El abogado creció en maldad y se obsesionó con “su herencia”
Era agresivo con los funcionarios judiciales que intentaban tratarlo como a cualquier otro abogado. OPINIÓN conversó con una exfuncionaria que pidió la reserva de su identidad. Ella relató: “Cuando yo era auxiliar en un juzgado de instrucción cautelar penal, Jhasmany me trató con prepotencia cuando le pedí que espere el tiempo que todos esperan. Le respondí muy firme ante su insistencia. Entonces pidió audiencia con el juez con el que yo trabajaba, entró al despacho y luego de hablar con él se fue. El juez me llamó y me dijo que no confronte a Jhasmany porque él era muy peligroso y podía mandar a que me violen o a hacerme otras cosas”.
Otra exauxiliar contó que Jhasmany intentó sobornar a una jueza, pero ella no aceptó. “Ella resistió varias denuncias que le hizo el abogado, además de la presión psicológica que ejerció sobre ella. Iba a su juzgado y gritaba como loco. Golpeaba el mesón de atención a los litigantes y decía: ‘¡Señora jueza, señora jueza! ¡Soy Jhasmany T.L.! ¿Me va a atender o no?’.
Le inició varios procesos penales de los que ella se estaba defendiendo valientemente, pero, cuando él le hizo llegar el mensaje de que sabía su dirección, los horarios en los que sus hijos y su esposo estaban en su casa solos, y que los cuide, porque algo podría pasarles a ellos, la jueza pidió su cambio a otro municipio”, describió la exfuncionaria.
Sus relaciones con su familia no mejoraron con el tiempo. Cuando su hermano Rolando C.L. intentaba ayudarlo, él lo trataba muy mal. Las discusiones fueron en aumento hasta que se pelearon “definitivamente” y dejaron de hablarse, según testigos. Aunque circuló en las redes sociales un texto que aseguraba que el consorcio de Jhasmany involucraba a Rolando y a una exfiscal, hasta el momento el Ministerio Público no halló un documento, video o proceso penal que los vincule.
Jhasmany asistía al cumpleaños de su madre, o al de su padrastro, pero guardaba la distancia después. En 2011, Julieta Leclere enfermó y fue diagnosticada con demencia senil y un cuadro severo de esquizofrenia. Luego de varios estudios y tratamientos, una especialista les recomendó que hablen de cualquier herencia en ese momento, cuando a la madre aún le quedaba momentos de lucidez, pero no lo hicieron.
La relación de la pareja se había desgastado mucho, pero Julián cuidó de Julieta hasta el fin. Tuvo que vender bienes para cubrir las atenciones de salud de su esposa, y sus hijos nunca ayudaron. La mujer falleció y al padrastro le dijeron que no podía declararse heredero a sí mismo, por lo que esperó a que los hijos de Julieta reclamen su parte. “Su madre y yo trabajamos conjuntamente 35 años para construir esa casa. Les corresponde la mitad o no sé qué porcentaje. Pero no dijeron nada”. Solamente cuando Julián, ya viudo, conoció a Janeth (también viuda), se enamoró, se casó y la llevó a ella (y al hijo de ella) a la casona de la calle Manco Kápac y Segunda Circunvalación, Jhasmany fue a verlo al mes del matrimonio, y le hizo saber que estaba molesto por su unión. “Yo le dije: esto es como el pan, reclamen lo que les corresponde y se partirá. Si hay que vender la casa no hay problema. Yo no soy sujeto de crédito para los bancos”. Pero el abogado se fue enojado porque creía que la vivienda solo debía ser para él, y no para sus cuatro hermanos de madre.
El 4 de febrero de 2017 volvió acompañado de unas 12 a 15 personas. “Pensé que venía a hablar de la herencia de su madre para él y sus hermanos, pero no. Parecía un embargo al principio. Había policías con chalecos de la FELCC, y otros a los que llamaba ‘señor notario, señor fiscal, señores policías son testigos y ustedes garantes’. Y quería hacerme firmar un documento que yo quise leer primero, pero no me lo permitió. Me negué. Su gente me golpeó, me torturó, y me puso un arma en la cabeza. Después me enteré que era un documento reconociendo una falsa deuda de 100.000 dólares que él supuestamente me había prestado en 2016 y cuyo pago yo garantizaba con mis bienes. Recién supe que esa irrupción en mi casa era para ejecutar ese documento y quedarse con la vivienda, con mis máquinas de costura, con mi camioneta Chevrolet LUV, que era verde, y que él pintó de negra después para usarla en su bufete”.
Cuando Julián se negó a a firmar amenazaron con violar a su esposa y con matar al hijo de ella. Entonces Julián cedió y firmó. Les dieron tres días para desalojar el domicilio y Jhasmany estableció allí las nuevas oficinas de la consultora jurídica Leclere y Asociados. Incluso puso un llamativo letrero en la fachada, con el logotipo de una pirámide invertida.
“La caseta de Julieta, la 486, se la dio a su hija Patricia. Y ella se la dio a Rolando. Él se deshizo del puesto después. Yo conseguí otra caseta en los años 90 y es mi fuente de ingresos, ahora que he sido despojado de mi casa, de mi camioneta y de mis herramientas de trabajo”, contó Julián.
El hombre no denunció a su hijastro. “Mi error fue no decirle a Jhasmany que él no era mi hijo. El creía que sí, y que sus hermanos no tenía derecho a nada. Apareció otro documento en el que él aparece heredero del 25 por ciento y yo del 75 por ciento . No es así. Lo que no entiendo es porqué sus hermanos no han reclamado nada. Uno vive con su padre, el exesposo de Julieta, y los otros son profesionales, tienen sus vidas hechas”, dijo Julián.
“Cosecha lo que sembró, pero no le deseo mal”
Julián y su esposa oraron 625 días para que Dios se moviera en justicia. Y entonces apareció Juan Antonio, el mecánico que tuvo la valentía de denunciar que fue secuestrado y torturado por integrantes de la consultora para obligarlo a firmar una falsa devolución de 20.000 dólares de anticrético.
Así se destapó una olla de corrupción y una red criminal que ha hecho llorar a mucha gente en Cochabamba, en La Paz, Oruro y en Santa Cruz. Están involucrados vocales, jueces, fiscales, policías. Varios de ellos ya han sido aprehendidos.
Julián está sorprendido por toda la información que ha salido a luz en los últimos días. “A la primera audiencia de mi caso no asistí, por el dolor que sentía. Jhasmany declaró a los periodistas que no fui por no dar la cara. Entonces fui a la segunda audiencia y lo enfrenté. Él terminó bajando la cabeza”.
Después vino la aprehensión del abogado, su encierro en El Abra. Y se develó que había contratado a sicarios para deshacerse de la fiscal que lo investigaba, Faridy Arnez. Entonces, el Gobierno decidió pedir el traslado del abogado al penal de Chonchocoro.
“Me es difícil entender que haya destrozado así el sistema de justicia. Me quitó la paz, el fruto de mi trabajo, y dejó un trauma en mi familia. Pero, Dios no puede ser burlado, lo que uno siembra cosecha, y la ley caerá con todo su peso. Sin embargo, yo no le deseo mal”, suspiró Julián, el hombre que le dio su apellido a un abogado que actuaba como un gánster y que hoy permanece aislado en el penal más gélido y de máxima seguridad del país, en Viacha, La Paz.