Víctimas de negligencia esperan más de 10 años por auditorías
“Me sometí a una cirugía estética buscando resultados, pero hallé una pesadilla que no termina”, dijo Carmiña, (nombre ficticio), una cochabambina, de 39 años, que es víctima de negligencia médica.
Con varios folders de documentos que respaldan la denuncia hecha en el Ministerio Público, la joven profesional indicó que el 27 de julio de 2017 ingresó al quirófano que una reconocida clínica local a las 9:00 horas.
Pidió al especialista que no le ponga anestesia total, pero no fue escuchada. Solo había firmado el consentimiento informado para que le realicen una liposucción y una abdominoplastia. Pero, luego de 9 horas y 30 minutos, salió de la operación que solo estaba previsto que demore entre 3 y 4 horas.
El reconocido cirujano plástico había “aprovechado la anestesia para realizarle otros arreglos” que la paciente no había autorizado. Carmiña despertó en la sala de recuperación con implantes en las mamas y en los glúteos, que, ahora, le provocan serios problemas de salud. “Sigo pasando fisioterapia para calmar los fuertes dolores”.
Esa intervención casi le costó la vida. Dos meses después, el 21 de septiembre del año pasado, denunció al especialista y al equipo de profesionales a la Fiscalía por negligencia médica.
En el transcurso del proceso, lo primero que pidieron los fiscales a cargo del caso fue una auditoria médica externa.
Carmiña es una de las víctimas que en los últimos años solicitaron una auditoría a la Unidad de Auditoría Médica Externa del Servicio Departamental de Salud (SEDES). Ella tiene “suerte” porque su solicitud fue atendida. Hay casos que están en espera desde hace más de 10 años.
Del total de solicitudes que llegaron a esa repartición entre 2014 y 2018, solo fueron atendidas 45. La causa principal para la retardación es que solo hay dos auditores para revisar los expedientes de los hospitales y clínicas públicas y privadas. Hacen un promedio de 11 auditorías al año.
Uno de los auditores del SEDES, Rubén Arispe dijo que es “muy difícil” atender todos los requerimientos por la falta de personal.
Añadió que se requiere al menos un par de profesionales más para esa Unidad y que el trabajo sea diferenciado, es decir, que un grupo audite los casos de instituciones de salud públicas y el otro a las privadas.
Los dos auditores no son personal de planta destinado a esa repartición, trabajan en hospitales, pero fueron declarados en comisión.
“Nos dijeron que se reforzaría el equipo con dos, pero no llegaron, hasta el momento”.
En Cochabamba, hay 586 centros de salud. Los públicos atienden a un promedio de 100 pacientos por día.
La falta de auditores médicos no solo se sufre en la Llajta, donde solo hay 10 certificados, si no en el resto del país, ya que en Bolivia hay 35 profesionales con esa especialidad. Del total, un procentaje ya no ejerce la profesión.
TODOS
Las víctimas de presunta negligencia médica tienen que esperar meses e, incluso, años para lograr que se concrete la auditoría médica y pueda avanzar el proceso penal en contra de algún galeno.
“Es increíble que tengamos que seguir sufriendo y peregrinando para tener ese informe que, lamenteblemente, es la base para que los fiscales investiguen las denuncias”, manifestó un familiar de una víctima de mala praxis.
Carmiña sostuvo que espera los resultados de la auditoría externa, ya que no solo servirán para saber qué es lo que pasó en su cirugía, si no que también confía en que se determine quién es la persona que adulteró el consentimiento informado para justificar las otras operaciones que le hicieron.
La madre de dos hijos, de tres y seis años, reveló que estuvo a punto de perder la vida porque la herida de la cirugía en el vientre se abrió a las pocas horas.
Si bien el médico tratante le dio el alta médica a los dos días, no le prescribió ningún medicamento, pese al riesgo que corría Carmiña por el tipo de cirugías.
“El médico me abandonó cuando tenía serios problemas. Se fue de viaje al exterior y me dejó en manos de otro que no tenía experiencia”.
Añadió que permaneció 70 días con la herida de cadera a cadera abierta y completamente infectada. “Temía por mi vida, pero una infectóloga logró poner fin a mi sufrimiento. Detectó que tenía una bactería multiresistente. Recibía tratamiento que me costó más de 1.500 bolivianos al día”.
Con el paso de las semanas, la lesión se fue cerrando, pero cada que Carmiña mira su vientre vuelve a recordar la pesadilla que vivió junto a su familia.
Gastó miles de dólares en la operación, pero más en la búsqueda de justicia. “Sé que lograré que los médicos que me dejaron en esta condición sean sancionados. ¿Qué pruebas más me pueden pedir que las huellas que quedaron en mi cuerpo?”.
La cochabambina se unió con otras víctimas de negligencia médica del país. El grupo se apoya emocionalmente y también comparte sus propias experiencias para saber cómo enfrentar los procesos. Salen a las calles juntos para protestar. Lograron que el presidente del Estado, Evo Morales, los escuche.
PARLAMENTARIOS
Un grupo de parlamentarios de oficialismo y oposición, a la cabeza de los diputados Cira Castro (Demócratas) y Jaime Zapata del Movimiento Al Socialismo (MAS), decidió apoyar a las víctimas de negligencia médica en las gestiones que realizan ante autoridades departamentales y nacionales para agilizar sus procesos. Zapata dijo que, en lo que va del año, recibieron cuatro denuncias, tres contra una conocida clínica y una del sector público de salud.
Privados
El número de denuncias de víctimas de negligencia médica en clínicas privadas se incrementó en los últimos años.
3 Muertes
La representación de la Defensoria del Pueblo en Cochabamba recibió tres denuncias de pacientes que murieron por presunta negligencia médica.
La misma cantidad recepcionó en la gestión 2017.