Diputados prevén tratar ley de registro de violadores en máximo dos meses
La presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Nelly Lenz, anticipó que, en un plazo máximo de dos meses, abordarán una ley de registro de violadores.
Dicha normativa será “un castigo social” para las personas sentenciadas por ese delito, debido a que hará públicos sus antecedentes, incluyendo sus fotografías y nombres completos. Toda la población tendrá acceso a esa información.
De acuerdo con la disputada Lenz, de entrar en vigencia la ley, se tratará del tercer registro que se tendrá en el país. Explicó que ya se cuenta con el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), “donde están (detalladas) las sanciones en cuanto a materia penal”; también “hay otro sistema que archiva los casos vinculados a la mujer, como la violencia intrafamiliar”.
CARACTERÍSTICAS
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, declaró que la base de datos que se proyecta hacer pública no solo revelará información sobre los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes, también de mujeres, de acuerdo con la Agencia Nacional Fides (ANF).
Dicho prontuario será administrado por el Ministerio de Justicia, por lo que esa instancia, además de otros ministerios vinculados actualmente están analizando la viabilidad de la ley.
IMPEDIMENTO
Lenz añadió que el listado de sentenciados por violaciones se constituirá en un filtro, pues las personas cuyo nombres y fotografías aparezcan ahí no podrán acceder a ciertos puestos laborales, especialmente públicos, ni podrán ser candidatos.
EXPERIENCIAS
La difusión de prontuarios que plantea la normativa boliviana no es una novedad en el ámbito mundial. En Argentina, por ejemplo, hay un censo de violadores, mientras que en Estados Unidos rige una norma que instruye a la autoridades a levantar un registro de los delincuentes sexuales y difundirlo a la sociedad a través de una plataforma digital u otro medio masivo.
Entrando en detalle, cada estado de ese país determina los datos que difunde sobre los sentenciados por violación, aunque, generalmente, son sus nombres, fotografías, lugares de residencia y ocupación, de acuerdo con información publicada por la página de El Tiempo.com.
Además, según el medio de comunicación The New York Times, desde octubre de la gestión pasada, los pasaportes de los individuos responsables de agresiones sexuales a menores de edad incluyen una “marca”, que alerta a la autoridades si salen del territorio.
No obstante, en 2008, la Unidad de Investigación y Evaluación del Departamento de Justicia de Nueva Jersey estableció que esa norma no incidió en la reducción de delitos sexuales ni evitó la reincidencia.
COMPARACIÓN
Esta normativa, que se aplica en Estados Unidos y proyectan ejecutar en Bolivia, no es rígida si se la compara con las sanciones que dan a los violadores en Indonesia, por ejemplo. Ahí, se aplica la pena de muerte y la castración química a los que agreden sexualmente a menores de edad.
ESPERA
Lenz explicó que con la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal, se dejaron pausadas varias sanciones en contra de las personas que cometen este delito sexual, por ejemplo, la privación de libertad de 30 años. “Se está viendo si nosotros (la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia) tenemos la facultad de crear una nueva normativa o tendrá que ser tratada en el Código”.
Culminó indicando que el país no puede estar “a la deriva”, considerando la proliferación de violaciones. “Tenemos que hacer algo”.
5.1 Millones de dólares
Ese es el presupuesto que Estados Unidos destinó en 2007 para la difusión de una base de datos de las personas sentenciadas por agresiones sexuales a menores de edad.