsApp: 72736379 | 10/02/2019

Las víctimas organizaron por primera vez una protesta exigiendo atención, el viernes, en Oruro.

Inacción, abandono, negligencia, indolencia pero sobre todo secuelas en su salud pesan sobre las víctimas de las dos explosiones del 10 y 13 de febrero de 2018, durante los días del Carnaval de Oruro.

Las explosiones ocurrieron los días 10, con ocho muertos y 50 heridos, y 13 de febrero, con cuatro muertos y unos 10 lesionados, en una misma zona cercana a el desfile de Carnaval declarado Patrimonio de la Humanidad, uno de los más multitudinarios de Suramérica.

Hasta hace poco, la mayoría de los sobrevivientes de los atentados no se conocía, no reclamaba, no protestaba. Es más, ningún familiar de las 12 personas muertas ni de las más de 60 heridas, en total, se presentó como parte civil o querellante. “Nadie vino a averiguar ni se declaró víctima. Es una decisión personal, pero primó el silencio”, admitió el mismo fiscal departamental Orlando Zapata.

Sin embargo, la necesidad de atender su cada vez más deteriorada salud les obligó a organizarse en una Asociación de Víctimas de las Explosiones.

El registro de afectados que tiene la Asociación es dramático: De 52 sobrevivientes, 48 sufren de sordera, es decir han perdido la audición en uno de oídos; ocho quedaron ciegos y requirieron de prótesis para reemplazar artificialmente uno de sus ojos; 15 necesitan cirugías especializadas, y todos, operaciones reconstructivas de rostro porque se sobreponen las cicatrices, queloides, quedan quemaduras de diverso grado y más. Del total de víctimas, 10 viven con esquirlas de vidrios, plásticos y madera en su cuerpo producto del impacto expansivo del estallido.

Carla Molina preside la Asociación. Aseguró que se organizaron “ante el abandono de las autoridades y de otras instituciones. Nos ignoran, no nos toman en cuenta, queremos hacer fuerza para apoyarnos. Hay compañeros con su salud deteriorada. Algunas víctimas están en Oruro y otras en el interior y exterior del país”.



SITUACIÓN

La queja mayúscula es el abandono en la atención de salud. “Del total de víctimas, solo dos recibieron apoyo con prótesis en operaciones complejas, pero aún incompletas para su recuperación”. Una de ellas fue Cinthya Jesusa Suárez que tenía rajada la cadera y necesitó de prótesis que financiaron organismos del Estado (Lotería Nacional y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ENTEL) y residentes bolivianos en el exterior. La operación fue hace menos de dos meses, pero aún siente dolor en la columna y no puede caminar. Por eso recurrió a las muletas.

Entre las personas que necesitan cirugías está, por ejemplo, Delia Quispe, la comerciante que tiene el rostro quemado. Requiere de una operación y reconstrucción de su oreja.

La misma dirigente Carla Molina fue otra víctima. Ese 10 de febrero llegó hasta la Bakovic y avenida del Ejército para instalar su puesto de venta de dulces. Se sentó justo al lado de Ana Fernández, la comidera que murió cercenada junto con sus siete familiares en el estallido, cuyo autor hasta ahora no se conoce.

“Me agaché para buscar algunas cosas en mis cajas y escuché el sonido de una chispa y, luego, el impacto”. Aparecieron todos en el piso. Ana, estaba muerta y cercenada igual que otros cuerpos.

Carla recordó que hizo esfuerzos por ponerse de pie. Buscó a su hija Darlen y la vio con la cabeza y brazos ardiendo. Apagó el fuego como pudo y buscaron una clínica en medio del terror.

Las esquirlas de vidrio y plástico aún no fueron extraídas de su humanidad. Le reconstruyeron la pierna derecha, pero ésta se hincha constantemente, igual que su pecho.

Su hija tuvo quemaduras de diversa gravedad. “Para ella conseguí ayuda del exterior. Le mandé a Argentina para que le hagan una operación porque no nos estaban apoyando aquí”.

Otro caso de sordera es el del albañil Filemón Mamani, a quién también le amputaron su pie izquierdo, desde la rodilla. Tampoco escucha con un lado de su oído.

La esposa de Filemón necesita radiografías de su hombro. Le duele, se hincha y algo que desde ahí adentro “le pincha”. También está sorda. Su hijo Alan Mael, de seis años, perdió un ojo.



UN MES EN TERAPIA

La Asociación no registró a ninguno de los afectados por la segunda explosión del 13 de febrero pasado en la calle Bakovic y Caro, a una cuadra del primer estallido.

El vehículo de Demetrio Huacaña pasaba por el lugar y quedó prácticamente convertido en chatarra, porque el artefacto explotó justo debajo de su motorizado.

A casi un año de esa tragedia Demetrio Huacaña, contó que se mantuvo en terapia intensiva por un mes, en el hospital de Clínicas de La Paz. Despertó el 19 de marzo y su mente no registró nada. “Se me borró todo”.

Después conoció del accidente y de las consecuencias. Murió Alex, su hijo de tres años. En tanto que su otro niño Ariel (de 10) sobrevivió, pero con graves secuelas en su rostro. La parte derecha de la cara del niño está llena de queloides.

“Le he llevado a Cochabamba y dice (el médico) que le puede operar por 15.800 bolivianos. No tengo dinero, en el accidente he perdido mi auto que era el único medio de sustento”.

Huacaña pidió que le repongan su vehículo y que le ayuden a cubrir la curación de su hijo y de su esposa a quien deben reconstruir el tímpano.

“Mi oído izquierdo no funciona. No escucho nada y mi ojo lagrimea todo el tiempo. Mis rodillas están afectadas. Antes me gustaba el fútbol, pero ahora no no juego nada. Tampoco puedo levantar mucho peso porque mi cabeza me duele”.

Aseguró que el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, les hizo muchas promesas de ayuda, pero “no cumplió”.

“Ya nada es igual. No podemos recuperar la vida que teníamos antes. Seguimos con dolores, con secuelas que quedaron. En la explosión estábamos toda la familia”.

Ese Martes de Ch’alla fuimos en el auto a comprar material escolar, cuadernos, “pero no recuerdo lo que pasó después”.

Agregó que aún tiene vidrios incrustados. “La anterior semana me han sacado ocho y aún quedan más. También tengo en mi párpado”, dijo al señalar el lugar donde está alojado el objeto extraño.

Era albañil, pero ya no puede levantar nada pesado y, cuando lo hace, siente dolor de cabeza. Ahora, algunas veces hace de conductor de una camioneta. “Una señora me dio ese trabajo, pero solo cuando me necesita y lo que gano alcanza solo para comprar carne y verdura”.

Lloró al recordar a su pequeño Alex Alejandro. “Mi hijito era alegre, travieso, además inteligente. A sus tres años manejaba a la perfección el celular. Iba a cumplir cuatro el 28 de enero”. Mostró algunas fotos que tiene en el celular y también unos videos del momento del entierro de su niño menor. Suspiró al hacerlo.

Las cicatrices de Ariel son grandes. “Mi hijo ya se avergüenza. Mi mamá ha ido a reclamar (a la Gobernación, pero nada. No le han dado nada”.

En una ocasión, el gobernador Víctor Hugo Vásquez les dio esperanzas de devolución del auto. “Fuimos con el mecánico y este dio su informe. Al volver, Vásquez me dijo: Compañero. Tu auto está hecho m… no vamos a poder ayudarte”.

Admitió que esa respuesta les inmovilizó por mucho tiempo. “Ya llega el 13 de febrero, pero hasta ahora nadie dice nada. No hay un culpable. Pude ver constituciones de otros países y vi que de sucesos en vía pública se hace cargo totalmente el Estado. Pero aquí no sucede. Evo (Morales, presidente de Bolivia) dice, ‘soy parte de la gente humilde y como campesino estoy gobernando a mi pueblo’. Ya no creo que esté gobernando así. Ya debería aclararse. Son dos explosiones. No creo que sea un fantasma el autor”, reclamó.

Todo este tiempo, vivieron de la solidaridad de la familia. “No somos malas personas ni conflictivas. Somos gente de bien. Que nos devuelvan el auto y se esclarezca la explosión, queremos saber quién es el culpable”.



GOBERNADOR

Todas las víctimas fueron atendidas de inicio, pero poco a poco el Ministerio de Salud y la misma Gobernación de Oruro les fue relegando hasta llegar a nada.

El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, aseguró que su autoridad cumplió y que las víctimas tuvieron “bastante atención y que algunas personas exageran y piden demasiado, cosas que no se les puede aceptar”.

Agregó que actuó solidariamente y que en “realidad no es su responsabilidad. El Gobernador no es autor de los atentados”, dijo.

El abogado penalista Rolando Ramos coincidió con Vásquez y sugirió que el Ministerio Público actúe con más eficiencia y efectividad en la investigación, hasta dar con el autor o autores.

Sobre la investigación de lo ocurrido en febrero, ni la Fiscalía ni la comisión especializada llegaron a conclusiones a un año de los atentados.

El fiscal departamental Orlando Zapata informó que cayeron todas las hipótesis, pero que tiene nuevos elementos que le permiten llegar a otras causas “declaradas aún en reserva”.



PROTESTAS

El viernes pasado, hubo una marcha de protesta en Oruro de las víctimas de las explosiones de hace un año, durante el Carnaval con 12 fallecidos y casi 60 heridos que exigen asistencia sanitaria y ayudas económicas.

Heridos en las explosiones y familiares de las víctimas, entre otros, participaron en la marcha tras una pancarta con un lazo negro y fotografías de los fallecidos, entre ellos niños.

"Atentado del 10 de febrero del Carnaval de Oruro de 2018. Víctimas de la explosión. Presente. Justicia", se leía en el texto, según informó EFE.

María del Rosario Sandalio, portavoz de la Asociación de Víctimas de las Explosiones, denunció que carecen de asistencia sanitaria y ayuda económica de las instituciones, hasta el punto de depender de donaciones y limosnas como las enviadas por orureños residentes en Canadá.

Sandalio aseguró que los damnificados se sienten "muy compungidos" por esta situación, tanto de los como las familias de los 12 fallecidos.

Señaló que muchos perdieron el oído y la vista, pero la asistencia anunciada en su momento por el Gobierno boliviano no llegó, mientras hay heridos que aún necesitan operaciones para sacarles esquirlas o con dolores que les impiden una vida normal, en un estado "dramático", advirtió.

"Han quedado fuera del mercado laboral, han quedado en el abandono".

Apeló a la responsabilidad del Estado para asumir los costos sanitarios, ya que algunos "no tienen ni qué comer" y dependen de ayudas benéficas, algo que "conmueve, indigna".

Manifestó el sentimiento de "indefensión" de los afectados ante lo que calificó como "hechos macabros", e incluso "un acto terrorista que no está siendo tomado como lo que es".

"No es un hecho aislado de un crimen perpetrado por una persona", sentenció, y se preguntó cómo un año después "aún no saben decirnos qué tipo de explosivo" fue utilizado.

Cinthya Suárez insistió que aún tiene heridas "en todo el cuerpo", incluida la cara, y sigue sin poder caminar. "No puedo hacer nada", denunció, tras haber pasado tres meses en la cama, con Germán, uno de sus hijos también afectado.

"No nos han repuesto un centavo", criticó sobre gastos médicos que esperaban que asumiera el Ministerio de Salud, y reprochó que le nieguen además el reconocimiento de discapacidad.

Hace días, Aleida, miembro de la familia Fernández Gutiérrez, que perdió a ocho de sus integrantes en la primera explosión, lamentó que el caso no tenga “ni sospechosos. “Estamos indignados por la actitud demostrada por el Estado, por sus instituciones, por cómo han encarado este crimen contra personas, contra la vida y contra la integridad física de las víctimas”.

Aleida recordó con tristeza lo ocurrido, más aún porque al inicio se trató de incriminar a los mismos familiares de las víctimas. Sugirió que se traiga peritos internacionales.

Señaló que al principio de las investigaciones, las autoridades expusieron una cadena de hipótesis, pero las mismas fueron descartadas una a una.

Pero la versión más fuerte que manejaron la Policía y la Fiscalía es que Juan Carlos H. (esposo de una de las víctimas muertas en el primer atentado) sería el principal sospechoso y en torno a él se tejieron varias versiones.

Se habló de crimen pasional, de inclinaciones psicópatas; pero la Fiscalía descartó todas esas posibilidades y sobreseyó al imputado.

Los muertos

De la primera explosión: Ana Fernández Aguilar, de 71 años; sus hijos Herbert (38) y Jeanette Vicenta Gutiérrez Fernández (47); sus nietos Guiselle Katerine Balderrama Gutiérrez (24), Gabriel Andrehy Fernández Gutiérrez (7), Emily Fernández Gutiérrez y Nicole Gutiérrez Guarachi (4); y su bisnieta Ariana Fátima Herrera Balderrama de 16 meses.

Del segundo estallido: Leandro García Gregorio, Sayde Feliza Arias Choque y el hijo de ambos Jefferson.

Alex Huacaña de 3 años.



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